Milicias, violencia política y estado de emergencia: ¿hacia dónde va Estados Unidos?

Un ex candidato convertido en terrorista político

Solomon Peña, ex candidato republicano en Nuevo México, fue sentenciado a 80 años de prisión tras ser declarado culpable de una serie de tiroteos contra funcionarios demócratas. Estos ataques ocurrieron entre diciembre de 2022 y enero de 2023 y se dirigieron específicamente contra viviendas de representantes públicos que certificaron los resultados de las elecciones de 2020 y 2022.

Aunque Peña no ganó su candidatura legislativa, perdió por casi 50 puntos porcentuales, insistió en que las elecciones fueron manipuladas en su contra. En consecuencia, decidió tomar justicia por su mano, coordinando ataques que incluyeron tiroteos en las casas del presidente de la Cámara y de dos comisionados del condado. En uno de los incidentes, las balas atravesaron el dormitorio de una niña de 10 años, hija de una senadora estatal.

La fiscalía aseguró que Peña pretendía crear un ambiente de miedo para que sus opositores evitaran involucrarse en la vida política. Aunque sus abogados pidieron cinco años de condena argumentando su inocencia y la falta de pruebas independientes, el juez le impuso 80 años por conspiración, uso de armas, y ataques relacionados.

Nueva ola de emergencias en Nuevo México

Simultáneamente, la gobernadora Michelle Lujan Grisham declaró estado de emergencia en partes del norte de Nuevo México, donde comunidades como Río Arriba y los pueblos nativos enfrentan una crisis alimentada por el crimen violento y la proliferación del fentanilo. Se asignaron 750,000 dólares para tratar de mitigar el problema, mientras la región enfrenta sobredosis mortales, inestabilidad familiar y falta de recursos estatales y locales para enfrentar el caos.

“El aumento de la actividad criminal ha contribuido a una mayor indigencia, inestabilidad familiar y muertes por sobredosis. Eso ha puesto una presión extraordinaria sobre los gobiernos locales”, declaró la gobernadora Lujan Grisham.

Los pueblos como Santa Clara han solicitado ayuda desesperadamente, afirmando que se han gastado miles de dólares para proteger a los niños de los efectos devastadores de la drogadicción y el alcoholismo de sus padres. En lo que va del año, el estado ya había declarado emergencia en Albuquerque —la ciudad más grande del estado— por un patrón similar de violencia y descontrol.

Despliegues militares en la frontera: ¿una violación constitucional?

Un juicio en San Francisco examina si la administración de Donald Trump violó la Ley Posse Comitatus, un estatuto de 1878 que prohíbe el uso de las fuerzas armadas para tareas policiales dentro del país, al enviar miembros de la Guardia Nacional a realizar operativos junto a agentes de inmigración en California.

Durante las redadas en cultivos de marihuana, parques públicos y viveros autorizados, hubo casos donde más de 300 soldados fueron desplegados con funciones que, según la fiscalía, exceden la mera protección de propiedad federal. Por ejemplo, en ciertos momentos, los soldados establecieron controles policiales, bloquearon calles y, en al menos dos incidentes, detuvieron personas, lo cual contradice directamente las restricciones que impone Posse Comitatus.

Un general que dirigía la unidad, Task Force 51, testificó que fue informado por sus superiores de que había una “excepción constitucional” a la ley siempre que la misión fuera proteger propiedades federales o personal militar, lo que justificaría sus acciones. California, sin embargo, sostiene que los soldados fungieron como una fuerza de seguridad civil de facto, operando en estrecha colaboración con agentes de inmigración que, a menudo, vestían uniformes militares.

La militarización de la política

Este patrón de militarización no es nuevo. En 2020, Trump ya había enviado 4,000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles tras protestas organizadas contra los operativos de inmigración y el asesinato de George Floyd. La presencia militar se justificó por la necesidad de proteger la propiedad federal, pero las líneas entre seguridad y aplicación activa de la ley empezaron a difuminarse peligrosamente.

“La cuestión en este caso es si las tropas desplegadas en Los Ángeles cruzaron la línea entre actuar como militares o como policías”, dijo David Levine, profesor en UC College of the Law. “No pueden actuar como policías. Solo pueden obrar dentro de sus límites.”

Una nación al límite

Estos tres hechos —el caso Peña, la declaración de emergencia en Nuevo México y el posible uso indebido de militares como fuerzas del orden— reflejan una única narrativa inquietante: la erosión del estado de derecho con base en la polarización política, el populismo extremo y la incapacidad del sistema para gestionar la violencia social.

• Aumentan los ataques contra funcionarios públicos: los datos del FBI revelaron un incremento notable de amenazas en línea y físicas contra funcionarios estatales tras las elecciones de 2020.
• La crisis del fentanilo no cede: según los CDC, las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos han aumentado un 56% entre 2019 y 2022.
• Uso político de las fuerzas armadas: el despliegue de tropas para funciones policiales federales plantea preocupaciones constitucionales que podrían escalar si no se detienen.

La historia de Estados Unidos ha tenido momentos inquietantes en que la violencia política y la militarización del orden interno han puesto a prueba el compromiso del país con la democracia. Desde los disturbios en la Convención Nacional Demócrata de Chicago en 1968 hasta las protestas del movimiento Occupy Wall Street, el uso del poder represivo ha sido objeto de debate constante.

Lo que distingue a los tiempos actuales es la narrativa dominante —impulsada por figuras y medios afines a los extremos— que justifica la violencia como herramienta política, desprecia la validación institucional de las elecciones y exige “mano dura” ante crisis sociales generadas, en gran parte, por fallos del propio sistema.

No es coincidencia que el epicentro del declive institucional se esté viendo en estados como Nueva México o California —territorios clave tanto en la lucha electoral como en las políticas migratorias y de narcotráfico—. Ante las grietas abiertas, se plantea una pregunta inquietante: ¿Estamos asistiendo al inicio no declarado de un nuevo ciclo de violencia política institucionalizada en Estados Unidos?

¿Qué sigue?

Más allá de los juicios y sentencias, se requiere un consenso nacional sobre el papel de las fuerzas armadas, la seguridad interna y el derecho al disenso político sin temor a la violencia. La historia lo demuestra: donde muere el respeto a las reglas, comienza el dominio de la coerción.

Datos CDC sobre muertes por sobredosis

Informe del DOJ sobre amenazas a funcionarios electorales