Perú revive la impunidad: la nueva ley de amnistía que divide al país

Un giro legislativo polémico

El pasado miércoles, la presidenta peruana Dina Boluarte firmó una polémica ley de amnistía que impide procesar a militares y policías por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno que azotó al país entre 1980 y 2000. La ley fue promulgada a pesar del rechazo de organismos nacionales e internacionales que claman por justicia y rendición de cuentas.

Una guerra que dejó una cicatriz de 70,000 muertos

Entre 1980 y 2000, Perú vivió uno de los conflictos internos más sangrientos de América Latina. Entre las fuerzas estatales y grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), se estima que murieron cerca de 70,000 personas, la mayoría de ellas en zonas rurales y de origen indígena.

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de Perú, publicado en 2003, determinó que el 75% de las víctimas hablaban quechua como lengua materna y provenían de zonas rurales, marginales y con poca presencia estatal.

La ley de la amarga memoria

La nueva ley, respaldada por partidos de derecha como Fuerza Popular –liderado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori–, busca eliminar investigaciones y procesos penales relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado. Según cálculos de organizaciones de derechos humanos, la norma podría anular hasta 156 condenas firmes y detener más de 600 causas en curso.

El gobierno de Boluarte defiende que es un acto de justicia y reparación con los militares y policías que, en palabras de la presidenta, han llevado “por años la carga de juicios interminables, acusaciones injustas y un dolor que ha afectado no solo a ellos, sino también a sus familias”.

Human Rights Watch: “Una traición a las víctimas”

La respuesta de Human Rights Watch fue tajante. Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, afirmó que la nueva ley “sencillamente otorga impunidad” a responsables de crímenes graves. “Es una traición a las víctimas peruanas”, declaró, señalando que socava décadas de esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas y debilita aún más el estado de derecho en el país.

Otras organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también han denunciado la ley como inconstitucional y violatoria del derecho internacional. Amnistías de este tipo ya fueron declaradas inválidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el pasado.

1995: el antecedente Fujimori

Esta no es la primera vez que Perú se enfrenta a una ley de esta naturaleza. En 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se aprobaron leyes de amnistía que eximían de responsabilidad penal a militares implicados en violaciones graves, como torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Estas leyes fueron anuladas tras la caída del régimen y condenadas por tribunales internacionales.

Entre los crímenes más conocidos que podrían quedar impunes con la nueva normativa están las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, aunque luego indultado.

La justicia transicional en jaque

Analistas consideran que la aprobación de esta ley representa un retroceso en la justicia transicional. Según el jurista peruano Carlos Rivera, “el objetivo de este tipo de leyes es blanquear crímenes desde el Congreso”. Rivera advierte que se está configurando un “modelo autoritario de impunidad” impulsado por sectores militares y políticos vinculados al antiguo régimen fujimorista.

En efecto, este tipo de perdones legislativos contradicen las obligaciones internacionales contraídas por el Perú. El país es signatario del Estatuto de Roma y de tratados de protección de los derechos humanos que prohíben expresamente este tipo de amnistías para violaciones graves.

¿Un clima político favorable a la impunidad?

El Congreso peruano, dominado por fuerzas conservadoras desde las elecciones de 2021, ha promovido de manera sistemática leyes que debilitan las instituciones democráticas y entorpecen la lucha contra la corrupción. La aprobación de la ley de amnistía evidencia un patrón preocupante: legislación orientada a proteger redes de poder antes que a defender los derechos de los ciudadanos.

Además, el gobierno de Boluarte –cuya legitimidad ha sido cuestionada tras la destitución de Pedro Castillo en 2022 y las represiones durante las protestas– parece estar buscando respaldo en las fuerzas armadas y policiales mediante este tipo de medidas.

La respuesta internacional: entre la preocupación y la condena

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió un comunicado donde recuerda que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a la verdad, justicia y reparación. La OACNUDH ha instado a las autoridades peruanas a reconsiderar la legislación y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también manifestó su preocupación por la ley, solicitando que se garantice el acceso a la justicia sin trabas legales que fomenten la impunidad.

La otra cara: los militares y la percepción social

A pesar de las objeciones, hay sectores de la sociedad peruana que ven la norma como un acto de reivindicación. Algunos argumentan que muchos militares actuaron en circunstancias extremas para detener la barbarie de Sendero Luminoso, un grupo considerado por muchos como una organización terrorista de corte maoísta que cometió atentados indiscriminados.

No obstante, el problema reside en que, en nombre de esa lucha, se cometieron graves atrocidades documentadas: centros de detención clandestinos, fosas comunes, torturas y ejecuciones sin juicio. Ignorar estos crímenes no solo vulnera los derechos de las víctimas, sino que borra el aprendizaje histórico sobre los límites del poder estatal.

El futuro de la memoria en peligro

El Estado peruano todavía tiene una deuda con la memoria de las víctimas. Esta ley, lejos de cerrar heridas, podría abrir otras nuevas. La imposición de la amnistía sin procesos de verdad ni reparación integral amenaza con perpetuar la división nacional.

Como afirma la historiadora Carmen McEvoy: “Perú está eligiendo olvidar en lugar de recordar, y en ese olvido se fraguan los errores del futuro”.

¿Habrá una reacción judicial?

Organizaciones de derechos humanos ya anunciaron que recurrirán la ley ante la Corte Constitucional del país y ante instancias internacionales. Es probable que, como ocurrió con las amnistías de los 90, esta nueva ley también termine siendo declarada inválida por organismos como la CIDH.

El desafío inmediato será evitar que mientras se resuelven esas demandas, nuevas causas contra militares y policías sean archivadas, y que las víctimas pierdan definitivamente el acceso a una justicia que ya ha tardado más de dos décadas.

El mensaje hacia América Latina

Lo que ocurre en Perú tiene eco en el resto del continente. Numerosos países de América Latina aún lidian con las secuelas de dictaduras y conflictos internos. Las leyes de punto final, los indultos y otras formas de impunidad siempre enfrentaron la resistencia de los movimientos por la verdad y la justicia.

Perú, otrora modelo regional por su experiencia con la CVR, corre el riesgo de convertirse en un símbolo de retroceso. En palabras del analista político Steven Levitsky, “el riesgo es que otros gobiernos autoritarios vean en Perú una osadía que se puede imitar”.

¿Justicia, reconciliación o impunidad?

Perú se encuentra en una encrucijada histórica: optar por la impunidad y el olvido, o por verdad, justicia y memoria. La ley de amnistía plantea una peligrosa erosión del estado de derecho, y abre la puerta a que los crímenes del pasado sigan impunes.

Las víctimas merecen un país que las reconozca, no que las borre del relato oficial. Como lo expresó alguna vez el Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa sobre la guerra interna: “No debemos olvidar jamás. Porque donde hay olvido, hay repetición”.