Un disparo a la verdad: el ataque al CDC y la peligrosa polarización ante las vacunas

El eco de una pandemia y el disparo que lo sacudió todo

El viernes pasado, un ataque a tiros contra la sede de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta estremeció no sólo a la comunidad científica estadounidense, sino a todo un país cuya relación con la verdad parece pendular entre la ciencia y el fanatismo. Patrick Joseph White, de 30 años, disparó más de 180 veces y rompió cerca de 150 ventanas antes de suicidarse. También asesinó al oficial de policía David Rose en el enfrentamiento. ¿La causa? Su ira contra las vacunas contra la COVID-19.

Lejos de ser un incidente aislado o fortuito, este violento acto se inscribe en una preocupante tendencia de hostilidad hacia los trabajadores de la salud, gestada en la era de la pandemia y alimentada por una desinformación masiva. El atentado representa el clímax de cuatro años de tensión, miedo, y radicalización.

Del aplauso al odio: el cambio hacia los trabajadores de salud pública

Durante los primeros meses de la pandemia, médicos, enfermeras y epidemiólogos eran considerados héroes. En marzo y abril de 2020, los balcones de todo el mundo estallaban en aplausos para ellos. Pero esa narrativa cambió con rapidez en Estados Unidos, especialmente cuando el uso de mascarillas, las restricciones y las vacunas empezaron a politizarse.

La doctora Susan Monarez, nueva directora del CDC, declaró tras el ataque: “Sabemos que la desinformación puede ser peligrosa. No solo para la salud, sino también para quienes confiamos y quienes queremos que confíen en nosotros”.

Y es que el clima de miedo hacia la vacunación tiene consecuencias. Paul Offit, pediatra y coinventor de la vacuna contra el rotavirus, afirma: “Quienes defendemos la ciencia y las vacunas siempre recibimos cartas de odio, amenazas o llamadas perturbadoras”.

Kennedy Jr., la retórica incendiaria y una responsabilidad compartida

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de EE. UU., se ha convertido en uno de los principales actores de esta crisis cognitiva. Desde hace más de una década, Kennedy lidera un movimiento basado en la desconfianza hacia las vacunas y las instituciones de salud pública. Aunque condenó formalmente el ataque y cualquier acto de violencia, también afirmó que el gobierno “fue demasiado lejos” obligando a las personas a vacunarse “con información que no siempre era cierta”.

Las palabras de Kennedy tienen poder. En 2019, motivaron a manifestantes a agredir física y verbalmente al senador estatal de California, Richard Pan, por promover leyes de vacunación más estrictas. Carteles ensangrentados con la palabra “MENTIROSO” sobre su rostro circularon públicamente poco antes del ataque. Pan, pediatra, culpa directamente a Kennedy: “Él les ha dicho a las personas a quién deben odiar”.

Los defensores de Kennedy argumentan que su enfoque es uno de “transparencia y seguridad”, pero este encuadre encubre los efectos reales de su discurso: amenazas, acoso y, ahora, muertes.

Miedo en los pasillos del CDC

Desde hace un tiempo, empleados del CDC han dejado de vestir sus uniformes públicos, han eliminado adhesivos de identificación de sus autos y han recibido capacitación sobre cómo detectar amenazas.

Yolanda Jacobs, líder sindical del organismo, comenta que incluso antes del tiroteo, el ambiente era tenso. Ahora buscan “hacer invisible” su pertenencia profesional. El tiroteo ha encendido alarmas serias respecto a la seguridad institucional, pero también sobre la viabilidad del trabajo científico sin miedo físico.

La antigua empleada del CDC, Sarah Boim, cuyo puesto fue eliminado este año, dijo entre lágrimas: “Mis amigos y familiares aún trabajan en ese campus. Esto es lo que pasa cuando las mentiras se normalizan”.

Las leyes de armas como freno necesario: el caso de Minnesota

El caso White también pone sobre la mesa otro tema clave: el acceso a las armas por parte de personas con enfermedades mentales o pensamientos suicidas. Lo inquietante es que, semanas antes del ataque, White ya había expresado ideas suicidas. Pero las advertencias no bastaron.

En estados como Minnesota, la ley ERPO o Red Flag Law permite a jueces prohibir temporalmente la posesión de armas a individuos que representen un peligro para sí mismos o para otros. El uso de esta herramienta ha aumentado notablemente: en los primeros siete meses de 2025, se presentaron más peticiones que en todo 2024.

Según datos oficiales, el 74% de estas solicitudes terminan en una orden de retención por un año. Cada orden, en casos como los de Indiana o Connecticut —donde estas leyes existen hace más de una década—, ha demostrado prevenir suicidios armados en tasas de 8% a 14%.

“Es difícil probar la prevención de un crimen que no ocurrió, pero la lógica de estas leyes es clara: remover a tiempo una herramienta letal puede salvar vidas”, dijo Spencer Cantrell, investigadora en salud pública de la Universidad Johns Hopkins.

La narrativa de la libertad personal vs. la protección colectiva

Una de las críticas más frecuentes hacia las leyes ERPO es la supuesta vulneración del debido proceso. Según Rob Doar, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Armas de Minnesota, “estas leyes son impulsadas por policías, eluden la necesidad de una orden judicial tradicional y a veces no se comunican los motivos de las decisiones de los jueces”.

El dilema radica en un choque de narrativas: mientras unos ven estas leyes como una intromisión del Estado en derechos individuales, otros las entienden como una barrera preventiva frente a tragedias anunciadas. En escenarios como el de Patrick White, la prevención pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte.

En un país con más de 400.000 permisos válidos para portar armas sólo en Minnesota, contabilizar el arsenal civil a nivel federal es casi imposible. Aunque es uno de los estados con menor tasa de muertes por arma de fuego en relación con su población, en 2024 se reportó un aumento del 6%, alcanzando los 564 decesos.

Un clima nacional propenso a la ira dirigida

Desde 2020, médicos, docentes, epidemiólogos y funcionarios escolares han sido blanco de radicales enfurecidos. Más allá del ataque en el CDC, son decenas los casos documentados de personas ridiculizadas, perseguidas o agredidas verbal y físicamente por promover medidas sanitarias avaladas científicamente.

Offit lo resume con crudeza: “Cualquiera que defienda la ciencia está en riesgo”.

La hostilidad social rara vez ocurre en el vacío. Se alimenta de líderes que ocultan sus palabras tras frases ambiguas, de medios que difunden teorías infundadas y de un público dispuesto a desconfiar de los expertos. La viralización de la mentira tiene consecuencias cada vez más reales y peligrosas.

Después del disparo: ¿qué futuro nos espera?

La desinformación no acierta balas, pero apunta intenciones. El atentado en el campus del CDC debe ser una alerta nacional sobre la espiral descendente de hostilidad hacia la ciencia. Y más aún sobre cómo el discurso político irresponsable puede legitimar el odio e incentivar la violencia.

Tenemos ante nosotros no solo una crisis de salud pública, sino de confianza, verdad y civismo. En tiempos donde una infección global unió a la humanidad, la reacción social ha generado nuevas fisuras difíciles de cerrar.

Si permitimos que la mentira se imponga como método, que el insulto reemplace al argumento y que las balas callen a los científicos, estaremos debilitando no solo nuestras instituciones, sino también nuestro futuro como sociedad.

Y como dijo una trabajadora del CDC bajo anonimato: “Lo más triste es tener que esconder quién eres para protegerte. Curar enfermedades no debería ser un acto de valentía frente al odio”.