Cuellar, corrupción extranjera y justicia a medias: el caso que sacude el Congreso de EE. UU.

Un escándalo político con implicaciones internacionales

El congresista Henry Cuellar, demócrata por Texas, enfrenta una tormenta jurídica sin precedentes. Junto a su esposa Imelda, ha sido acusado de corrupción por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). La pareja supuestamente aceptó grandes sumas de dinero con el fin de beneficiar a una empresa energética controlada por Azerbaiyán y a un banco mexicano.

De acuerdo con los documentos oficiales, ambos enfrentaban 14 cargos federales, entre ellos conspiración, cohecho, lavado de dinero y actuar como agentes de una potencia extranjera sin registrarse como tales, lo que viola la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

Sin embargo, el pasado jueves, una jueza federal aceptó una solicitud del gobierno para desestimar dos de esos cargos, reduciendo la imputación a 12 cuentas. Esto se da en un contexto en el que el fiscal general modificó el criterio para presentar casos bajo FARA, enfocándose solamente en actividades comparables a espionaje tradicional.

FARA: la legislación clave que quedó debilitada

La Foreign Agents Registration Act nació en 1938 como un instrumento para evitar infiltraciones propagandísticas nazis. Durante décadas, tuvo escasa aplicación, pero desde la intervención rusa en las elecciones de 2016, el DOJ hizo esfuerzos significativos por revitalizarla.

No obstante, en febrero, el Departamento de Justicia emitió un memorando interno —firmado por la fiscal Pam Bondi— donde se redefinió su aplicación. En palabras del documento, los cargos por FARA deben limitarse a “conductas similares al espionaje tradicional” por actores estatales extranjeros.

Gracias a ese cambio de enfoque, Cuellar y su esposa lograron que se desestimara la imputación por actuar como agentes extranjeros, lo que deja solo los delitos de conspiración, soborno y blanqueo.

¿Qué se sabe del esquema de sobornos?

Según la acusación, Henry e Imelda Cuellar aceptaron supuestos pagos a través de un complejo entramado financiero, a cambio de que él promoviera intereses legislativos favorables a sus benefactores extranjeros.

Se habla de cientos de miles de dólares recibidos para:

• Presionar por contratos energéticos que beneficiaran a una empresa estatal de Azerbaiyán en EE. UU.
• Facilitar el cabildeo y representación del banco mexicano, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.

Todo esto, mientras Cuellar presidía subcomités relacionados con política exterior y recursos energéticos.

“Mi esposa y yo somos inocentes”, ha declarado Cuellar en reiteradas ocasiones. “Actuamos con total transparencia y siempre en función del interés público”.

Un contexto de creciente escepticismo hacia los políticos

Las acusaciones contra Cuellar no ocurren en el vacío. En medio de uno de los climas políticos más polarizados en la historia reciente de EE. UU., la confianza en las instituciones y representantes públicos se encuentra en mínimos históricos.

Según Pew Research, solo el 20% de los estadounidenses confía en que los funcionarios electos “hacen lo correcto la mayoría de las veces”. Parte de esta desconfianza se debe al constante escándalo relacionado con tráfico de influencias y cabildeos encubiertos.

Corrupción y política exterior: relaciones peligrosas

El aspecto más alarmante del caso Cuellar no es tanto el soborno, sino la posibilidad de que un congresista estadounidense haya trabajado, directa o indirectamente, para los intereses de un régimen extranjero autoritario como el azerbaiyano.

Azerbaiyán, gobernado desde hace más de dos décadas por Ilham Aliyev, ha sido señalado por numerosos grupos de derechos humanos por sus violaciones sistemáticas y falta de democracia. ¿Por qué una empresa de ese país buscaría influir en decisiones del Congreso estadounidense? Fácil: legitimidad internacional y acceso a contratos.

Más preocupante aún es que este patrón no es nuevo. Casos como el del exasesor de seguridad Michael Flynn (también imputado bajo FARA) revelan un creciente intento por parte de regímenes extranjeros de ganar acceso —y control— sobre centros de poder estadounidenses de forma indirecta.

El rol de la esposa y las estructuras familiares en la corrupción

La participación de Imelda Cuellar en este proceso reabre un debate importante: el uso de familiares como engranajes financieros dentro de redes de influencia ilegales. No es inusual que muchos políticos estadounidenses —y de todo el mundo— realicen pagos, transferencias o contratos a través de cónyuges o hijos, dificultando el rastreo de fondos y deslindando responsabilidades.

En este caso, aunque Cuellar ostenta la investidura parlamentaria, su esposa figura como parte activa de las operaciones investigadas. Ambos están siendo representados por distintos grupos de abogados, otra señal de que su defensa no se limita a una narrativa conjunta.

Prórroga del juicio: ¿verdadera estrategia o beneficio político?

El juicio contra Henry e Imelda Cuellar originalmente estaba programado para celebrarse en septiembre de este año. Sin embargo, tanto la fiscalía como la defensa solicitaron —y obtuvieron— una prórroga hasta abril del próximo año.

Este aplazamiento ocurre en un año electoral clave. A pesar de las acusaciones, Cuellar ha manifestado su intención de presentarse a la reelección como representante del distrito 28, que se extiende desde San Antonio hasta la frontera con México.

Muchos analistas consideran esta prórroga como un margen estratégico, tanto para preparar una defensa robusta como para sobrevivir políticamente antes de que se emita una sentencia que lo pueda inhabilitar.

¿Reforma o resignación? El futuro de FARA y la transparencia legislativa

El hecho de que se hayan retirado los cargos más directamente relacionados con actuar como agentes extranjeros bajo FARA, pone en tela de juicio la eficacia de esta legislación. ¿Ha perdido mordida? ¿Es hora de reformarla?

Expertos legales sostienen que la redefinición de FARA debilita uno de los pocos mecanismos con los que cuenta el sistema estadounidense para frenar la injerencia extranjera. Si solo se imputan casos comparables al espionaje clásico, ¿qué pasa con los miles de cabilderos extranjeros que trabajan encubiertamente en Washington?

En palabras del analista legal Stephen Vladeck (Universidad de Texas): “Si el Departamento de Justicia está reduciendo el espectro de aplicación de FARA, pareciera dar carta blanca a ciertos tipos de influencia extranjera disfrazada. Es un serio revés en términos de seguridad nacional”.

¿Hasta qué punto se puede confiar en el sistema?

Casos como el de Cuellar solo profundizan el cinismo que millones de votantes sienten respecto del sistema. Hay una percepción clara: a los políticos, cuando finalmente se les acusa de corrupción, siempre hay un recoveco técnico que los salva de las penas más serias.

Es urgente repensar cómo se estructura la ética política en democracias modernas. No basta con castigar casos aislados: se requiere una política de integridad institucional real, con mayor supervisión, límites al cabildeo y mecanismos de auditoría independientes.

Mientras tanto, el caso Cuellar continúa. Y con él, la inquietud de millones que se preguntan si el Congreso está realmente al servicio del pueblo… o de intereses mucho más oscuros.