Gambia frente a la mutilación genital femenina: ¿progreso legal o amenaza cultural?
El caso de una bebé fallecida reaviva el debate sobre una práctica ancestral prohibida pero persistente en silencio
Un crimen que sacudió a Gambia
La pequeña apenas contaba con un mes de vida cuando, tras una mutilación genital, falleció por una hemorragia severa. El suceso, confirmado por la policía de Gambia, ha marcado un hito en el país: es la primera ocasión en que se detiene y acusa a tres mujeres bajo la Women’s (Amendment) Act de 2015, ley que prohíbe la mutilación genital femenina (MGF).
Una de las acusadas enfrenta cadena perpetua, y las otras dos fueron procesadas como cómplices. Según las autoridades, la víctima fue sometida a la práctica, conocida también como ablación o circuncisión femenina, antes de ser llevada de urgencia al hospital, donde fue declarada muerta al llegar.
Una práctica prohibida, pero persistente
Aunque la MGF fue prohibida en Gambia hace casi una década, esta continúa practicándose en secreto. La UNICEF estima que cerca del 75% de las mujeres gambianas la sufrieron en su infancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la califica como una forma de tortura, con consecuencias físicas, psicológicas y sociales devastadoras.
En toda África subsahariana, Asia y partes de Oriente Medio, se calcula que más de 200 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de MGF. Solo en los últimos ocho años, alrededor de 30 millones de mujeres en el mundo han sido sometidas a esta práctica brutal, según cifras de UNICEF.
Las herramientas del daño
Las mutilaciones suelen ser realizadas por mujeres mayores o curanderas tradicionales, muchas veces con herramientas rudimentarias como cuchillas de afeitar, lo que incrementa el riesgo de infecciones, hemorragias y complicaciones a largo plazo como dificultades durante el parto, dolor crónico y trauma psicológico.
¿Religión o violación de derechos humanos?
Una parte de la población defiende la MGF como una práctica religiosa y cultural. Algunos sectores conservadores argumentan que está enraizada en las enseñanzas del profeta Mahoma y constituye una "virtud islámica". Por esta razón, ha habido intentos legislativos recientes para derogar la prohibición de 2015, aunque fueron rechazados en el Parlamento gambiano.
Por el contrario, defensores de derechos humanos denuncian que esta es una estrategia para socavar los derechos de las mujeres y niñas bajo el pretexto de tradición. Emmanuel Daniel Joof, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, calificó el reciente caso como “una llamada de atención nacional”, subrayando que es crucial hacer cumplir la ley de forma "libre y justa".
Reacciones de la sociedad civil
Organizaciones como el Edward Francis Small Centre for Rights and Justice emitieron un comunicado expresando "dolor e indignación" por la muerte de la bebé. Subrayaron que "la justicia no solo debe hacerse, sino parecerse hecha" para dejar claro que "los derechos y vidas de las niñas de Gambia no son negociables".
Mientras tanto, movimientos como el colectivo Concerned Citizens piden al gobierno que "deje de criminalizar a las practicantes de la MGF", argumentando que dicha penalización irrespeta tradiciones culturales. “El pueblo gambiano ha manifestado su oposición a la prohibición mediante medios legales y ha solicitado a sus representantes electos que deroguen la ley”, afirmaron.
¿Es suficiente la ley?
A pesar de la prohibición, los datos indican que la mutilación genital femenina sigue siendo una práctica habitual producto de vastas redes sociales y estructuras familiares donde el silencio prevalece. Las leyes por sí solas no pueden erradicar una costumbre tan arraigada sin una educación comunitaria y empoderamiento femenino integral.
En Gambia, como en otros países africanos, la MGF es vista como un rito de paso, una fuente de control social y hasta una garantía de matrimonio. El reto es desarraigar la noción de que la identidad, pureza o moralidad de una mujer dependen de la mutilación de sus órganos genitales.
Lecciones globales
La situación en Gambia refleja un problema de alcance global. Naciones como Somalia, Guinea, Egipto y Mali presentan tasas igualmente alarmantes, algunas por encima del 90%. En algunos de estos países, la MGF todavía es legal o su criminalización es débilmente aplicada.
Los esfuerzos internacionales como la Estrategia Mundial 2020-2030 para acabar con la MGF de UNICEF y UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) buscan combinar reformas legales, campañas educativas, empoderamiento de las niñas y la participación de líderes comunitarios y religiosos para cambiar normas culturales profundamente incrustadas.
Lo que está en juego
La muerte de esta bebé no solo es una tragedia individual sino un reflejo de la lucha entre la protección de los derechos humanos y la preservación de prácticas tradicionales. ¿Cómo se puede avanzar sin imponer ni renunciar a los derechos fundamentales?
Más que castigar, se necesita educar y crear alternativas sociales para asegurar que las generaciones futuras de mujeres puedan crecer sin miedo a ser marcadas de por vida por heridas que no cicatrizan ni física ni emocionalmente.
Este caso puede marcar un antes y un después si el sistema de justicia actúa con firmeza, al tiempo que la sociedad civil intensifica su labor educativa en las comunidades. Como bien resumió Emmanuel Daniel Joof: "La tarea es clara: hacer cumplir la ley sin temor ni favoritismos".
Una esperanza desde la justicia
La valentía de enfrentar esta tragedia como un símbolo nacional puede ser el catalizador que Gambia necesita para acelerar un cambio profundo. Porque detrás de cada estadística hay cientos de miles de niñas que esperan no ser las próximas víctimas.
