Ron DeSantis y el sistema migratorio en Florida: ¿seguridad o estrategia política?
Entre prisiones reactivadas, condiciones deplorables y controversias legales, el estado del sol se convierte en epicentro del debate migratorio estadounidense
El nuevo "Deportation Depot": ¿respuesta a una necesidad o teatro político?
El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado la apertura de un segundo centro de detención de inmigrantes en el estado. Esta nueva instalación estará ubicada en la Baker Correctional Institution, una prisión estatal desactivada al oeste de Jacksonville. Con capacidad inicial para 1.300 camas y posibilidades de expansión hasta 2.000, esta decisión ha generado tanto aplausos entre sus seguidores como críticas intensas entre activistas de derechos humanos.
La noticia llega semanas después de que el gobierno estatal inaugurara la infame instalación conocida como "Alligator Alcatraz", un centro de detención improvisado en un aeródromo aislado en los Everglades, cuya legalidad y condiciones han sido ampliamente cuestionadas ante tribunales federales.
De prisiones vacías a centros de detención: una reingeniería institucional
Esta habilitación de la prisión de Baker responde a una estrategia de “uso eficiente de infraestructuras”, según DeSantis. "Está lista para ser usada" dijo, argumentando que el estado ahorra millones al reutilizar instalaciones ya construidas.
El costo estimado del reacondicionamiento es de 6 millones de dólares, significativamente menor al gasto hecho en Alligator Alcatraz, donde se erigieron tiendas y remolques con un presupuesto mucho mayor en una zona pantanosa poco accesible.
Condiciones denunciadas: el trauma detrás de las cifras
Entre denuncias por privación de acceso a abogados y condiciones sanitarias precarias, el centro de los Everglades ha sido catalogado como un lugar de "desesperanza y violación de derechos básicos". Datos presentados en una audiencia reciente revelan:
- Reclusos con síntomas de COVID-19 no están siendo aislados adecuadamente.
- Las tiendas de campaña se inundan con lluvia, creando condiciones insalubres.
- Agentes presionan a los detenidos para firmar órdenes de deportación sin consultar con abogados.
La abogada de derechos civiles Jessica Orozco presentó testimonios que refieren acoso cotidiano por parte de oficiales intentando que los migrantes "firmen su salida voluntaria" bajo amenazas veladas.
¿Qué papel juega la política nacional?
Según DeSantis, estas medidas buscan apoyar al expresidente Donald Trump y sus futuras políticas migratorias si regresa al poder en 2024. “Esto es necesario para poder deportar a más personas”, afirmó durante una conferencia, enfatizando su alineación con los ideales de línea dura del ala más conservadora del Partido Republicano.
Pero distintos analistas políticos no lo ven del mismo modo. La activista y politóloga Miriam González señala: "Se trata más de una plataforma electoral fabricada desde ya para futuras aspiraciones presidenciales que una auténtica política migratoria funcional".
Historial de Florida con inmigración: ¿estado santuario o fortaleza?
Florida ha tenido históricamente una relación ambigua con la migración. Si bien alberga comunidades inmigrantes significativas, principalmente cubanas, haitianas, venezolanas y centroamericanas, también ha sido escenario de legislaciones restrictivas. Por ejemplo:
- En 2019, Florida prohibió a las comunidades implementar políticas tipo "estado santuario".
- En 2023, se aprobó la SB 1718, que multa a empresas por contratar personas indocumentadas, entre otras sanciones.
- La Guardia Estatal fue movilizada para enviar autobuses de inmigrantes hacia estados “azules” como California y Nueva York.
Estas decisiones han colocado a DeSantis en el epicentro del conservadurismo nacional, con fuertes repercusiones tanto dentro como fuera del estado.
Impacto humano: el rostro invisible del sistema
Más allá de las cifras y la retórica política, están las historias. Historias como la de Ángel Ramírez, un inmigrante guatemalteco detenido en el centro de los Everglades, separado de su esposa e hijos. "No tengo acceso a un abogado, no sé si mis papeles llegaron, nos dicen que firmemos para salir, pero yo temo por mi vida si regreso a mi país", declaró en una carta leída por su abogada.
Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han condenado estas instalaciones por violar normas mínimas de la ley federal de inmigración y derechos humanos.
Choque de jurisdicciones: ¿quién es responsable?
Una de las controversias legales más candentes radica en la falta de una corte migratoria asignada que tenga jurisdicción sobre los detenidos en Alligator Alcatraz. Esto impide que abogados y defensores presenten peticiones de fianza o liberación temporal. Muchas de estas personas ven transcurrir semanas sin interacción legal alguna, vulnerando principios fundamentales del debido proceso.
La jueza federal Rodolfo Ruiz tiene pendiente una decisión clave en este aspecto, que definirá si la estructura judicial ha cometido una omisión inconstitucional al no brindar apoyo judicial efectivo.
¿Modelo estatal para otros gobiernos conservadores?
Algunos estados conservadores han comenzado a observar con interés el modelo de Florida. Políticos republicanos en Texas, Tennessee y Georgia mencionan la capacidad de reutilizar infraestructuras penitenciarias para acelerar procesos de deportación.
No obstante, expertos legales advierten que este modelo podría abrir la puerta a detenciones arbitrarias y violaciones sistémicas de derechos si no se implementa con salvaguardas efectivas.
Un debate que define a Estados Unidos
El caso de Florida no es un incidente aislado. Está insertado en un debate nacional sobre la identidad de Estados Unidos, la validez del asilo, la gestión de las fronteras y el papel de los estados en la política migratoria federal.
Mientras algunos ven estas políticas como actos de protección nacional, otros las consideran ejercicios de xenofobia institucionalizada. El desafío: hallar un equilibrio entre leyes, humanidad y seguridad.
¿Dónde trazamos la línea? Esa pregunta será el centro moral y jurídico en los tribunales este año, en un país donde la migración ha sido motor histórico de crecimiento y, a la vez, combustible de división.