Washington bajo vigilancia: la expansión del control federal y su impacto social

Una ciudad vigilada: aumento notable de presencia federal en Washington

Washington, D.C., vive días de alta tensión tras el fortalecimiento de la colaboración entre la Policía Metropolitana de la ciudad y las autoridades federales de inmigración, junto al despliegue visible de tropas de la Guardia Nacional. Lo que comenzó como una toma progresiva por parte de autoridades federales lideradas por el presidente Donald Trump ha escalado rápidamente a una ciudad cuasi militarizada.

Humvees estacionados frente a Union Station y controles de carretera en zonas turísticas y de vida nocturna son solo algunas de las evidencias visibles de esta presencia reforzada. La orden emitida por la jefa de policía Pamela Smith permitirá ahora que los agentes locales compartan información con ICE incluso sobre personas no detenidas, lo que marca un giro significativo en la política migratoria local.

¿Una toma federal encubierta?

Según la Constitución de EE.UU., el presidente tiene autoridad para asumir control del orden federal por 30 días sin la aprobación directa del Congreso. Esta ventana ha sido aprovechada por Trump para desplegar 800 miembros de la Guardia Nacional con el objetivo declarado de custodiar monumentos, apoyar en patrullajes comunitarios y colaborar en labores de “embellecimiento”.

Pese a que los oficiales de la Guardia Nacional no portan armas, su presencia intimidante ha sido notoria en puntos clave. El Pentágono ha asegurado que estos oficiales actúan como una “fuerza comunitaria disciplinada”, mientras que críticos ven esta acción como una expansión autoritaria del poder presidencial en plena capital del país.

Colaboración policial: nuevo paso en la frontera de derechos civiles

El memorando emitido por Smith autoriza a los oficiales locales a facilitar transporte a empleados de inmigración con personas detenidas, además de compartir información incluso si los individuos no están bajo arresto. Esto abre la puerta a que simples controles de tráfico terminen en deportaciones, según denuncian organizaciones de derechos civiles.

“Esto básicamente transforma a la policía en un brazo operativo de ICE sin el debido proceso para los residentes”, afirmó Carlos Estévez, vocero de la organización Defensores de Libertad. La decisión contradice políticas anteriores adoptadas por la ciudad que limitaban la cooperación con autoridades migratorias, en un intento de proteger a comunidades vulnerables.

Impacto directo en personas sin hogar

Uno de los sectores más golpeados por esta nueva dinámica son las personas sin hogar, quienes han sido desalojadas de los campamentos que durante años ocuparon espacios públicos. En las últimas 48 horas, varios voluntarios ayudaron a residentes de tiendas de campaña a empacar sus pertenencias, mientras camiones de basura esperaban cerca y, posteriormente, maquinaria pesada demolía lo que quedaba.

“No nos están diciendo a dónde ir”, comentó George M., un hombre de 67 años desalojado del área cerca de Massachusetts Ave. “Solo nos dicen que tenemos que irnos”.

El fenómeno no es nuevo en Washington, pero la abrupta coordinación entre fuerzas federales y el uso de recursos municipales para remover campamentos ha prendido alarmas entre defensores de derechos humanos. Un informe de 2023 del Urban Institute reveló que más del 70% de los desalojados no recibieron ubicaciones alternativas o asistencia a largo plazo.

La política detrás del orden

La alcaldesa Muriel Bowser, en medio de esta tormenta política, se encontraba fuera de la ciudad atendiendo compromisos familiares, lo cual generó críticas sobre su liderazgo en momentos de crisis. Su ausencia, según analistas, ejemplifica la tensa cuerda floja que debe caminar frente a un presidente republicano autoritario mientras representa a una capital mayormente demócrata.

El senador demócrata Cory Booker declaró que “la militarización de ciudades estadounidenses bajo la guía de líderes locales sometidos a presión presidencial representa una peligrosa erosión de la autonomía local”.

Antecedentes históricos: Washington como espejo de tensiones

Washington no es ajena a intervenciones federales. Durante las protestas del 2020 tras el asesinato de George Floyd, Trump también movilizó efectivos de la Guardia Nacional, provocando encendidos debates sobre el uso de fuerza militar en protestas civiles. La actual situación, sin embargo, no parte de episodios violentos recientes, sino de una decisión ejecutiva en nombre de “restaurar la ley y el orden”.

Históricamente, intervenciones de este estilo en la capital suelen tener efectos en cadena. En 1971, durante las protestas contra la guerra de Vietnam, más de 12.000 personas fueron arrestadas en uno de los mayores actos represivos de la historia estadounidense reciente. Lo que hoy ocurre podría ser preludio de un 2026 aún más polarizado, según expertos en derechos constitucionales.

¿Beautificación o camuflaje?

Uno de los aspectos más curiosos del despliegue federal es el uso de vocabulario ambiguo: los oficiales realizarán “esfuerzos de embellecimiento”—pero sin especificar en qué consisten. Mientras tanto, aumenta la preocupación sobre una vigilancia soterrada y persecuciones con motivación racial y económica.

Organizaciones sociales temen que aunque estos esfuerzos aparenten mejorías visuales o de seguridad, oculten una política de desplazamiento forzado enfocada en criminalizar la pobreza.

Protestas visibles e inquietud ciudadana

La noche del miércoles fue escenario de manifestaciones contra los puntos de control policial en corredores como U Street. Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, el gobierno federal reportó 45 arrestos, de los cuales al menos 29 fueron inmigrantes en situación irregular. Varias detenciones fueron en respuesta a delitos relacionados con sustancias controladas y posesión de armas, según voceros.

No obstante, activistas argumentan que el uso de este tipo de eventos para reforzar narrativas sobre inmigrantes peligrosos distorsiona la realidad y perpetúa estigmas racistas.

¿Hacia dónde se dirige la capital?

Con Washington D.C. bajo creciente vigilancia, la gran interrogante es si esta estrategia se replicará en otras ciudades. Trump ha sostenido que si las ciudades no controlan el crimen, “él lo hará por ellas”. Con una elección presidencial en el horizonte, estas acciones podrían estar desarrollando un nuevo laboratorio de políticas nacionales desde el corazón del poder.

Mientras tanto, las calles de la capital muestran un rostro cambiado: blindado, inquieto, vigilado. Y aunque por ahora no hay armas a la vista, la batalla entre libertades civiles y autoridad federal ha ganado un nuevo campo de juego, justo frente a la escalinata del Capitolio.