¿Un Estado de Excepción Permanente?: El control federal de Trump en Washington D.C. y su impacto en la democracia local

La intervención de Donald Trump sobre la policía de la capital estadounidense abre un peligroso precedente de control federal sobre gobiernos locales

Una jugada sin precedentes: Trump y el control de la policía en Washington D.C.

Durante su mandato, el expresidente Donald Trump no fue ajeno a la controversia ni a la utilización expansiva de su autoridad ejecutiva. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Washington D.C. representa una escalada sin precedentes. Trump ha asumido el control de la policía local en la capital estadounidense, activando además la presencia militar con 800 miembros de la Guardia Nacional desplegados por la ciudad.

Con Humvees apostados en puntos estratégicos como la Estación Union y el National Mall, Washington vive lo que algunos expertos llaman un ensayo general de un “estado de excepción permanente”. Las implicaciones legales, políticas y sociales de esta acción plantean serias preocupaciones sobre la autonomía local y la centralización del poder ejecutivo.

¿Puede hacerlo legalmente?

Washington D.C. tiene un estatus jurídico especial como distrito federal, establecido por el Congreso y no siendo, estrictamente hablando, un estado. Eso le otorga al gobierno federal ciertas potestades sobre su administración. No obstante, la intervención directa en la policía metropolitana de parte del presidente es extremadamente rara y plantea cuestionamientos constitucionales complejos.

La alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, inicialmente cooperó con medidas federales como la limpieza de campamentos de personas sin hogar. Pero al conocerse que Trump planeaba imponer un comisionado federal de emergencia de policía, la ciudad reaccionó presentando una demanda para frenar la toma de control.

¿Qué intenta hacer Trump?

Trump sostiene que busca restablecer la “ley y el orden”, argumentando que la criminalidad se ha disparado en la capital. Sin embargo, según datos oficiales del Departamento de Policía Metropolitana, los crímenes violentos en D.C. han disminuido en más del 15% en 2023 en comparación con el año anterior, alcanzando mínimos históricos de tres décadas.

Este choque de narrativas despierta sospechas y críticas. Para algunos analistas, Trump utiliza retóricas sobre la criminalidad y la seguridad para justificar una militarización de espacios urbanos, especialmente en una ciudad con más del 45% de población afrodescendiente.

¿Quién está a cargo ahora?

El limbo legal es palpable. Aunque la jefa de policía Pamela Smith sigue actuando como autoridad local, el anuncio federal de que el director de la DEA (Administración de Control de Drogas), Terry Cole, asumirá sus funciones ha sembrado el caos interno.

Smith ha calificado dicha interferencia como “una amenaza peligrosa para el orden público”. De momento, hay dos cadenas de mando en conflicto, y la incertidumbre genera confusión entre los agentes de seguridad e indignación en amplios sectores de la ciudadanía.

La estrategia detrás del despliegue

Los efectivos de la Guardia Nacional tienen órdenes de no realizar arrestos, sino asistir y proteger a otros cuerpos policiales en acciones de detención. De acuerdo con la Casa Blanca, también se les ha encomendado “alejar a las personas sin hogar del centro de la ciudad”, una política etiquetada por críticos como una forma encubierta de limpieza social.

Esta narrativa se alinea con lo que Trump ha llamado su visión de una “ciudad segura y hermosa”, aunque para muchos habitantes está lejos de serlo. Las intervenciones se han realizado en sectores populares, generando tensiones raciales y sociales.

¿Puede extender este control?

Actualmente, el exmandatario puede mantener este control durante 30 días sin necesidad de aprobación del Congreso. No obstante, si desea extender la intervención más allá de ese plazo, deberá obtener luz verde legislativa. Hasta el momento, la mayoría republicana ha guardado silencio al respecto, aunque algunos legisladores han manifestado preocupaciones de fondo sobre la exagerada centralización del poder.

El temor ciudadano ha motivado múltiples protestas. Las comunidades locales perciben estas acciones como un ataque directo a su autodeterminación, representando además una reedición de capítulos oscuros de la historia de EE. UU., donde los gobiernos federales impusieron medidas autoritarias en ciudades habitadas principalmente por minorías raciales.

¿Esto se puede repetir en otras ciudades?

Washington es único en su estatus jurídico, pero muchos se preguntan si Trump está utilizando este caso como ensayo para intervenir en otras ciudades. Cabe recordar que muchas urbes demócratas han sido blanco de su retórica en el pasado, como Nueva York, Chicago o San Francisco.

Si bien la Constitución impide al gobierno federal asumir el control de las fuerzas policiales estatales o municipales, el precedente de D.C. podría utilizarse como una herramienta simbólica y propagandística para manifestar su capacidad de “restaurar el orden” en ciudades que considere fuera de control.

Una política basada en el miedo

La retórica de Trump ha estado constantemente marcada por el uso del miedo como estrategia de legitimación. Criminaliza a comunidades inmigrantes, minorías raciales y a quienes viven en situación de calle. En nombre del combate al crimen, promueve políticas que erosionan derechos civiles y dan poder desproporcionado a las fuerzas de seguridad.

El problema no es solamente legal, sino ético y político. ¿Qué ocurre cuando un presidente utiliza herramientas del Estado para castigar a una ciudad que no vota por él? ¿Qué señales envía esto al resto del país?

Resistencia de la ciudadanía y los tribunales

Organizaciones de derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han expresado preocupación sobre el abuso de poder. Aunque el caso se dirime en tribunales federales, la presión ciudadana será clave para valorar si este tipo de medida puede resistirse.

«Estamos viendo una militarización de la seguridad pública sin causa justificada, y eso no se puede normalizar», advirtió en un comunicado Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU.

Un eco de políticas autoritarias

La creación de un “comisionado de emergencia”, el control centralizado de policías locales, y el uso de situaciones excepcionales para intervenir en gobiernos locales, evocan modelos de gobernanza autoritaria. América Latina y Europa tienen ejemplos numerosos donde presidentes han erosionado las democracias locales con medidas similares.

La diferencia, sin embargo, es que esto está ocurriendo en el corazón institucional de los Estados Unidos: en su capital.

La militarización no es la solución

Numerosos estudios demuestran que aumentar la presencia militar en entornos urbanos no reduce la criminalidad a largo plazo. Un estudio de 2020 del Bureau of Justice Statistics reveló que las ciudades con intervenciones militares no mostraron variaciones significativas en sus indicadores delictivos después del despliegue.

Más allá del impacto inmediato, el daño institucional puede ser profundo y duradero. Se fortalece la desconfianza en las instituciones, se socava la legitimidad del poder local, y se debilita la democracia participativa.

¿Qué se puede hacer?

  • Presionar a representantes estatales y federales para que limiten legalmente estas facultades presidenciales.
  • Apoyar a organizaciones civiles que están luchando legalmente contra la intervención.
  • Participar en protestas ciudadanas pacíficas como forma legítima de defensa de la autonomía local.
  • Fomentar el periodismo independiente e investigativo para evidenciar el alcance de estas políticas.

La batalla por el control de la policía de D.C. es más que un conflicto logístico o jurisdiccional; es un espejo de las tensiones fundamentales en el ejercicio democrático del poder. Lo que pase en este caso puede moldear los límites del autoritarismo y la libertad en EE. UU. por años.

Una capital, muchos símbolos

Washington D.C. no es una ciudad cualquiera. Es el corazón político de los Estados Unidos, un símbolo tanto del poder institucional como de la resiliencia democrática. Su gente no merece ser rehén de experimentos autoritarios disfrazados de política pública.

Y como enseñó Martin Luther King Jr., quien también marchó en sus calles: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes”. El país y el mundo están mirando.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press