El lado oscuro del poder: el escándalo de grabaciones indebidas en la cárcel de La Plata

Un escándalo que sacude a Colorado

El sistema penitenciario de Estados Unidos se ha visto envuelto nuevamente en una controversia de gran magnitud. Esta vez, el epicentro está en el pequeño condado de La Plata, Colorado, donde Edward Aber, excomandante de la cárcel y figura clave del orden interno, enfrenta 117 cargos por invasión de la privacidad para satisfacción sexual y un cargo de conducta oficial indebida en primer grado. Las acusaciones se centran en el presunto visionado de videos de cacheos corporales grabados a decenas de mujeres reclusas sin razón aparente.

¿Quién es Edward Aber y cómo estalló la investigación?

Edward Aber fue contratado en el sistema penitenciario de La Plata pese a contar con antecedentes de acusaciones por conducta sexual inapropiada y acoso. Estos antecedentes, que debieron haber servido como alertas para las autoridades, no impidieron su contratación ni provocaron un monitoreo más riguroso de su comportamiento durante los cinco años que estuvo al mando.

La situación tomó un giro legal explosivo en 2024, cuando una investigación reveló que Aber había accedido más de 3,000 veces a grabaciones de cacheos de mujeres detenidas entre 2019 y 2024, muchas veces desde su casa o incluso desde hoteles, y en horarios inusuales como altas horas de la noche o temprano en la madrugada.

Cacheos grabados con bodycams: ¿medida de seguridad o puerta a abusos?

Los registros en video corresponden a procedimientos estándar hechos durante el ingreso de reclusas al sistema carcelario, donde se graba todo mediante bodycams (cámaras corporales) portadas por agentes femeninas. La finalidad de estas grabaciones es garantizar que los procedimientos se realicen con apego a la ley y detectar posibles objetos de contrabando. Sin embargo, el acceso a dichas grabaciones no contaba con restricciones claras, ni había un registro efectivo sobre quién las veía y con qué propósito.

Según documentos judiciales, Aber accedía a estos archivos sin ninguna justificación administrativa o de seguridad, lo que configura uno de los casos más graves de vulneración a la privacidad en un entorno donde los derechos individuales ya son severamente limitados.

Las voces de las víctimas y el inicio de un litigio colectivo

Tres de las mujeres afectadas han presentado una demanda colectiva federal contra Edward Aber, el condado de La Plata y la propia oficina del sheriff, acusando fallos sistemáticos en la vigilancia del acceso a grabaciones sensibles y omisiones graves en la contratación y supervisión del ahora acusado.

Los abogados de las víctimas argumentan que el sistema permitió un acceso sin límites ni seguimiento, facilitando una conducta reiterada por parte de Aber que podría haberse evitado. Algunos de estos videos incluso fueron vistos meses después de haber sido grabados, anulando cualquier posible razón operativa para su revisión.

"Ver que esto ocurre, y pensar que puede estar pasando en otra parte, realmente destruye la confianza en el sistema de justicia", dijo Kevin Mehr, abogado de las demandantes.

Un patrón de negligencia institucional

Más allá de la conducta reprobable individual, el caso también expone una preocupante falta de protocolos internos en la administración penitenciaria. Según el acta judicial, algunos de los videos ya habían sido eliminados por el sistema, lo cual plantea la posibilidad de que haya más víctimas que aún no son identificables.

Las autoridades del condado han decidido no hacer declaraciones públicas mientras el litigio sigue en marcha, pero la presión pública aumenta mientras se siguen destapando otros casos problemáticos en la misma prisión, incluyendo la muerte de un interno cuyos llamados de auxilio supuestamente fueron ignorados durante 15 horas.

¿Reformen en camino?

Este caso podría derivar en nuevas regulaciones a nivel estatal sobre el uso y almacenamiento de material audiovisual sensible en centros penitenciarios. Si bien existe consenso en que las grabaciones pueden ser herramientas útiles para detectar irregularidades o contrabando, también se requiere una regulación más firme para evitar su abuso.

De acuerdo con la Prison Policy Initiative, más del 60% de los estados en EE. UU. utilizan algún tipo de sistema de grabación en ingresos carcelarios, pero muy pocos poseen sistemas robustos de control de acceso. En esas condiciones, este caso podría sentar un precedente para la privacidad carcelaria.

Una práctica que se repite: ¿la punta del iceberg?

No es la primera vez que se documentan irregularidades en el acceso a material confidencial en cárceles estadounidenses. Casos similares han ocurrido en otras jurisdicciones, lo que lleva a preguntarse si el caso de Aber es un incidente aislado o representa un patrón más amplio de negligencia institucional.

En el año 2019, por ejemplo, un caso en Nueva York involucró la filtración de imágenes de mujeres desnudas entre agentes penitenciarios; el caso provocó reformas a nivel de procedimiento en varias prisiones estatales.

Más allá de una condena penal

Edward Aber enfrenta ya una investigación penal, pero más allá de una potencial condena, el impacto del caso puede y debe provocar una revisión íntegra del sistema carcelario. Cuando el Estado se convierte en vulnerador de derechos, el sistema jurídico entra en crisis.

Si bien el sistema penitenciario busca mantener el orden y la seguridad, su legitimidad está en juego cuando permite que una figura de autoridad actúe impunemente durante años. Para las víctimas, la reparación va más allá de lo legal —se trata de recuperar dignidad y confianza en un sistema que debió protegerlas.

¿Y ahora qué? Presiones sociales por transparencia

La presión pública ahora recae en los organismos de supervisión penitenciaria, muchos de los cuales carecen de presupuestos, personal técnico especializado, o independencia real. También exige a los legisladores establecer parámetros estrictos sobre quién puede acceder a material clasificado, en qué condiciones y con qué controles cruzados.

El caso de La Plata se convierte así en el ejemplo de por qué limitar el poder sin supervisión no es una opción, especialmente cuando están en juego los derechos más básicos de la población carcelaria, una de las más vulnerables dentro del sistema de justicia.

Privacidad en prisión: ¿oxímoron o derecho inalienable?

El diseño de nuestras políticas públicas debe contemplar que los derechos humanos no prescriben en la puerta de una cárcel. Si el Estado exige legalidad, debe también practicarla con rigor, y la privacidad —aun en espacios de vigilancia reforzada— debe tener límites, protocolos e integridad.

“La cárcel no puede ser zona franca para el abuso”, reclaman desde organizaciones como ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), que monitorea abusos policiales y de prisión en Estados Unidos. Casos como este deben convertirse en puntos de inflexión.