El nuevo conflicto de Trump con Washington D.C.: Policía, inmigración y poder federal

Una ciudad sitiada por su propio gobierno federal

Washington D.C., capital de los Estados Unidos y epicentro político del país, ha visto surgir una tensión inédita entre su administración local y el gobierno federal encabezado por el presidente Donald Trump. El epicentro de esta disputa es la abrupta intervención de la administración Trump en la jefatura de su Policía Metropolitana, alegando motivos de emergencia y seguridad. El fiscal general del Distrito, Brian Schwalb, ha presentado formalmente una demanda acusando al presidente de sobrepasar los límites de su poder legal.

¿Quién controla la policía de D.C.?

La mecha se encendió el jueves cuando Pam Bondi, fiscal general designada por Trump, anunció que el director de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terry Cole, asumirá todas las funciones del jefe de policía de Washington D.C., desplazando de facto a Pamela Smith, jefa de policía nombrada por la alcaldesa Muriel Bowser.

Bondi dictaminó que todas las órdenes del Departamento de Policía deben contar ahora con la aprobación de Cole, una decisión interpretada por Schwalb como una violación directa del principio de «Home Rule» —la autonomía limitada que el Congreso otorga desde 1973 al gobierno de D.C. para autogestionarse.

¿Una maniobra legal o autoritaria?

La base legal invocada por Trump para esta toma de control son estatutos oscuros y una supuesta “emergencia pública” que justificaría el traspaso temporal de poderes a un funcionario federal. Tanto el lenguaje como el alcance de esta política han generado alarma entre expertos legales, que califican esta intervención como una de las imposiciones de poder federal más extensas sobre un gobierno local en la historia moderna de EE.UU.

“Las acciones de la administración son un insulto a la dignidad y autonomía de los 700,000 estadounidenses que llaman hogar a D.C.”, declaró Schwalb al anunciar la demanda.

Desencadenante: la cooperación policial con inmigración

Una de las tensiones clave detrás de esta decisión ha sido el convenio de la policía local con agencias de inmigración. Horas antes de este anuncio, la jefa Smith había autorizado a los oficiales del MPD a compartir información con ICE y la Patrulla Fronteriza sobre inmigrantes en ciertas circunstancias no relacionadas con arrestos.

No obstante, Bondi consideró insuficiente esa cooperación y anuló dicha directiva, incorporando nuevas órdenes que invalidan las llamadas políticas «sanctuary» —aquellas que limitan la colaboración de fuerzas locales con ICE. Esto forma parte de una política más amplia del presidente Trump para acelerar las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en EE.UU.

“Una militarización del espacio público”

Como parte del operativo, al menos 800 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en Washington para realizar tareas como control de multitudes, vigilancia de monumentos y seguridad en zonas comerciales y de ocio. Además, elementos del Servicio Secreto, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional se han visto patrullando algunas de las áreas más transitadas de la ciudad.

“Estamos presenciando una militarización del espacio público sin precedentes desde los años 60”, comentó un profesor de Georgetown. “Este no es un estado de emergencia; es una estrategia de intimidación.”

Perspectiva ciudadana y reputación internacional

Los residentes de D.C., en su mayoría votantes demócratas, se han mostrado indignados ante lo que perciben como una extralimitación del poder del Ejecutivo. Las protestas no se han hecho esperar, con miles de personas congregadas en lugares icónicos como el Capitolio y la Union Station para denunciar la intervención militar en la ciudad.

La alcaldesa Bowser, ausente momentáneamente de la ciudad por motivos familiares, regresó inmediatamente tras el anuncio de la intervención federal y ha prometido defender la autonomía del D.C. a toda costa: “No hay ningún estatuto que otorgue autoridad sobre nuestro personal a un funcionario federal”, escribió en redes sociales.

Trump, la inmigración y la narrativa de la «ciudad fallida»

Desde el principio de su campaña electoral en 2016, Donald Trump ha pintado una imagen de ciudades estadounidenses sumidas en el caos, con altos índices de criminalidad y una permisividad excesiva hacia la inmigración ilegal. Esta narrativa encontró terreno fértil en la capital del país, a pesar de que, según datos del FBI, la tasa de homicidios en Washington D.C. es inferior a la de otras ciudades como Chicago, Nueva Orleans o Baltimore.

Algunos analistas consideran que esta operación le sirve a Trump no solo como arma política para reforzar su imagen de ejecutivo inflexible, sino también como ensayo general de cómo podría lidiar con otras jurisdicciones desafiantes en un potencial segundo mandato.

Un precedente legal peligroso

La cuestión legal de fondo está en si el presidente tiene autoridad para intervenir en un cuerpo policial local sin declarar oficialmente un estado de emergencia o sin la petición del gobierno local. De acuerdo con la Constitución, la Guardia Nacional puede ser desplegada por el Ejecutivo federal únicamente en casos excepcionales, y su uso por razones tácticas de políticas públicas (como inmigración o protestas) es legalmente cuestionable.

Schwalb señala que jamás en la historia reciente un presidente había asumido el control ejecutivo de un departamento policial municipal sin consentimiento previo. Este precedente, si se mantiene, podría allanar el camino para futuras intervenciones federales en cualquier ciudad que no se alinee con la línea política presidencial.

Tensiones históricas con el estatus de D.C.

Desde su creación, Washington D.C. ha tenido un estatus legal único: no es un estado, carece de representación con voto en el Senado y solo desde 1961 puede participar en las elecciones presidenciales. Esta ambigüedad legal ha hecho del Distrito un espacio frágil frente a abusos de poder federal.

En el pasado, el Congreso federal ha intervenido el presupuesto, la educación y hasta las leyes penales de la ciudad. Pero expertos como la historiadora Mary Beth Norton consideran que “este nivel de intervención en una función esencial como la seguridad pública no tiene precedentes desde los disturbios raciales de 1968.”

¿Qué sigue?

El caso avanza rápidamente hacia los tribunales, mientras grupos de derechos civiles como American Civil Liberties Union y Lawyers for Civil Rights preparan escritos contra la medida federal. Hay creciente presión sobre el Congreso, especialmente entre los legisladores demócratas, para que actúen y limiten el uso del poder ejecutivo contra gobiernos locales.

Por ahora, la población de Washington D.C. sigue en una especie de limbo: tiene una policía en tensión, una alcaldesa desautorizada por funcionarios federales, y una ciudad custodiada noche y día por cuerpos militarizados. Para muchos, la pregunta ya no es si la medida es legal, sino si es democrática.

En palabras de un residente en el barrio de Logan Circle: “No sé si estamos en Washington D.C. o en una zona de guerra.”