¿Quién vigila al vigilante?: el caso del policía inmigrante y el choque de realidades en EE.UU.

Un oficial de policía que no podía quedarse

La historia de Jon Luke Evans, un oficial de policía en Old Orchard Beach, Maine, es tan paradójica como perturbadora. Contratado legalmente para servir y proteger, terminó esposado y detenido por las mismas leyes que decía defender. Originario de Jamaica, Evans fue arrestado por oficiales de Immigration and Customs Enforcement (ICE) el 25 de julio, acusado de haber permanecido más allá del tiempo permitido por su visa y de intentar adquirir de forma ilegal un arma de fuego.

¿Cómo pudo suceder esto? La policía local afirma que habían recibido confirmación de que Evans estaba autorizado legalmente para trabajar en Estados Unidos, usando el sistema E-Verify, una plataforma creada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para verificar la elegibilidad laboral. Sin embargo, una vez estalló la controversia, una vocera del DHS acusó al ayuntamiento de "dependencia temeraria" del sistema. Así comenzó una disputa legal y pública entre autoridades federales y locales, que destapó las grietas de un sistema que promete seguridad, pero a menudo propaga incertidumbre.

El doble filo de E-Verify

E-Verify fue diseñado como una herramienta eficaz para garantizar que empleados estén autorizados a trabajar en el país. Sin embargo, como muestran los eventos en Old Orchard Beach, también puede convertirse en una trampa burocrática. Según estadísticas de la propia plataforma, el 0.3% de los casos son incorrectamente rechazados, lo cual puede parecer poco, pero afecta a miles de trabajadores anualmente, muchos de ellos inmigrantes.

La Policía de Old Orchard Beach, encabezada por la jefa Elise Chard, defendió a Evans públicamente, asegurando que había pasado todas las verificaciones previas a su contratación. "Era un colega ejemplar" —declaró Chard— "y aún lo extrañamos". Pero sus declaraciones contrastan con el hecho de que ICE procedió con su detención y el proceso para que abandonara el país voluntariamente, sin represalias legales.

¿Es inmigración sinónimo de criminalidad?

Evans también fue acusado por ICE de intentar ilegalmente comprar un arma de fuego, aunque los detalles sobre esta imputación siguen poco claros. Esta acusación es particularmente simbólica en un país donde la posesión de armas es un derecho controvertido y defendido por millones, pero al parecer, no todos pueden ejercerlo. Al ser inmigrante en situación irregular —aunque anteriormente autorizado para trabajar— Evans se convirtió en objetivo prioritario.

Este caso encarna una profunda tensión estadounidense: la idea del "buen inmigrante" que sirve al sistema (como policía) pero que puede ser descartado en cualquier momento si se cuestiona su estatus.

El contexto más amplio: fondos federales y migración

Simultáneamente, mientras Evans era arrestado y transferido desde una cárcel en Rhode Island a un centro de ICE en Massachusetts, más de 20 fiscales generales estatales —todos demócratas— se unían para demandar al Departamento de Justicia (DOJ) por políticas federales que condicionan los fondos del programa Victims of Crime Act (VOCA) al grado de colaboración con ICE.

La administración Trump había intentado sustraer fondos federales destinados a víctimas de crímenes en estados que no cooperan plenamente con ICE, lo que incluye no compartir fechas de liberación de detenidos o permitir que agentes de inmigración accedan a cárceles locales. El argumento del DOJ era claro: nada es gratis, ni siquiera la compasión.

VOCA: víctimas atrapadas entre la política y la frontera

El programa VOCA, financiado no con impuestos sino con multas penales federales, destina más de $1,000 millones anuales a programas de compensación y asistencia a víctimas. Los fondos cubren desde limpieza de escenas del crimen hasta funerales para víctimas de homicidio, pasando por kits de violación y tratamientos psicológicos en centros de trauma. De acuerdo con la ley federal, VOCA financia el 75% de los programas estatales de compensación a víctimas.

“Estas personas no pidieron ser víctimas de delito. Lo único que comparten es haber sufrido un trauma inimaginable”, apuntó Matthew Platkin, Fiscal General de Nueva Jersey. Su declaración expone el conflicto ético de utilizar estos fondos como palanca política para forzar la colaboración en temas migratorios. ¿De qué sirve proteger la ley si se abandona a quienes más la necesitan?

¿Quién protege a Evans?

La historia de Evans también plantea una pregunta importante: ¿quién protege a quienes están en la primera línea de protección? Mientras ejercía como policía, era parte del sistema. Pero en el momento en que ICE lo detuvo, su identidad laboral fue irrelevante. El tratamiento que recibió podría parecer similar al de cualquier inmigrante en situación irregular, excepto por un detalle: él había sido validado por el propio gobierno para ejerce funciones policiales.

Esto expone un preocupante problema sistémico: las agencias del Estado no se comunican o no se reconocen mutuamente. Así se crea un limbo legal donde una persona puede ser al mismo tiempo elegible e inelegible, legal e ilegal. Y, como en este caso, puede costar una carrera, la libertad y el futuro.

La paradoja de las ciudades santuario

El caso de Evans y el conflicto sobre los fondos VOCA reflejan también el debate más amplio sobre las llamadas "ciudades santuario" —lugares donde la policía local no colabora activamente con ICE. Aunque no existe una definición federal uniforme sobre qué constituye una jurisdicción santuario, la administración Trump elaboró una lista en 2020 calificando a varios estados, incluyendo Nueva York y California, como tales, e inició litigios para obligarlos a cooperar.

Letitia James, Fiscal General de Nueva York, lo expresó con claridad: “El gobierno federal está intentando usar los fondos para víctimas como moneda de cambio migratoria... No abandonaremos a ninguno de nuestros residentes”.

La cuestión racial y los pueblos originarios

Evans como inmigrante afrocaribeño forma parte de los muchos rostros no blancos que enfrentan una aplicación asimétrica de la ley migratoria. En otro frente, los nativos americanos también batallan su propia lucha legal en Montana, donde el tribunal de la tribu Chippewa Cree demandó al condado de Chouteau por un sistema electoral que, según alegan, diluye su voto y perpetúa la discriminación.

En una zona con un 16% de población nativa, los comisionados del condado son elegidos en conteo total y no por distrito, lo que implica que la mayoría blanca siempre puede controlar los resultados. Este es apenas uno de varios casos en Montana donde la ley electoral entra en conflicto con los derechos de poblaciones históricamente marginalizadas.

¿Por qué estos temas se acumulan simultáneamente? Porque apuntan a lo mismo: la lucha de comunidades no privilegiadas por un lugar legítimo dentro de una estructura legal que cada vez parece más excluyente.

¿Un sistema en colapso?

Si reevaluamos el caso de Jon Luke Evans bajo esta luz, las preguntas abundan: ¿Puede alguien confiar en E-Verify? ¿Debe un empleador local seguir las reglas si el gobierno federal puede desautorizarlas retroactivamente? ¿Debe la compasión por las víctimas rendirse ante las exigencias de la política migratoria?

Evans salió del país por voluntad propia, probablemente para evitar una deportación que lo marcaría de por vida. Pero se fue dejando una mancha imborrable en el expediente del sistema estadounidense: la incapacidad de entender que una nación no puede pretender ser justa si sus leyes se contradicen entre sí, si sus víctimas son utilizadas como peones, y si sus guardianes pueden ser descartados como ilegales cuando más los necesitan.

Cuando la justicia se convierte en un concepto flexible según el color de piel, la nacionalidad o el código postal, deja de ser justa. Y cuando los más vulnerables deben huir para evitar peores castigos, incluso cuando ya servían con honor, entonces cabe preguntarse: ¿qué clase de país quiere ser Estados Unidos rumbo al futuro?