Impuestos, tecnología y censura: cómo Maryland desató una batalla constitucional con Silicon Valley

Cuando el gobierno silencia a las Big Tech: el caso de Maryland

En un hecho sin precedentes en la batalla entre gobiernos estatales y las grandes empresas tecnológicas, el estado de Maryland aprobó en 2021 el primer impuesto del país sobre la publicidad digital. Lo que parecía ser una medida audaz para adaptar la fiscalidad al siglo XXI, terminó siendo declarado inconstitucional por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos en junio de 2024.

La sentencia ha dejado huella no solo por el contenido fiscal que aborda, sino por el debate legal y ético que ha abierto: ¿puede un estado imponer restricciones sobre lo que una empresa puede comunicar a sus clientes? ¿Y hasta qué punto la fiscalidad digital puede cruzar la frontera de la censura?

¿Qué proponía exactamente Maryland?

La Ley de Impuestos sobre Publicidad Digital de Maryland imponía entre un 2.5% y un 10% de impuestos a empresas con ingresos globales superiores a 100 millones de dólares por ingresos derivados de la publicidad digital. Es decir, su alcance estaba claramente dirigido a gigantes como Google, Meta, Amazon y otras 'Big Tech'.

La ley tenía un componente particularmente controversial: prohibía expresamente a las empresas desglosar el monto del impuesto en sus facturas o informar a sus clientes sobre el impacto del nuevo tributo en los precios finales. En otras palabras, las tecnológicas no podían avisar que ese aumento de precios era consecuencia del nuevo impuesto estatal.

Según el juez Julius Richardson, uno de los autores de la sentencia federal, esta disposición constituía una violación directa a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión. Lo dijo de manera tajante: “Un estado no puede eludir la crítica silenciando a los afectados por su impuesto.”

Richardson incluso citó la Ley del Timbre (Stamp Act) del período colonial británico —una de las causas de la Revolución Americana— como paralelismo histórico, para subrayar la gravedad de silenciar el discurso público sobre impuestos.

Maryland frente a los titanes tecnológicos: David contra Goliat

Maryland justificó el impuesto como una necesidad ante la transformación del mercado publicitario. Tradicionalmente, la publicidad se concentraba en medios físicos —televisión, radio o periódicos—, pero ahora ha migrado al universo digital. De hecho, hoy por hoy, más del 70% del total mundial de inversión publicitaria va a plataformas digitales, lideradas por Google y Meta, que en conjunto acaparan más del 50% del mercado, según datos de Statista.

Bajo esta premisa, Baltimore estimó que el tributo podría recaudar hasta 250 millones de dólares anuales, los cuales serían destinados a financiar una ambiciosa reforma educativa para las escuelas públicas del estado, el llamado "Blueprint for Maryland’s Future". Sin embargo, ese proyecto se ha topado con más obstáculos de los esperados.

¿Censura fiscal o estrategia de transparencia?

Organizaciones industriales como NetChoice y la Cámara de Comercio de Estados Unidos lideraron la demanda contra la ley. El argumento: Maryland no solo estaba imponiendo un nuevo modelo impositivo, sino también restringiendo cínicamente la capacidad de las empresas para informar de sus costos a los usuarios.

“Maryland intentó impedir la crítica a su esquema fiscal, y el Cuarto Circuito lo reconoció como lo que era: censura”, afirmó Paul Taske, codirector del NetChoice Litigation Center.

Más allá de lo jurídico, aquí entra un terreno espinoso: el derecho de los ciudadanos a entender cómo las políticas públicas —y los impuestos— afectan el precio de los bienes y servicios. ¿Quién gana cuando un gobierno prohíbe que una empresa explique lo que le está cobrando al consumidor? La respuesta, para muchos, es: nadie.

¿Es este el fin de la fiscalidad digital en EE.UU.?

En absoluto. De hecho, varios estados han estado vigilando este caso con sumo interés, como Nueva York, Connecticut e Indiana. Todos ellos barajan estructurar impuestos digitales para adaptarse a un mundo donde los ingresos empresariales son cada vez menos tangibles y más algoritmos y servidores en la nube.

En palabras del profesor Daniel Hemel, especialista en derecho tributario en la Universidad de Nueva York: “El caso de Maryland será una referencia cuando hablemos de cómo deben los estados navegar los límites constitucionales al reformar sus sistemas fiscales para la era digital.”

Pero la derrota legal deja una advertencia clara: los estados deben recurrir a la transparencia, no a la opacidad, si quieren imponer nuevos impuestos a gigantes con la capacidad —e influencia política— de Google o Meta.

Libertad de expresión corporativa: ¿derecho o privilegio?

Uno de los puntos más polémicos del debate ha sido si las grandes empresas deben tener el mismo nivel de protección de expresión que los ciudadanos. La Primera Enmienda no hace distinción entre tipos de entes, y la jurisprudencia estadounidense ha ido validando cada vez más el derecho de las empresas a expresarse (ver: caso Citizens United v. FEC, 2010).

Sin embargo, críticos a esta visión argumentan que dicho derecho se ha utilizado para proteger intereses corporativos antes que los de la ciudadanía. En este contexto, la censura de Maryland podría haber sido más dañina por su precedente que por su impacto inmediato.

¿Qué futuro espera este modelo de impuestos?

Aunque el tribunal devolvió el caso a una instancia menor para que se determine un remedio adecuado, varios expertos señalan que la parte más dañina de la ley —la restricción comunicacional— ya no podrá sostenerse. Lo que sí podría sobrevivir es el impuesto en sí, siempre que se reformule eliminando los elementos violatorios de la Primera Enmienda.

Existirá presión política para mantener alguna forma de recaudación digital, ya que Maryland necesita esos fondos. El problema ahora es de estrategia legislativa: ¿cómo reformular el impuesto sin que parezca un ataque dirigido al modelo de negocio de unas pocas empresas?

¿Y qué dicen las Big Tech?

Las empresas afectadas han mantenido un perfil bajo, pero internas reveladas por medios como Reuters y Bloomberg muestran que Meta y Amazon han estado financiando esfuerzos legales silenciosos contra impuestos similares en diversos estados.

Este caso ha reforzado su posición: pueden argumentar que no solo están siendo ‘castigadas’ económicamente por su éxito, sino que también se les intenta amordazar legalmente. Es el cóctel perfecto para alegar persecución regulatoria en tiempos donde la popularidad de las grandes tecnológicas va en descenso entre los votantes y los mismos legisladores.

Una batalla que apenas comienza

Este fallo supone un jalón de orejas a los legisladores estatales que buscan financiamiento en el ecosistema digital sin generar consensos o respetar principios constitucionales claros.

Por ahora, Maryland deberá rehacer su modelo. Pero otros estados empezarán con las lecciones aprendidas: no se puede aplicar una reforma moderna con herramientas del siglo XX, ni limitar la transparencia en aras del recaudo fiscal.

La historia apenas comienza, y será el Tribunal Supremo quien muy posiblemente deba sentar el precedente definitivo.