¿Antinorteamericanismo o prejuicio? La nueva política migratoria de EE.UU. enciende las alarmas

¿Se puede negar un beneficio migratorio por lo que alguien piensa o ha dicho? En medio de un año electoral y donde la política migratoria es campo de batalla, el gobierno de Estados Unidos ha agregado un nuevo criterio para evaluar a quienes soliciten beneficios como la residencia permanente o una visa de trabajo: el “antinorteamericanismo”.

¿En qué consiste exactamente esta nueva política?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que a partir de ahora sus oficiales tomarán en cuenta si el solicitante ha “respaldado, promovido o apoyado” ideologías o expresiones que se consideren antinorteamericanas, terroristas o antisemitas.

“Los beneficios de América no deben entregarse a quienes desprecien al país y promuevan ideologías contrarias a los valores estadounidenses”, dijo Matthew Tragesser, vocero de USCIS. Para la agencia, residir o trabajar en Estados Unidos es un privilegio, no un derecho.

Un criterio vago y subjetivo

A diferencia de otras normas donde las conductas prohibidas están claramente tipificadas en la ley, esta nueva directiva deja en el aire qué se considera “antinorteamericanismo” y otorga una amplia discrecionalidad al oficial de inmigración.

Jane Lilly López, profesora asociada de sociología en la Universidad Brigham Young, reconocida por su trabajo en temas de ciudadanía y derechos, alertó al respecto: “Lo preocupante aquí es que estamos abriendo la puerta a que los estereotipos, prejuicios y sesgos implícitos definan una decisión migratoria”, afirmó.

Para Elizabeth Jacobs, directora de políticas en el Center for Immigration Studies, un centro que promueve restricciones migratorias, la medida es coherente con una visión más estricta, pero reconoce el nivel de discreción: “La agencia no está obligando a negar la solicitud, pero sí a considerarlo como un factor negativo”.

¿Y la libertad de expresión?

Una de las críticas más fuertes proviene de abogados de derechos civiles y defensores de inmigrantes, quienes argumentan que este tipo de criterios podrían violar la Primera Enmienda, especialmente si se aplican dentro del territorio estadounidense.

Sin embargo, no todos están de acuerdo. Jacobs afirma que las protecciones de la Primera Enmienda “no se aplican a personas fuera de EE.UU. o que no sean ciudadanos”. En contraste, Ruby Robinson, abogado principal del Michigan Immigrant Rights Center, sostiene que la Constitución protege a todas las personas en territorio estadounidense, independientemente de su estatus migratorio.

“Muchos de los movimientos recientes del gobierno infringen derechos constitucionales y, tarde o temprano, se resolverán en tribunales”, enfatizó Robinson.

¿Un regreso al periodo Trump?

Expertos destacan que esta política no marca tanto un cambio como una extensión de posturas adoptadas por la administración Trump, que enfatizó la “buena conducta moral” como criterio para naturalización, y reforzó el análisis de redes sociales.

Jaime Diez, abogado de inmigración en Brownsville, Texas, lo resume así: “La gente necesita entender que el sistema ahora es distinto. Muchas cosas que aplican a ciudadanos ya no aplican a quienes intentan entrar al país”.

Por su parte, Jonathan Grode, socio gerente de Green and Spiegel, un bufete especializado en inmigración, fue aún más directo: “Esto es lo que los votantes eligieron. Les corresponde a ellos interpretar las reglas a su manera”.

Casos hipotéticos y posibles consecuencias

Imaginemos algunos ejemplos que podrían ser problemáticos con esta nueva política:

• Un solicitante de visa que publicó en redes sociales críticas al gobierno estadounidense por su política exterior.
• Un activista comunitario que defiende posturas anticapitalistas o denuncia la discriminación sistémica en Estados Unidos.
• Un extranjero que, en su país de origen, fue parte de movimientos políticos contrarios a las intervenciones militares estadounidenses.

¿Podrían ser considerados antinorteamericanos? ¿Podría un oficial interpretar esas posturas como una amenaza a los valores del país?

Ahí radica el problema. Sin una definición clara, se abre la posibilidad de que solicitudes migratorias sean rechazadas por ideologías, opiniones o asociaciones pasadas que el oficial considere inapropiadas.

Precedentes históricos: ¿una repetición de errores?

Este tipo de medidas recuerda momentos oscuros en la historia de Estados Unidos:

• Durante el periodo de McCarthyismo en los años 50, miles de personas fueron investigadas, despedidas o deportadas por presuntas simpatías comunistas.
• Tras los atentados del 11-S, se instauraron políticas que afectaron desproporcionadamente a musulmanes y personas provenientes del Medio Oriente.
• En la década de 1920, la Ley de Inmigración de 1924 limitaba la entrada de personas del sur y este de Europa por motivos raciales y culturales, considerando que no se ajustaban a los valores “americanos”.

Muchos expertos temen que la nueva política tenga un impacto similar: que se utilice como arma subjetiva para frenar solicitudes migratorias sobre la base de creencias políticas, religiosas o ideológicas.

Los grupos más vulnerables

Este tipo de criterios podrían impactar con más fuerza a ciertos grupos:

• Refugiados políticos: cuyos testimonios pueden incluir críticas a potencias extranjeras, incluida a veces la política exterior estadounidense.
• Solicitantes de asilo: especialmente activistas, periodistas o miembros de ONG que han documentado abusos y esperan protección en EE.UU.
• Personas musulmanas o de regiones vinculadas a conflictos: quienes han sido objeto de estereotipos en políticas pasadas.

El impacto invisible: censura por miedo

Otro efecto colateral de esta política puede ser la autocensura. Cuando las personas se sienten observadas por lo que publican o piensan, modifican su comportamiento para evitar problemas.

“La consecuencia más peligrosa es el silencio”, afirma la socióloga López. “Si ser crítico o formar parte del debate político se castiga con negación de derechos, se vacía el concepto de democracia”.

¿Legal, pero injusto?

Desde una perspectiva legal, los funcionarios de inmigración tienen amplio margen discrecional. No se trata de una ley, sino de un criterio administrativo que se suma a otros factores para evaluar la “elegibilidad moral” de un solicitante.

Grode lo resume así: “La ley no ha cambiado. Lo que cambia es cómo se interpreta. Y eso puede redefinir todo”.

¿Qué podemos esperar en adelante?

Los expertos pronostican que esta nueva política será desafiada en los tribunales si se interpreta de forma abusiva. Mientras tanto, los abogados de inmigración han comenzado a operar con más cautela.

“Ahora debes entregar mucho más que documentos. Debes demostrar, casi con evidencia moral, que amas y respetas este país”, explica López.

La política migratoria en Estados Unidos sigue evolucionando bajo la presión de intereses políticos, ideológicos y sociales, y este nuevo componente muestra que el debate sobre migración no se limita a lo económico o humanitario, sino que toca fibras profundas de identidad, ideología y subjetividad.

La pregunta que queda en el aire es: ¿en qué momento defender tus ideales, disentir del sistema o tener una mirada crítica se convierte en un riesgo legal para migrar?