Militarización en Washington: ¿Seguridad ciudadana o autoritarismo disfrazado?
La ofensiva federal en D.C. provoca miedo en comunidades inmigrantes, tensión política y pone en tela de juicio la integridad de las instituciones locales
El silencio que invade Columbia Heights
Columbia Heights, uno de los barrios más vibrantes y culturalmente diversos de Washington D.C., ha mutado drásticamente en las últimas semanas. Calles normalmente abarrotadas de vendedores ambulantes, aromas de pupusas y risas en español ahora se sienten vacías y en tensión. "Todo se ha detenido en la última semana", confesó Yassin Yahyaoui, comerciante de joyas y figuritas de vidrio. La desaparición repentina de sus clientes, en su mayoría hispanohablantes, refleja un fenómeno más amplio: la presencia intensificada de fuerzas federales en la capital de Estados Unidos está transformando el ambiente urbano de maneras profundas.
Una ciudad sitiada por la ley
La administración de Donald Trump ha lanzado una operación federal sin precedentes bajo el argumento de combatir la criminalidad en Washington D.C. El despliegue incluye elementos de ICE, FBI, Fuerza de Tareas contra Narcóticos, Policía de Parques, Servicio de Alguaciles de EE.UU. y más de 1.900 efectivos de la Guardia Nacional provenientes de múltiples estados.
Desde el 7 de agosto, fecha en la que comenzó la operación, según datos del propio gobierno, ya se han realizado más de 450 arrestos. Las escenas de detenciones grabadas por ciudadanos devienen virales y muestran un uso contundente de la fuerza, incluso en intervenciones menores como paradas de tráfico o entregas de pizza por conductores con acento extranjero.
Motivos y reacciones
Trump sostiene que su administración está simplemente haciendo lo necesario para proteger a los “ciudadanos honestos que respetan las leyes”. Acusando a la capital de ser una de las ciudades más inseguras del país, el expresidente firmó una orden ejecutiva para asumir control directo sobre el Departamento de Policía Metropolitana por 30 días, una medida altamente polémica que puede extenderse solo con aprobación del Congreso.
No obstante, varios legisladores demócratas, alcaldes y organizaciones de derechos civiles están comenzando a mostrar resistencia. El congresista Sam Liccardo, por ejemplo, impulsó un proyecto de ley que exige transparencia en los costos, fundamentos legales e implicaciones civiles de estas operaciones extraterritoriales con tropas de la Guardia Nacional.
"¿Son L.A. y D.C. un experimento para una toma de control autoritaria más amplia de las comunidades locales?", cuestionó Liccardo, subrayando los temores de un retroceso democrático.
¿Manipulación de datos criminales?
Mientras Trump insiste en que la ciudad atraviesa una “emergencia criminal”, las estadísticas oficiales muestran lo contrario: los crímenes reportados en D.C. han caído un 8% en la última semana. Fuentes oficiales adicionales apuntan a una disminución del 25% en el crimen violento desde el inicio de 2025. Sin embargo, existe un elemento de controversia: el Departamento de Justicia ha abierto una investigación formal sobre la posible manipulación de datos por parte de altos mandos policiales en Washington.
Un comandante de la policía local fue colocado en licencia administrativa por sospechas de haber alterado cifras. Aunque el gobierno municipal insiste en que se trata de un caso aislado, la intervención federal parece estar usando este posible escándalo como justificación para prolongar su control.
Perdiendo más que seguridad
Detrás de las cifras y los debates políticos hay personas. En Columbia Heights, vendedores ambulantes, trabajadores informales, migrantes legales e indocumentados viven en un cerco de miedo. Muchos han cerrado temporalmente sus puestos o dejado de salir a la calle por temor a posibles redadas. La comunidad hispana, una de las más visibles en la zona, ha sido particularmente afectada: ya sea por rumores, arrestos visibles o la simple tensión en el ambiente, la vida cotidiana está siendo sofocada.
"¿Cómo se supone que uno venda fruta si mis clientes tienen miedo de caminar por la acera?", preguntó Carla Morales, vendedora venezolana. Incluso cuando no se realizan arrestos, la presencia de agentes encapuchados, autos sin identificación, y retenes aduanales ha sembrado pánico generalizado.
¿Qué rol juega la Guardia Nacional?
Uno de los aspectos más criticados es la participación de la Guardia Nacional. Aunque su despliegue tiene matices legales legítimos, expertos en seguridad cuestionan su efectividad en enfrentarse al crimen urbano. “La Guardia Nacional no tiene formación adecuada para funciones policiales”, afirmó Jeff Asher, analista de crimen y consultor en AH Datalytics.
Sus labores suelen circunscribirse más a catástrofes naturales o apoyo logístico. Su presencia masiva en ciudades provoca más intimidación que resolución práctica de delitos. Además, diversos vídeos muestran actuaciones polémicas y mal coordinadas, lo que alimenta el debate sobre su uso como herramienta de propaganda política más que de seguridad efectiva.
Humanitarismo en crisis: otro precio de la militarización
En un contexto paralelo, la ofensiva presupuestaria del mismo gobierno federal ha tenido repercusiones a nivel mundial. Pramila Patten, enviada especial de la ONU para violencia sexual en conflictos, denunció esta semana que recortes profundos en ayuda humanitaria han cerrado clínicas y refugios para víctimas de violencia de género.
“Nos dicen que no hay dinero para salvar vidas, mientras que el gasto en armamento continúa subiendo”, señaló en su informe anual ante el Consejo de Seguridad. El contraste es evidente: Estados Unidos y otras potencias reducen presupuestos de paz y protección civil mientras multiplican el gasto militar, tanto en el exterior como puertas adentro.
Según el mismo informe de Naciones Unidas:
- Más de 4.600 personas sobrevivieron a violencia sexual en 2024.
- El 25% más de casos que el año anterior.
- Los países con más casos: República Centroafricana, Congo, Haití, Somalia y Sudán del Sur.
En este clima internacional de creciente militarización, la militarización interna de las calles de la capital estadounidense refleja también una visión autoritaria sobre el papel del Estado y la coerción como herramienta de gobernanza.
La disputa por el alma de Washington
Lo que ocurre en Washington en este momento va más allá de una lucha contra el crimen. Es, en muchos sentidos, una pugna por el significado mismo del federalismo, la autonomía local y los límites del poder ejecutivo. Trump busca consolidar una imagen de “mano dura”, pero para muchos es también la encarnación del autoritarismo contemporáneo: control sobre la fuerza, manipulación de datos, erosión de los derechos civiles y minado progresivo de las instituciones democráticas.
Mientras siguen las redadas y escalan las tensiones políticas, cada vendedor ausente, cada niño que ya no juega en la acera, y cada comunidad que vive con miedo representa una señal de algo más profundo: una nación enfrentada no solo a su crimen, sino también a su conciencia.