Recortes y controversias: El rediseño radical de la inteligencia estadounidense bajo la administración Trump

Una reestructuración histórica del ODNI

En una medida que ha dejado perplejos a expertos y ha generado controversia dentro y fuera del gobierno, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) anunció recortes presupuestarios drásticos que superan los 700 millones de dólares al año y una significativa disminución de su plantilla de trabajadores.

La directora del ODNI, Tulsi Gabbard, proclamó que la comunidad de inteligencia se ha convertido en un aparato ineficiente, plagado de abusos de poder, filtraciones no autorizadas y una politización creciente de información sensible. Gabbard, figura polémica en círculos políticos por su apoyo ocasional al expresidente Donald Trump y sus posturas no convencionales, ha emergido como una aliada clave en una cruzada por reformar esta agencia estratégica.

“Durante los últimos 20 años, el ODNI se ha inflado en tamaño e ineficiencia. La comunidad de inteligencia debe volver a su misión principal: encontrar la verdad y proporcionar inteligencia objetiva, imparcial y oportuna al Presidente y los responsables políticos”, declaró Gabbard.

¿Quién es Tulsi Gabbard?

Excongresista demócrata por Hawái y excandidata presidencial en 2020, Gabbard ha transitado un camino político singular. Si bien alguna vez fue un prospecto progresista, sus posiciones posteriores —incluyendo su constante crítica a su propio partido, su firme oposición a intervenciones militares y su defensa de libertades civiles— la han ubicado más cerca del espectro conservador en los últimos años.

Su nombramiento al frente del ODNI en la administración Trump marcó una ruptura con la práctica tradicional de mantener esta oficina alejada de figuras políticas polarizantes, dado que históricamente ha sido considerada un órgano técnico y neutral.

Una agenda de limpieza interna

Desde su asunción, Gabbard ha liderado una purga ideológica al interior del ODNI. Esta semana, por orden directa del expresidente Trump, revocó las credenciales de seguridad de 37 funcionarios actuales y pasados, muchos de los cuales participaron en investigaciones sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

La medida ha sido interpretada como una acción encaminada a deslegitimar décadas de trabajo de inteligencia que no favorecen la narrativa del expresidente. Uno de los argumentos más polémicos es que el ODNI habría colaborado en manipular información con motivaciones políticas, específicamente usando unidades como el “Foreign Malign Influence Center”.

Rediseñando la lucha contra la desinformación exterior

El “Foreign Malign Influence Center” fue creado durante la presidencia de Joe Biden en 2022 con el objetivo de detectar y prevenir intentos de interferencia extranjera en las instituciones democráticas estadounidenses, en particular durante los procesos electorales.

Esta unidad fue determinante en alertar sobre un video ruso falso que mostraba la supuesta destrucción de boletas electorales por correo en Pensilvania, justo antes de las elecciones presidenciales de 2024. La difusión de dicho video generó confusión masiva y minó la confianza pública en el sistema electoral.

Sin embargo, Gabbard sostiene que el centro ha tenido un “enfoque hiperbólico en las elecciones” y que fue utilizado por la administración anterior para censurar la libre expresión y suprimir a la oposición política.

Entre vigilancia y censura: El dilema democrático

La raíz del conflicto radica en la delgada línea entre proteger la democracia y vulnerarla, un debate vigente no solo en Estados Unidos. Para muchos, iniciativas como el Foreign Malign Influence Center son necesarias ante amenazas híbridas provenientes de regímenes como Rusia o China. Para otros, son herramientas peligrosas que, si no se manejan con transparencia y control, pueden derivar en censura gubernamental.

ODNI ha sostenido que sus notificaciones de campañas de desinformación se limitan solo a aquellas operaciones atribuibles a actores extranjeros, evitando involucrarse en la supervisión de mensajes emitidos por ciudadanos estadounidenses. No obstante, la percepción pública ha sido de creciente desconfianza, sobre todo entre sectores conservadores.

Un esfuerzo sistemático en múltiples frentes

La drástica reorganización del ODNI forma parte de una visión más amplia del trumpismo, destinada a desmontar entes estatales considerados inflados o ideológicamente contaminados. En esta misma línea se ubican:

• La disolución del grupo especial del FBI que investigaba operaciones de influencia extranjera.
• W recortes significativos a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), vital para asegurar sistemas electorales.
• La eliminación o limitación de múltiples programas de protección a migrantes, como el Temporary Protected Status (TPS).

De hecho, la semana pasada, un tribunal federal de apelaciones permitió a la administración Trump eliminar el TPS para más de 60,000 migrantes de Centroamérica y Nepal, una decisión que fue celebrada por sectores republicanos pero denunciada como inhumana por organizaciones pro migrantes.

En palabras de la jueza federal Trina L. Thompson, el gobierno “terminó estas protecciones sin una revisión objetiva de las condiciones del país”, como violencia política o desastres naturales.

Un enfoque con consecuencias internacionales

Estas políticas tienen ramificaciones geopolíticas. Las acciones contra la comunidad de inteligencia y contra migrantes deterioran la imagen diplomática de EE.UU. como un baluarte de la democracia y los derechos humanos. También provocan tensiones con países aliados y multiplican la percepción de que temas sensibles son manejados con criterios políticos, debilitando la confianza de la ciudadanía.

Por ejemplo, la suspensión de autorización a más de 350,000 venezolanos y 500,000 haitianos bajo TPS ha causado desencuentros con delegaciones latinoamericanas, máxime cuando varias de estas poblaciones llevan más de 20 años residiendo y trabajando legalmente en suelo estadounidense.

“South Park” como crítica satírica del poder

La ola de reformas de Trump no se ha salvado del ojo crítico de la cultura pop. El emblemático programa “South Park” estrenó episodios satíricos que se burlan sin piedad de la toma federal del Departamento de Policía de Washington, D.C., así como de la figura misma de Trump y sus principales colaboradores.

En uno de los capítulos más controvertidos, se caricaturiza a la actual Secretaria del DHS, Kristi Noem, realizando actos grotescos como disparar a cachorros, aludiendo a su biografía, en la que narra haber sacrificado a su perro. Otro episodio presenta a un Trump obeso compartiendo cama con Satanás.

Estas representaciones, aunque caricaturescas, reflejan el descontento cultural ante políticas percibidas como autoritarias. Comedy Central reportó que el episodio con Noem alcanzó el mayor índice de audiencia de la historia del show, señal inequívoca de que el mensaje sigue calando en las masas.

Una estrategia basada en el poder más que en la reforma

De acuerdo con el senador republicano Tom Cotton, presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, la reestructuración hará del ODNI “una herramienta más fuerte y efectiva de seguridad nacional para el presidente Trump.” Pero críticos acusan que el movimiento solo busca centralizar el control informativo y debilitar los contrapesos institucionales.

Estos cortes representan, en el fondo, un pulso entre dos visiones irreconciliables: una que busca blindar las decisiones del Ejecutivo incluso a costa del debate democrático, y otra que defiende una institucionalidad robusta, independiente y técnica que rinda cuentas sobre el poder.

La guerra interna dentro del aparato estatal de EE.UU., entre quienes quieren transformarlo radicalmente y quienes creen que debe reformarse sin comprometer su razón de ser, parece aún lejos de concluir. Lo que es seguro es que los nuevos movimientos en el tablero volverán a poner a prueba la resiliencia democrática estadounidense en los meses y elecciones venideras.