Temporadas peligrosas: cómo la ofensiva migratoria en EE.UU. pone en riesgo a comunidades durante desastres naturales

El dilema migratorio en medio del desastre

Cuando un huracán se acerca, para la mayoría el instinto es claro: evacuar y proteger a la familia. Pero para miles de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos, cada evacuación conlleva una decisión aterradora: ¿arriesgarse a enfrentar la tormenta o enfrentar posibles agentes migratorios en los refugios?

Este dilema se está profundizando en estados como Florida y Texas, donde las comunidades de trabajadores agrícolas y migrantes han denunciado una creciente militarización de la respuesta a desastres naturales. La asociación de agencias locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Policía Fronteriza hace que lugares tradicionalmente seguros como escuelas públicas, hospitales y refugios gestionados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ya no se perciban como espacios neutrales.

María, atrapada entre dos amenazas

María, una trabajadora agrícola originaria de México que reside en Apopka, a 32 kilómetros al noroeste de Orlando, conoce esa realidad. En temporadas pasadas de huracanes, podía acudir con su hermana o refugiarse en un albergue público. Hoy, con operativos policiales al alza y leyes antimigratorias en vigor, cada alternativa de salvación puede ser también una trampa legal.

“Ellos pueden ir donde quieran. No hay límite”, afirma María, quien pidió mantener su apellido en reserva por miedo a ser arrestada. “Con todo lo que hemos vivido, ya no hay confianza”.

El contexto legal: una red en expansión

Desde 2023, la implementación del programa 287(g) ha permitido que cientos de agencias locales asuman tareas propias de ICE. Florida y Texas están a la cabeza de estos acuerdos.

Estos convenios han convertido a la policía local en colaboradora activa de las políticas migratorias federales, lo cual erosiona la confianza en servicios esenciales en momentos de crisis. Los inmigrantes indocumentados ya no sólo deben temer por sus vidas ante un huracán, sino también por su estatus legal.

Los centros FEMA ya no son seguros

El temor se extiende hasta la recuperación. Muchos damnificados evitan los centros de recuperación de FEMA por miedo a ser identificados. Esto afecta incluso a hogares mixtos, donde menores ciudadanos estadounidenses viven con padres indocumentados. Como explica Esmeralda Ledezma, de la organización Woori Juntos en Houston: “Aun si tienes derecho a la ayuda, temes ser castigado por ello”.

Un cambio de políticas que agrava la situación

Durante el mandato de Trump, se pretendió disuadir la inmigración ilegal con una estrategia de “tolerancia cero”. Una de sus consecuencias fue entrelazar a las agencias de respuesta ante emergencias con aquellas encargadas del cumplimiento migratorio. Incluso trabajadores de FEMA fueron temporalmente redirigidos para apoyar a ICE, y la Guardia Nacional fue activada para proteger centros de detención de inmigrantes.

En enero de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revocó la política que categorizaba colegios, hospitales y refugios como “áreas protegidas”. Desde entonces, no hay garantías de que ICE permanezca alejado de estos lugares durante una catástrofe. Como dijo Dominique O’Connor de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida: “Te vas a encontrar con agentes migratorios de cualquier manera”.

Legislación inquietante en estados clave

La nueva ley SB-1718 aprobada en Florida en 2024 impone sanciones penales a personas sin estatus legal que ingresen al Estado, dificultando aún más la evacuación segura. Incluso si un huracán categoría 4 golpea la región, muchos inmigrantes podrían decidir quedarse en casas endebles antes que exponerse a un arresto en rutas de evacuación vigiladas.

Rae Cardenas, directora ejecutiva del Doyle Community Center en Texas, relató cómo familias legales y mixtas evitaron los centros de ayuda post-inundaciones ocurridas en julio, por temor a la policía apostada en los accesos.

Comunidades que se organizan desde abajo

A pesar del entorno hostil, líderes comunitarios como Felipe Sousa Lazaballet, director del Hope Community Center en Apopka, están tomando la iniciativa. Su organización ha transformado su espacio en un centro de coordinación alternativo, distribuyendo información vital en varios idiomas y realizando entregas puerta a puerta para quienes se rehúsen a evacuar.

“Es una operación subterránea, de base”, dice Sousa Lazaballet. “Todos estamos en modo de emergencia cada día. Por eso debemos tener un plan”.

Sus esfuerzos incluyen persuadir a las autoridades locales de no requerir IDs en puntos de distribución o refugios municipales, aunque reconocen que ICE aún podría presentarse en cualquier momento.

Algunas ciudades intentan hacer la diferencia

En el condado de Alachua, Florida, el gobierno ha lanzado programas para distribuir mensajes de emergencia en español, criollo haitiano y otras lenguas. La coordinadora de acceso lingüístico, Gracia Fernández, explicó que los refugios en su área no pedirán identificación. Sin embargo, reconoce que el miedo sigue: “Todavía hay riesgo. Pero intentaremos que se sientan seguros”.

El futuro: una crisis humanitaria a la vista

Una amenaza climática puede golpear en cualquier momento. La temporada de huracanes del Atlántico alcanza su pico desde agosto hasta octubre, y con eventos futuros más extremos debido al cambio climático, la vulnerabilidad de estas comunidades sólo aumentará.

Según un reporte del Center for American Progress, cerca de 6 millones de personas sin estatus legal residen en zonas propensas a catástrofes naturales en EE.UU. (2023). De ellas, más de un millón están ubicadas en Florida y Texas.

En vez de apoyo oficial, estas comunidades enfrentan una red de políticas expulsivas y opresivas. La situación se torna más irónica al saberse que gran parte de estas personas son trabajadores esenciales en sectores agrícolas, de construcción y limpieza. En otras palabras, ellos son fundamentales durante la recuperación tras un desastre natural.

Ante la tormenta, la resistencia crece

“Estamos acostumbrados al peligro”, dice O’Connor. “Pero nadie espera elegir entre un huracán o la deportación”.

La falta de normativas claras por parte del DHS sobre suspensiones temporales de los operativos migratorios durante emergencias hace más urgente que nunca una solución, o al menos una política humanitaria clara.

Mientras tanto, son los centros comunitarios, las organizaciones sin fines de lucro y los propios vecinos quienes están construyendo puentes frente al miedo, y esperanza frente a la devastación.

En palabras de Sousa Lazaballet: “En tiempos de tormenta, no podemos permitir que nadie enfrente el peligro solo”.