Trump, espionaje y venganza política: Las purgas silenciosas del acceso a información clasificada

El poder discrecional del acceso a información clasificada

En el mundo de la seguridad nacional, los permisos de acceso a información clasificada son instrumentos fundamentales. No solo permiten a quienes ocupan cargos delicados tomar decisiones informadas, sino que también posibilitan que exfuncionarios sigan colaborando como asesores, consultores o contratistas en proyectos sensibles para el gobierno de Estados Unidos.

Cuando se retiran estos accesos por razones políticas –sin una causa formal o basada en riesgos efectivos de seguridad–, el sistema democrático comienza a crujir. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo actualmente bajo la administración de Donald Trump, quien ha convertido los security clearances en un arma contra adversarios políticos.

Una estrategia conocida: retribución personal

Esta semana marcó un nuevo episodio de esta saga: la cancelación de 37 permisos de seguridad pertenecientes a funcionarios actuales y exfuncionarios del gobierno y agencias de inteligencia. Algunos de los afectados formaban parte del equipo de seguridad nacional del expresidente Joe Biden, otros habían trabajado en investigaciones molestamente incisivas para Trump, como la del intervencionismo ruso en las elecciones de 2016.

Los expertos interpretan esta acción como una represalia política. No es la primera vez. Trump ya había adoptado medidas similares al principio y durante su primer mandato presidencial. El mensaje implícito parece claro: discrepar o investigar al expresidente puede costarte tu carrera.

Depuración de críticos: el caso Hunter Biden

Una de las purgas más polémicas de permisos ocurrió tras la publicación de una carta en 2020, firmada por 51 exoficiales de inteligencia, alertando sobre posibles tácticas de desinformación rusa en torno al entonces escándalo del portátil de Hunter Biden, hijo del actual presidente.

Entre los firmantes figuraban figuras prominentes: James Clapper, John Brennan, Leon Panetta y John Bolton. Trump respondió con furia: les anuló los accesos como castigo por dudar públicamente de la veracidad de los correos filtrados.

Lo irónico es que el mismo Donald Trump había apoyado al entonces Director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, quien declaró no tener evidencia que vinculara el incidente del portátil con ciberataques rusos. El FBI reforzó esa tesis.

¿Venganza o iniciativa de seguridad nacional?

La justificación oficial de Trump para estas revocaciones gira en torno a la supuesta pérdida de confianza en las personas afectadas. Sin embargo, cuando vemos la lista completa de perjudicados, la aparente motivación de seguridad palidece ante la motivación política y personal.

Entre los sancionados están funcionarios de alto nivel de la administración Biden como Kamala Harris y Antony Blinken, además de fiscales como Andrew Weissmann –clave en la investigación Mueller sobre la injerencia rusa– o Alvin Bragg, quien procesó a Trump en el caso de los pagos secretos a Stormy Daniels.

El caso Mark Zaid: un abogado en la mira

Uno de los casos más fascinantes es el de Mark Zaid, abogado especializado en seguridad nacional y representante de varios whistleblowers. Su delito: haber participado en las denuncias durante los escándalos que desencadenaron los procesos de impeachment contra Trump.

Zaid ha llevado su caso ante la justicia, alegando que la cancelación de su permiso de seguridad compromete su labor profesional. Al ser uno de los pocos abogados con acreditaciones para representar casos clasificados, su exclusión tiene implicaciones serias para la protección de los informantes, un pilar fundamental del equilibrio institucional estadounidense.

El giro judicial: firmas legales en la lista negra

En una jugada que recuerda a regímenes mucho más autoritarios que democráticos, Trump firmó órdenes ejecutivas contra firmas legales particulares que considera problemáticas. ¿Su crimen? Tener vínculos profesionales con abogados que han litigado contra él o representar intereses contrarios.

Empresas como Perkins Coie, WilmerHale, Susman Godfrey y Jenner & Block fueron debilitadas institucionalmente al eliminar los permisos de seguridad de sus socios, prohibiendo su acceso a edificios federales e incluso cancelando contratos federales. Afortunadamente, los despachos lograron revocar esas órdenes en tribunales, pero el precedente es alarmante: usar la presidencia como tribuna para hostigar jurídicamente a quienes piensan diferente.

Jeanine Pirro y el giro en política de armas en Washington D.C.

Aparte de las medidas sobre seguridad nacional, Trump también ha influido radicalmente en la política de armas. La nueva política liderada por Jeanine Pirro, fiscal del Distrito de Columbia e instalada en el cargo por el propio Trump, limita la capacidad de los fiscales de presentar cargos por tenencia de rifles y escopetas en Washington.

Según Pirro, esta medida respeta las decisiones de la Corte Suprema, especialmente el fallo District of Columbia v. Heller (2008), que reconoció el derecho a la posesión de armas para defensa personal. Su decisión también se apoya en un fallo de 2022 que anuló una ley neoyorquina que restringía portar armas en público.

Lo preocupante es que esta política se anuncia en el contexto del estado de emergencia por crimen en Washington, con patrullajes de la Guardia Nacional y una militarización creciente de las calles. Mientras tanto, más de 76 armas han sido incautadas desde que inició la crisis.

¿Un nuevo estilo de presidencia o una amenaza institucional?

Lo que algunos sectores del Partido Republicano celebran como el regreso de un liderazgo fuerte, muchos analistas lo describen como una erosión progresiva del Estado de Derecho. El uso selectivo y punitivo de los instrumentos del poder ejecutivo revela una peligrosa tolerancia al autoritarismo.

Históricamente, Estados Unidos ha sido modelo de separación de poderes, independencia judicial y profesionalismo en inteligencia. Trump, con sus decisiones sobre permisos de seguridad, ha convertido áreas técnicas cuya administración debía regirse por criterios objetivos en campos de batalla ideológicos.

Cifra y contexto

• Más de 84 personas han visto revocado su acceso a información clasificada desde 2020 según reportes federales.
• Cerca del 12% de los antiguos altos funcionarios de la CIA han perdido sus privilegios de acceso por orden presidencial directa.
• La American Civil Liberties Union considera que muchos de estos actos pueden violar derechos consagrados en la Primera Enmienda.

¿Qué sigue?

Con un nuevo ciclo electoral en puertas, el control de los recursos de inteligencia podría jugar un papel aún más delicado. Si se consolida la tendencia de instrumentalizar permisos de seguridad, leyes federales y políticas sobre armas al servicio de una sola narrativa presidencial, la democracia estadounidense corre el riesgo de convertirse en una parodia de sí misma.

Los observadores internacionales, que hace décadas miraban hacia Washington como el farol de las libertades, ahora lo hacen con creciente inquietud.