Colombia en llamas: una mirada crítica al regreso de la violencia entre disidencias armadas y el Estado

El jueves 7 de agosto de 2025, Colombia fue sacudida por dos brutales atentados que dejaron al menos 13 muertos y decenas de heridos. En Antioquia, un helicóptero policial fue derribado durante una misión antidrogas; mientras, en Cali, un atentado con carro bomba cerca de una escuela militar dejó cinco víctimas fatales y más de 30 heridos. Lo más preocupante: estos actos marcan un preocupante giro hacia la reactivación de estructuras armadas ilegales en zonas clave del país.

¿Quiénes están detrás?

El presidente Gustavo Petro no tardó en señalar a los disidentes de las FARC como los responsables de atacar el helicóptero en Antioquia. Estos grupos, que nunca aceptaron el Acuerdo de Paz de 2016, han vuelto con fuerza tras la desmovilización oficial del grupo insurgente más grande del país. Además, en un giro inesperado, Petro también apuntó inicialmente al Clan del Golfo como posible responsable del ataque aéreo, atribuyendo el hecho a represalias por recientes incautaciones de cocaína.

Pero más allá de la autoría puntual de estos actos aterradores, la realidad es clara: Colombia enfrenta un colapso en sus esfuerzos por sostener una paz duradera.

Disidencias armadas: ¿resurgimiento o continuidad?

Las disidencias de las FARC no son un fenómeno nuevo. En 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó un ambicioso Acuerdo de Paz con la guerrilla, que en teoría debía acabar con más de 50 años de conflicto armado. Sin embargo, alrededor de 2.500 a 3.000 exguerrilleros nunca se acogieron al pacto, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), y en vez de deponer las armas, se reconfiguraron en nuevos grupos con intereses territoriales, promotores de minería ilegal y narcotráfico.

Según el último informe del Observatorio de Drogas de las Naciones Unidas, Colombia alcanzó un récord histórico de 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023, evidenciando el retorno de condiciones propicias para que grupos armados vuelvan a operar con fuerza.

El ataque con dron: ¿nuevo nivel de sofisticación?

Lo que dimensiona el horror del atentado de Antioquia es la tecnología utilizada. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, informó que el helicóptero fue atacado por un dron explosivo, una escalada tecnológica inédita en el conflicto colombiano. El uso de drones en acciones militares era hasta hace poco terreno exclusivo de fuerzas estatales o conflictos en el Medio Oriente.

“Este hecho marca un antes y un después en las capacidades de ataque de estos grupos ilegales. Ya no hablamos de emboscadas tradicionales en la selva, sino de inteligencia, logística e innovación criminal”, indicó Ariel Ávila, senador y analista de seguridad.

Este avance preocupa a expertos debido a su bajo costo, su amplia disponibilidad en el mercado internacional y su difícil detección por parte de las fuerzas armadas.

El atentado en Cali: objetivo simbólico y urbano

Simultáneamente, un vehículo cargado de explosivos fue detonado cerca de una escuela de aviación militar en Cali. Este atentado, claramente planificado para golpear un símbolo del poder estatal, dejó cinco muertos civiles y más de 30 personas heridas.

La relevancia de este ataque está en su localización urbana. A diferencia de otros actos violentos que suelen concentrarse en zonas rurales o de frontera, este nuevo acto terrorista explotó en una ciudad de más de 2 millones de habitantes, elevando el nivel de alerta nacional y las preocupaciones ciudadanas.

Las víctimas invisibles: los desplazados y las comunidades rurales

Cuando se habla de estos hechos, muchas veces se olvida que detrás de cada atentado hay centenares de campesinos desplazados, agricultores acosados y líderes sociales asesinados. Desde 2016, más de 1.000 líderes sociales han sido asesinados —según Indepaz—, y las zonas con cultivos de coca se han convertido una vez más en epicentros de violencia.

La resistencia civil a la erradicación voluntaria también se ha incrementado, ya que los campesinos denuncian que no existen suficientes alternativas económicas. En palabras de Juan Carlos Quíntana, líder campesino de Antioquia:

“Nos prometieron sustitución y proyectos, pero aquí nadie ha cumplido. Erradican sin dar opciones y nos dejan en la miseria; por eso los grupos armados vuelven con facilidad.”

Gustavo Petro y el dilema de la 'Paz Total'

Desde su llegada al poder, el presidente Gustavo Petro ha impulsado su proyecto de “Paz Total”, con el objetivo de negociar con todas las estructuras armadas existentes, incluidas las FARC disidentes, el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos regionales.

No obstante, los ataques recientes han llevado a muchos a cuestionar la efectividad de su enfoque conciliador. Diversos sectores políticos acusan al mandatario de ceder terreno en la lucha contra el crimen organizado.

La exministra de Defensa María Fernanda Cabal afirmó:

“Lo que estamos pagando es la factura de una política ingenua. Mientras el gobierno habla de paz, los grupos armados se están rearmando bajo nuestras narices.”

El modelo de seguridad en crisis

Los acontecimientos recientes exponen, además, una fractura grave en la estructura de inteligencia y seguridad del Estado colombiano. La capacidad de anticipación es escasa, la disuasión es insuficiente, y las regiones donde actúan los nuevos grupos armados están huérfanas de presencia estatal real.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 384 municipios colombianos están en riesgo de hostilidades armadas para finales de 2025, superando los niveles de alerta previos al Acuerdo de Paz. Esto incluye regiones de Arauca, Chocó, Nariño, Cauca y Antioquia, entre otras.

¿Escenario de guerra híbrida?

Los métodos usados por los grupos disidentes, a través de drones, explosivos en zonas urbanas y financiamiento con un narcotráfico cada vez más transnacional, comienzan a configurar lo que algunos expertos denominan una guerra híbrida.

Se trata de conflictos donde se combinan acciones militares irregulares con mediáticas, tecnológicas y económicas, como se ha visto en casos como Siria, Irak o Ucrania.

Colombia se enfrenta así no solo a actores armados con rifles, sino con conocimiento logístico, conexiones internacionales y dominio comunicacional.

¿Y la comunidad internacional?

A pesar de los compromisos firmados con la ONU y organismos de verificación, la comunidad internacional ha comenzado a mostrar signos de fatiga en su apoyo a Colombia. La falta de avances contundentes en la implementación integral del Acuerdo de Paz, sumada al incremento de asesinatos de líderes sociales, ha generado escepticismo incluso entre los aliados europeos tradicionales.

La actual coyuntura pone a prueba la capacidad del Estado colombiano de controlar sus territorios, brindar garantías a la población y contener una posible vuelta al conflicto armado a gran escala.

Petro enfrenta el momento más crítico de su presidencia, y sus decisiones en los próximos meses serán determinantes para el rumbo del país.

Mientras tanto, Colombia, aún herida, camina sobre brasas.