Cuerpos en descomposición y cenizas falsas: el estremecedor caso del tanatorio Davis en Colorado

Un tanatorio bajo la lupa: el escándalo del Davis Mortuary

En el tranquilo condado de Pueblo, Colorado, se ha destapado un caso que roza lo macabro y ha expuesto deficiencias sistémicas en la regulación funeraria del estado. Las autoridades descubrieron recientemente múltiples cuerpos en avanzado estado de descomposición dentro del Davis Mortuary, un establecimiento dirigido por Brian Cotter, actual forense del condado. Lo que parecía una simple inspección de rutina ha destapado uno de los escándalos más perturbadores del sector funerario estadounidense en los últimos años.

El hallazgo fue posible gracias a una inspección detrás de una puerta disimulada tras un expositor de cartón. Allí, los agentes fueron golpeados por un olor intenso a descomposición. Según el informe de los reguladores, Cotter admitió que algunos cuerpos llevaban esperando cremación ¡más de 15 años! Además, no descartó haber entregado restos cremados falsos a familiares de los difuntos.

Una historia de negligencia tolerada

Quizás lo más indignante de este caso es que no es un hecho aislado, sino el resultado de una larga permisividad regulatoria. Colorado ha sido durante años uno de los estados más laxos en cuanto a la supervisión de funerarias. Hasta hace muy poco, no se requerían inspecciones periódicas ni siquiera calificaciones profesionales específicas para operar un negocio mortuorio en el estado.

Esto abrió las puertas a múltiples abusos. En 2023, otro caso espeluznante paralizó al país cuando casi 200 cuerpos en descomposición fueron encontrados almacenados sin refrigeración en una funeraria de Penrose, a tan solo 50 kilómetros de Pueblo.

Brian Cotter, junto con su hermano, compró el Davis Mortuary en 1989, según la página web del negocio. Ambos heredaron una “forma tradicional” de operar, aprendida de su padre. Sin embargo, esa tradición, lejos de garantizar ética o profesionalismo, parece haber fomentado prácticas obsoletas e incluso delictivas.

¿Falta de controles o colusión institucional?

Si bien las recientes inspecciones han expuesto estos horrores, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que estos hechos hayan pasado desapercibidos durante años? Es llamativo que Brian Cotter ostente el doble papel de dueño de la funeraria investigada y forense del condado. Dicha situación plantea severos conflictos de interés y sugiere que pudo haber una tolerancia institucional hacia irregularidades que claramente violan estándares sanitarios y morales.

Según US News, Colorado ocupaba uno de los últimos lugares en regulación estatal del sector funerario hasta 2021. El sistema dejaba en manos privadas gran parte de los controles, lo que permitía crear “zonas grises” fácilmente manipulables por operadores sin escrúpulos.

Cuerpos olvidados, duelo irresuelto

El impacto más profundo de esta negligencia sistemática recae en las familias. A muchas, se les habría entregado cenizas que no correspondían a sus seres queridos, o incluso materiales falsos. Esto no solo es engañoso, sino una profunda falta de respeto hacia los dolientes, quienes depositaron su confianza —en muchos casos, tras dolorosos eventos— en una institución que violó un pacto de dignidad.

“Pensé que había hecho lo correcto, pero ahora ni siquiera sé si lo que tengo son realmente sus cenizas”, relató entre lágrimas Mary Jenkins, una residente de Pueblo cuya madre fue “cremada” por Davis Mortuary en 2012.

Más allá de lo legal, se trata de traición emocional, de una carga psicológica difícil de cuantificar.

Una tendencia nacional que exige regulación

Estados como Nueva York, California o Massachusetts exigen licencias rigurosas, auditorías anuales y protocolos de formación constante para quienes operan funerarias. En contraste, hasta 2021, Colorado ni siquiera exigía a los operadores tener título alguno. Esto permite que supermercados de la muerte —como Davis Mortuary o Return to Nature Funeral Home— operen sin supervisión ni consecuencias hasta que ocurre una tragedia.

En un reporte de National Funeral Directors Association, se estima que el 12% de las funerarias estadounidenses presentan deficiencias serias de cumplimiento normativo. En estados con regulaciones débiles, ese porcentaje puede superar el 20%.

Tras el escándalo de Penrose en 2023, Colorado aprobó nuevas reformas legislativas que imponen auditorías regulares y certificaciones mínimas. No obstante, el caso Cotter prueba que aún hay brechas por cerrar. Cuestiones de supervisión cruzada, independencia institucional y acceso a mecanismos de denuncia ciudadana siguen siendo limitados.

Cuando la ética se convierte en negocio

La industria funeraria en Estados Unidos mueve más de 20 mil millones de dólares al año. Colorado, aun siendo un estado mediano en población, cuenta con más de 200 establecimientos registrados. Este volumen de negocios ha atraído a operadores que, muchas veces, ven la muerte como oportunidad económica más que como un servicio humano.

De hecho, muchos negocios del rubro han sido adquiridos por conglomerados corporativos que centralizan sus operaciones y disminuyen personal con tal de maximizar rentabilidad. Según un análisis del Los Angeles Times, esta “corporatización de la muerte” ha deteriorado la calidad del servicio en múltiples estados.

“Estamos viendo cómo funerarias incumplen sistemáticamente con estándares básicos, en parte porque los márgenes de beneficio han llegado a ser más importantes que el trato humano”, declaró Mindy Brashears, directora de seguridad alimentaria en Texas Tech University, quien también ha colaborado en casos similares.

Llamados a la justicia y reparación

El caso Davis Mortuary está siendo investigado por una coalición entre la Policía de Pueblo, la Oficina del Sheriff, el Departamento de Regulaciones de Colorado y la Oficina Estatal de Investigación Criminal. Las autoridades aseguraron que se brindará apoyo a las familias afectadas y se realizarán análisis de ADN para verificar identidades cuando sea posible.

También se está estudiando si proceder penalmente contra Cotter por manipulación indebida de cadáveres, fraude y abuso de autoridad. De confirmarse todo, podría enfrentar varios años de prisión y la revocación permanente de su licencia (si es que poseía una válida).

La reparación moral, sin embargo, es mucho más difícil de alcanzar.

Una lección nacional escrita en tragedia

Este caso debería ser una alerta roja para todo el país. La supervisión de los servicios relacionados con la pérdida humana —desde funerarias hasta morgues y cementerios— no puede delegarse al azar ni a un sistema autorregulado.

La dignidad no acaba con la muerte. El respeto hacia los difuntos y sus seres queridos debe comenzar por un Estado que garantice controles férreos, transparencia y sanciones ejemplares para quienes lucran con el dolor ajeno.

Este horror narrado en Pueblo no debería olvidarse con facilidad. Las victimas no solo están bajo tierra (o acumuladas en habitaciones ocultas por cartón), también están en la confianza quebrada de una comunidad entera.

Y solo una reforma profunda nos permitirá mirar hacia adentro —como sociedad— con la dignidad que exigimos para nuestros muertos.