Donald Trump: ¿El regreso de un presidente blindado por la inmunidad?

Un regreso que redefine las reglas del juego político y judicial

La historia política de Estados Unidos ha sido testigo de personajes tan polarizantes como Donald J. Trump. Sin embargo, su retorno a la presidencia tras una campaña teñida por la controversia judicial presenta un escenario inédito: un presidente en funciones que ha logrado, al menos temporalmente, eludir el peso de múltiples procesos penales y civiles. ¿Qué implica esto para el sistema judicial, el equilibrio de poderes y la democracia estadounidense?

Del banquillo al Despacho Oval

Antes de volver a ocupar la Casa Blanca en enero de 2025, Trump enfrentaba un alud de investigaciones criminales y demandas civiles. Su victoria electoral no solo detuvo, sino que diluyó temporalmente muchas de esas causas, amparado por una política del Departamento de Justicia que prohíbe procesar penalmente a un presidente en funciones.

Esta paradoja marca un punto de inflexión político-legal en la historia moderna del país. Como observó la politóloga Barbara Perry del Miller Center de la Universidad de Virginia: “Nunca habíamos visto un regreso presidencial teniendo en juego este nivel de litigios personales y planteamientos sobre inmunidad presidencial tan conflictivos”.

Los cuatro frentes penales que se desvanecen

• Caso de dinero para silenciar un escándalo sexual (Nueva York): En mayo de 2024, Trump fue condenado por 34 delitos de falsificación de registros empresariales para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels. Aunque fue hallado culpable, el juez le otorgó una descarga incondicional, sin pena aplicable. Trump ahora apela mientras ejerce como presidente.
• Interferencia electoral en Georgia: Acusado junto a 18 aliados de intentar revertir los resultados de 2020, el caso se paralizó cuando se reveló una relación entre la fiscal Fani Willis y el abogado especial del caso. Un tribunal retiró a Willis del proceso, en medio de recursos que podrían quedar sin efecto dada la inmunidad presidencial.
• Intento de anular las elecciones federales (Capitolio, enero 6): El fiscal especial Jack Smith imputó a Trump por conspiración y obstrucción de un procedimiento oficial. Sin embargo, tras su reelección en noviembre de 2024, Smith retiró los cargos, citando la imposibilidad legal de juzgar a un presidente en funciones.
• Retención ilegal de documentos clasificados: Otro caso federal en el que se acusaba a Trump de haber ocultado documentos del Pentágono en Mar-a-Lago y mostrado información confidencial en su club de golf. También fue cancelado tras su victoria electoral.

Todos estos casos se desmoronaron o están congelados, lo que genera reacciones encontradas. Mientras sus partidarios celebran “la persecución política vencida”, los críticos ven un desafío al Estado de Derecho.

Demandas civiles: una resistencia en evolución

Si las causas penales se desactivaron, las demandas civiles continúan en diversos grados de apelación. Entre las más notables:

• Casos por difamación y abuso sexual (E. Jean Carroll): Trump fue condenado a pagar $5 millones en 2023 por abusar sexualmente de la periodista en los 90. En 2024, se añadieron otros $83.3 millones por difamación. Aunque sus apelaciones están en curso, algunas han sido rechazadas por las cortes federales.
• Fraude financiero en Nueva York: La fiscal Letitia James demandó a Trump por inflar el valor de activos como Trump Tower y Mar-a-Lago. Aunque la corte anuló en 2024 una multa de más de $500 millones calificándola de excesiva, confirmó que hubo fraude. Trump y sus hijos están vetados temporalmente de liderar empresas.

Lo significativo es que, aunque ninguna de estas demandas le impide ejercer la presidencia, sí podrían afectar su patrimonio y reputación, y seguirán pendiendo sobre su legado político.

¿Un precedente peligroso para la justicia?

La doctrina que impide procesar penalmente al presidente en funciones no es ley escrita, sino una política interna del Departamento de Justicia que data de 1973. Su empleo para suspender cuatro investigaciones penales contra Trump reaviva un viejo debate: ¿debería un presidente estar por encima de la ley durante su mandato?

La exfiscal federal Joyce Vance comentó en MSNBC: “Trump no fue absuelto por la justicia, sino blindado por la oficina que juró proteger la ley. Esto no es una victoria legal, sino política”.

Y es que, a diferencia del caso de Richard Nixon que dimitió antes de que el proceso de destitución avanzara, Trump ha usado la narrativa de persecución política para fortalecerse ante su base electoral.

¿Erosión institucional o resiliencia democrática?

Para algunos analistas, este escenario debilita la separación de poderes. La inacción judicial ante figuras que vuelven al poder con múltiples causas pendientes puede desincentivar futuras investigaciones o crear un nuevo protocolo informal: esperar que un presidente termine su mandato, aunque sea sospechoso de delitos graves.

Por otro lado, también hay quien defiende que el sistema, aunque imperfecto, está funcionando como debe. Trump no ha quedado exento de las consecuencias de los fallos adversos en lo civil, y muchas de las decisiones judiciales se mantienen bajo apelación. Según un análisis de Lawfare, la mayoría de los tribunales han reafirmado que existen pruebas sólidas en su contra, pero operan con los límites constitucionales que se les imponen.

El impacto electoral: ¿premio o castigo?

Paradójicamente, la acumulación de casos judiciales no pareció mermar el apoyo popular de Trump. En 2024 ganó su reelección con un margen ajustado pero contundente en estados clave como Michigan, Wisconsin y Arizona. Según datos del Pew Research Center, un 72% de sus votantes dijeron no creer en la legitimidad de su condena en Nueva York, viéndola como motivación política.

De hecho, lo que podría considerarse un desgaste judicial terminó por consolidar su aura de víctima del “sistema” y reforzó su conexión emocional con una base que prioriza la economía, la inmigración y el sentimiento anti-élite.

¿Qué sigue para la justicia, y para Trump?

Aunque las causas penales parezcan archivadas por ahora, podrían reactivarse si Trump deja el poder, dependiendo de los plazos de prescripción. En lo civil, sus apelaciones seguirán desarrollándose ante la Corte Suprema y otros tribunales federales y estatales. Pero hasta entonces, Trump vive en una especie de limbo judicial: impune por funciones, pero no absuelto.

Como señalaba el constitucionalista Laurence Tribe en CNN: “El sistema fue pensado para evitar que un hombre fuerte se ubicara por encima de la ley. Hoy, ese equilibrio está más en juego que nunca”.

Lo que está claro es que el regreso de Trump a la presidencia no solo marcó un giro en su biografía, sino también un punto de inflexión para la democracia estadounidense que seguirá siendo analizado durante décadas.