El gran hermano universitario: ¿surge un Estado de vigilancia en los campus estadounidenses?

Durante las últimas semanas, un torbellino de decisiones gubernamentales y judiciales ha encendido un debate crítico sobre los derechos civiles, la vigilancia estatal y la autonomía universitaria en Estados Unidos. Nos enfrentamos a un mosaico inquietante que conecta el uso polémico de cargos públicos, la deportación masiva basada en 're-vetting' de visas, y la creciente presión sobre los campus universitarios para controlar las manifestaciones en nombre de la seguridad nacional y la lucha contra el antisemitismo.

Una fiscal sin permisos y la politización del sistema judicial

El juez federal Matthew Brann dictaminó que Alina Habba, exabogada del expresidente Donald Trump, ha ejercido de forma ilegal como fiscal federal principal en Nueva Jersey desde julio de 2025. Esta afirmación se apoya en el hecho de que su cargo provisional expiró tras 120 días, pero continuó en funciones sin designación formal del Senado.

Más allá del tecnicismo legal, el caso de Habba resalta algo más preocupante: el uso estratégico de figuras cercanas a Trump para adoptar responsabilidades significativas en el aparato judicial, sin el debido proceso constitucional. Y esto no ocurre en el vacío; el trasfondo es una administración obsesionada con el control migratorio y la represión de disidencias internas.

Revisión masiva de 55 millones de visas: ¿una caza de brujas moderna?

En una revelación alarmante, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que está revisando los expedientes de más de 55 millones de personas con visas válidas, buscando posibles motivos para revocar sus permisos de permanencia.

“Todos los titulares de visas están sujetos a una revisión continua”, comunicó el Departamento, asegurando que se analizan factores como antecedentes penales, redes sociales y vínculos con organizaciones terroristas.

Aunque las autoridades insisten en que se trata de medidas para preservar la seguridad nacional, las cifras proporcionadas inquietan: desde el regreso de Trump a la presidencia, se han revocado más de 6.000 visas estudiantiles, de las cuales unas 4.000 fueron por violaciones legales confirmadas. Entre 200 y 300 se vinculan con apoyo al terrorismo.

Lo que comenzó como una estrategia centrada en estudiantes pro-palestinos o vinculados a actividades antiisraelíes ha escalado hacia una virtual vigilancia masiva preventiva, donde el simple mal uso de redes sociales puede derivar en una revocación de visa, muchas veces sin aviso previo ni derecho al debido proceso.

Vigilancia en los campus: represión disfrazada de seguridad

En este contexto gubernamental de supuesta vigilancia preventiva y limpieza ideológica, más de 30 organizaciones de derechos civiles —entre ellas Amnesty International USA y el Electronic Privacy Information Center— enviaron una carta abierta a 60 universidades de EE.UU., instando a que eliminen los sistemas de vigilancia en campus.

“La vigilancia no hace a una universidad más segura. Enfría la libertad de expresión y pone en peligro a estudiantes que se manifiestan contra la injusticia”, denunció Will Owen del grupo Surveillance Technology Oversight Project.

Las demandas van desde rechazar la cooperación con agencias federales que buscan detener o deportar estudiantes, hasta prohibir el uso de tecnologías de reconocimiento facial y la recopilación de datos biométricos. También reclamaron protección para el uso de máscaras en protestas y mecanismos contra la práctica del doxxing (la divulgación pública de información personal con fines de intimidación).

Se trata de universidades tan prominentes como Yale, Michigan y Columbia, esta última alcanzando recientemente un acuerdo con el gobierno para recuperar más de 220 millones de dólares en fondos federales que habían sido congelados, según se comunicó, como castigo por no abordar “suficientemente” el antisemitismo en su campus.

¿Una doctrina Trumpista de control total?

Este enfoque multidimensional —nombramientos judiciales abusivos, revisión retroactiva de millones de visas, presión sobre instituciones educativas— ha generado un debate cada vez más urgente: ¿Estamos observando la consolidación de un régimen de vigilancia total dentro de una democracia que dice defender la libertad?

Desde 2017, la administración Trump ha articulado gran parte de su agenda bajo el manto de “seguridad nacional”, un término que le ha valido para implementar prohibiciones migratorias (el recordado Muslim Ban), reforzar ICE (Immigration and Customs Enforcement), y presionar a gobiernos locales para participar en redadas migratorias incluso contraviniendo sus propias leyes.

Lo nuevo es la sinergia institucionalizada entre esta vigilancia federal y actores universitarios, quienes —según denuncian los grupos de derechos civiles— han comenzado a utilizar tecnologías de monitoreo biométrico, verificación de redes sociales y colaboración con fuerzas del orden como forma de proteger sus intereses financieros frente a represalias de Washington.

Activismo estudiantil bajo asedio

En la primavera de 2024, múltiples campus universitarios de Estados Unidos presenciaron protestas pro-palestinas, muchas de ellas lideradas por colectivos estudiantiles que denunciaban no solo la política internacional de EE.UU., sino también el silencio institucional ante violaciones a sus propias normas éticas y académicas.

Las respuestas de las universidades fueron mixtas. Algunas endurecieron reglamentos sobre protestas, impusieron restricciones de movilidad estudiantil, bloquearon asociaciones e incluso registraron a manifestantes con dispositivos inteligentes. Otras, como Columbia, apelaron a la negociación, pero no sin antes sufrir recortes presupuestarios por presiones del Departamento de Educación.

Para muchas de estas instituciones, el dilema parece insalvable: si defienden los derechos de sus estudiantes y profesores, arriesgan financiación clave para sus proyectos científicos; si ceden a las directrices gubernamentales, comprometen su autonomía académica y credibilidad pública.

Una protesta entre algoritmos y actos administrativos

El control sobre la disidencia ya no se limita a patrullas en las calles. Se gesta también desde algoritmos que monitorean publicaciones en Instagram, desde escaneos faciales instalados en bibliotecas, o desde perfiles construidos a partir de datos compartidos con terceros.

El problema de fondo es que este panóptico digital se basa en supuestos de culpabilidad preventiva: cualquier estudiante, activista o visitante no ciudadano puede ser considerado una amenaza potencial, lo que justifica medidas excepcionales. Sin embargo, es precisamente aquí donde las democracias liberales deben trazar límites.

Como señalan desde la organización Muslim Advocates: “Debemos estar atentos al momento histórico. Las acciones de hoy sientan precedentes jurídicos y éticos. Si no resistimos ahora, mañana podría ser demasiado tarde”.

¿La universidad como bastión final?

Durante décadas, los campus estadounidenses representaron el epítome de la protesta social, desde el movimiento por los derechos civiles en los años 60 hasta las manifestaciones contra la guerra de Irak. Pero ahora, cuando más se necesita esa tradición crítica, las herramientas tecnológicas y una administración ideologizada amenazan con socavarla desde dentro.

El llamado de más de una treintena de organizaciones a las universidades estadounidenses no es solo una exigencia puntual. Es un grito de alerta: la defensa de las libertades individuales se está trasladando de las cortes a las aulas. Y dependiendo de lo que ocurra allí, puede que definamos el alcance real de la democracia en el siglo XXI.