Espionaje en las Salas de Consulta: La ofensiva política contra la atención médica para jóvenes trans en EE.UU.
Una mirada crítica al uso del poder judicial y político para intimidar la atención médica de afirmación de género en menores, y las profundas implicaciones éticas y legales de esta cruzada conservadora.
Un nuevo frente de batalla en la guerra cultural
En el corazón de Estados Unidos se libra una de las más complejas y controvertidas luchas de la actualidad: la atención médica afirmativa para jóvenes transgénero. En un giro alarmante y sin precedentes, el Departamento de Justicia bajo la administración de Donald Trump ha iniciado una ofensiva judicial dirigida a médicos y clínicas que brindan atención médica de afirmación de género a personas menores de 19 años.
Este no es simplemente otro debate político. Se trata de políticas gubernamentales que, según críticos y expertos legales, están cruzando líneas fundamentales en la privacidad médica y los derechos de los pacientes.
Subpoenas: herramientas de investigación o tácticas de intimidación
A principios de julio, la Fiscal General Pam Bondi anunció el envío de más de 20 citaciones judiciales (subpoenas) a clínicas y médicos especializados. Pero lo que parecía ser una investigación por “fraude médico, declaraciones falsas y otros delitos” rápidamente se reveló como algo significativamente más invasivo. En vez de limitarse a solicitar políticas institucionales, las órdenes exigían información detallada de pacientes individuales, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social, dirección y la identificación de sus tutores legales.
Una de estas subpoenas, enviada al Hospital Infantil de Filadelfia, demandaba además archivos de recursos humanos del personal médico, códigos de facturación, procedimientos de ingreso de pacientes y documentación sobre toda atención relacionada con bloqueadores hormonales o tratamientos de reemplazo hormonal.
Jennifer Levi, directora de Derechos Transgénero y Queer en GLAD Law, fue tajante: “Esto convierte la confidencialidad médico-paciente en una vigilancia del gobierno”.
Un clima de miedo: efectos en la atención médica
Si bien aún no se han anunciado cargos contra las instituciones o médicos involucrados, las consecuencias ya son evidentes. Ocho sistemas hospitalarios y clínicas en todo el país han anunciado que cesarán o restringirán la atención médica afirmativa a menores, incluso en estados donde esta práctica es legal.
Penn Medicine, por ejemplo, informó en mayo que dejaría de realizar cirugías para menores de 19 años, medida que afecta directamente a pacientes referenciados por el Hospital Infantil de Filadelfia, aunque esta última institución aún no ha confirmado cambios en sus políticas.
Lo que está en juego: ¿qué es la atención médica de afirmación de género?
La atención médica afirmativa incluye un espectro de servicios que validan y apoyan la identidad de género de una persona. Esto puede incluir:
- Consejería psicológica
- Bloqueadores de la pubertad
- Terapias hormonales para desarrollar características sexuales secundarias acordes con la identidad de género
- Cirugías (en casos muy poco comunes y generalmente no en menores)
Las principales asociaciones médicas en EE.UU., como la Asociación Americana de Pediatría, reconocen estos tratamientos como esenciales para tratar la disforia de género y mejorar la salud mental de los jóvenes trans.
Un estudio publicado por JAMA en 2022 encontró que los adolescentes trans que recibieron atención afirmativa tenían un 73% menos riesgo de suicidio comparado con aquellos que no accedían a estos servicios.
Una ofensiva coordinada desde lo político
Desde 2021, al menos 27 estados han aprobado leyes para restringir o prohibir esta atención médica a menores. En junio de 2024, el Tribunal Supremo de EE.UU. respaldó el derecho de los estados a legislar en este ámbito bajo ciertas condiciones, lo que impulsó acciones conservadoras más agresivas.
El expresidente Donald Trump firmó decretos que definen el sexo como algo biológicamente determinado e inmutable, prohibió a personas trans servir en el ejército y vetó el financiamiento federal para tratamientos de afirmación de género para menores.
Además, el gobierno publicó un documento que cuestiona las directrices médicas actuales y aboga por terapias exclusivamente psicológicas, descartando la necesidad de intervención médica en muchos casos.
Fronteras legales: la privacidad médico-paciente en peligro
Legalmente, estos movimientos plantean interrogantes serios. El principio de confidencialidad médico-paciente está ampliamente protegido por regulaciones como HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), que protege la información médica de pacientes en EE.UU.
Según expertos legales, solicitar datos identificativos de pacientes sin evidencia de delito ni causa probable viola estos principios básicos y sienta un precedente peligroso.
De acuerdo con The New York Times, esta es “una de las investigaciones federales más intrusivas sobre prácticas médicas legales en la era moderna.”
La judicialización de la ideología
Este escenario no puede analizarse sin considerar una agenda política más amplia: la consolidación de una ideología conservadora que busca legislar la identidad de género y restringir los derechos de las personas trans. Los sectores que promueven estas políticas suelen justificar sus acciones como una forma de “proteger a los niños”, pero muchos expertos argumentan que se está utilizando esa narrativa para promover una agenda discriminatoria.
Rebecca Kling, activista trans y responsable de educación en National Center for Transgender Equality, advierte: “Esta no es una discusión médica; es una ofensiva ideológica enmascarada de política pública.”
Demandas en marcha y resistencia estatal
Estados como Minnesota, Oregón y Washington han interpuesto demandas contra el gobierno federal, acusándolo de interferir en la autonomía médica y violar derechos constitucionales. En paralelo, grupos legales como GLAD están integrando demandas federales para defender tanto a médicos como a pacientes cuyas vidas legales se ven amenazadas.
“Esta política tiene un efecto paralizante, incluso donde la atención afirmativa sigue siendo legal”, declaró Levi, de GLAD Law.
Una oleada de renuncias y tensión judicial
El caso reciente del comisionado judicial Peter Navis en Wisconsin también revela las tensiones crecientes en el sistema judicial frente a políticas federales. Navis renunció después de exigir a oficiales de inmigración mostrar una orden de arresto válida dentro de su sala de audiencias. Alegó que había sido instruido por jueces superiores a no detener ciudadanos sin una orden judicial expresa.
Se suma al caso de la jueza Hannah Dugan, acusada de obstruir a oficiales de ICE al tratar de impedir el arresto de un inmigrante en su tribunal. Ella argumenta inmunidad por actuar en el cumplimiento de su función.
Estos casos reflejan cómo la política federal ha tensado la relación entre los poderes judiciales locales y las agencias federales de seguridad e inmigración.
Impacto en la vida real: ¿qué pasa con los jóvenes trans?
Los efectos más devastadores, quizás, recaen directamente sobre los menores trans y sus familias. Algunos han tenido que mudarse de estado; otros viven con miedo a que sus médicos sean forzados a entregar datos personales. Esta situación no sólo amenaza su sistema de atención médica, sino su bienestar emocional e identidad.
En palabras de una madre que pidió anonimato para proteger a su hija trans de 15 años: “Nos sentimos perseguidos. Como si estuviéramos haciendo algo ilegal por apoyar a nuestra hija. ¿Desde cuándo ser padres amorosos se volvió motivo de vigilancia federal?”
Una alarma para el resto del mundo
Mientras el panorama internacional avanza hacia la inclusión—con países como España, Argentina y Canadá reconociendo legalmente la identidad de género sin necesidad de intervenciones médicas o juicios—Estados Unidos se ve envuelto en una batalla interna guiada más por dogmas que por ciencia médica.
En definitiva, la lucha por los derechos trans en Estados Unidos se ha desplazado del ámbito social al judicial, y ahora se enfrenta a una sofisticada operación estatal de vigilancia y castigo. Lo que está en juego no es solo el acceso a la salud: es el derecho mismo a la existencia auténtica.