El 'Alcatraz de los Alligators' enfrenta cierre forzado: Una batalla entre política, migración y medio ambiente

Una prisión migratoria rodeada de cocodrilos

En pleno corazón de los Everglades de Florida, un ecosistema humedal considerado patrimonio natural de relevancia mundial, se alza un polémico complejo de detención migratoria. Conocido irónicamente como "Alcatraz de los Alligators", este centro simboliza un enfrentamiento directo entre política migratoria, derechos humanos y protección ambiental.

En una decisión histórica y esperada, la jueza Kathleen Williams del distrito federal en Miami ordenó la clausura progresiva del centro en un plazo de 60 días, asegurando que su construcción y operación violaron leyes federales ambientales, así como los intereses recreacionales y espirituales de comunidades locales como la Tribu Miccosukee.

¿Por qué se construyó y por qué fue clausurado?

El centro fue impulsado como una estampa de la política migratoria del expresidente Donald Trump y defendido fervientemente por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Con una capacidad planificada de hasta 3,000 personas, fue concebido como una "respuesta estatal" ante lo que se describía como laxitud federal ante la inmigración ilegal.

Sin embargo, la rapidez con la que se edificó el centro levantó sospechas. La jueza cita que no se realizó la debida revisión de impacto ambiental, exigida por ley federal antes de intervenir ecosistemas tan delicados como los Everglades. En palabras de Williams:

“Las autoridades estatales y federales jamás explicaron por qué un centro de detención necesitaba estar en medio de unos humedales protegidos”.

La falta de este proceso afectó negativamente a los derechos y costumbres de comunidades indígenas que dependen del área, además de contradecir legislaciones federales sobre preservación ambiental.

Una respuesta política a una decisión judicial

Ante la orden judicial, DeSantis no tardó en reaccionar:

“Sabíamos que algo así podía pasar... No nos detendremos. O tienes país o no tienes país”, — Ron DeSantis, en conferencia desde Panama City.

El gobernador cataloga el fallo como una maniobra de un “juez activista”, y dejó entrever que la batalla jurídica está lejos de terminar. De hecho, ese mismo día, el Estado de Florida notificó su intención de apelar la decisión.

El futuro inmediato del centro y los migrantes

Actualmente, el centro alberga menos de 1,000 personas, y se espera que todos sean trasladados en menos de dos meses. La jueza instruyó que:

• No se permitirá enviar nuevos detenidos al centro.
• No se podrá realizar ninguna expansión en las instalaciones.
• Solo se permitirá mantenimiento estrictamente necesario para evitar deterioro.
• Todo el equipo, desde cercas hasta generadores, deberá ser retirado una vez vaciado el lugar.

Los migrantes podrían ser transferidos a centros como el Krome North Processing Center en Miami, el Broward Transitional Center en Pompano Beach o el Centro de Detención del Condado Baker.

¿Y los fondos públicos invertidos?

Florida asignó más de $245 millones en contratos firmados con proveedores privados para operar el centro, con un coste estimado anual superior a los $450 millones. Hasta ahora, no hay palabras oficiales sobre qué ocurrirá con estos contratos una vez el centro sea cerrado. ¿Seguirán los contribuyentes pagando por un centro que la justicia ha declarado inadecuado?

Ni la oficina del gobernador ni la División de Manejo de Emergencias de Florida emitieron declaraciones sobre si buscarán reembolso o rescisión contractual.

Un modelo replicado

En un claro intento por seguir adelante con su agenda migratoria, DeSantis anunció otro centro de detención estatal, apodado “Deportation Depot”. Localizado a 70 kilómetros de Jacksonville, se espera que albergue al menos 1,300 camas —posiblemente ampliables a 2,000—.

Este segundo centro también podría enfrentar demandas similares, tanto por razones ambientales como por accesibilidad y derechos de los detenidos.

El otro litigio: derechos humanos

En paralelo, grupos de derechos civiles mantienen otro litigio contra el centro de los Everglades. Alegan que los migrantes:

• No podían reunirse en privado con sus abogados.
• No tenían acceso regular a cortes de inmigración.

Una parte del caso fue trasladada a otra jurisdicción después de que las audiencias fueran formalmente reubicadas al centro de procesamiento de Krome. Según Eunice Cho, abogada principal de los demandantes:

“Nuestro caso sigue vigente, ya que aún hay personas detenidas y nuestros reclamos son independientes del fallo ambiental”.

Lo que está en juego: territorio, leyes e identidad

Este enfrentamiento va más allá de un simple cierre de instalaciones. Está en juego:

• La integridad ecológica de uno de los ecosistemas más importantes de América.
• El derecho de comunidades nativas a preservar su territorio y costumbres espirituales.
• El respeto al debido proceso migratorio y los derechos fundamentales de personas detenidas.
• La legitimidad del poder estatal cuando desafía leyes federales como la NEPA (National Environmental Policy Act).

Se pone en evidencia una tensión creciente entre federalismo, activismo judicial y políticas de “mano dura” que se han convertido en bandera de líderes estatales como DeSantis. Muy probablemente, este caso sentará precedentes importantes sobre hasta qué punto puede llegar un estado en su afán por asumir competencias migratorias, tradicionalmente prerrogativa federal.

¿Qué dice la historia?

Los Everglades han sido por décadas objeto de enfrentamientos entre intereses económicos, conservacionistas y comunitarios. Ya en los años 70, múltiples proyectos de desarrollo fueron detenidos por tribunales que reconocieron la importancia de preservar este filo natural único.

El término “Alligator Alcatraz” resuena ahora como una alerta de cómo el lenguaje político y las medidas administrativas pueden converger para realizar iniciativas de alto costo moral, social y ambiental.

Con vistas a una elección presidencial en 2024 donde DeSantis podría tener un rol estelar, el caso del centro de detención en los Everglades ocupa un lugar destacado en la narrativa nacional sobre inmigración, derechos y federalismo ecológico.