El arresto histórico de Ranil Wickremesinghe: ¿Justicia o maniobra política en Sri Lanka?
Ranil Wickremesinghe, expresidente de Sri Lanka, es detenido por uso indebido de fondos públicos. Analizamos el trasfondo político, económico y social de esta detención sin precedentes.
El primer expresidente arrestado en la historia de Sri Lanka
Ranil Wickremesinghe, quien dirigió Sri Lanka entre 2022 y 2024, se convirtió el pasado viernes en el primer exjefe de Estado de la nación isleña en ser arrestado. Según las autoridades, la detención responde a presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos para gastos personales, específicamente su asistencia al acto de graduación de su esposa en Londres, tras un viaje oficial a Estados Unidos.
La policía, liderada por el Departamento de Investigaciones sobre Crímenes Financieros, lo puso a disposición judicial poco después del arresto. El caso podría marcar un hito judicial y político en Sri Lanka, un país que en los últimos años ha visto cómo las acusaciones de corrupción han carcomido la confianza de su población en las estructuras estatales.
¿Quién es Ranil Wickremesinghe?
Wickremesinghe no es un novato en la política. De hecho, ha sido uno de los líderes más experimentados del país. Antes de ocupar la presidencia, fue primer ministro en varias ocasiones, lo que lo convirtió en una figura recurrente en el panorama político desde la década de 1990. Asumió la presidencia en 2022 en un momento particularmente crítico: Sri Lanka atravesaba la peor crisis económica de su historia reciente. La inflación superaba el 50%, el suministro de combustible era limitado, y las reservas extranjeras estaban prácticamente agotadas.
Con su llegada al poder tras la renuncia de Gotabaya Rajapaksa, Wickremesinghe implementó un severo programa de austeridad económica recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que incluyó el aumento de impuestos, recortes en subsidios y tarifas elevadas en servicios básicos.
Una detención que simboliza la cruzada contra la corrupción
El actual presidente, Anura Kumara Dissanayake, llegó al poder tras ganar las elecciones en septiembre de 2024 y obtener una mayoría parlamentaria en noviembre del mismo año. Su campaña se centró precisamente en la lucha contra la corrupción y la promesa de renovar el sistema político. Hasta la fecha, su administración ha investigado y detenido a más de una docena de líderes políticos vinculados a gobiernos previos.
"La era de la impunidad ha terminado", declaró Dissanayake en su discurso de investidura. "No habrá excepciones, sin importar el cargo que haya ocupado cada quien".
¿Justicia genuina o venganza política?
Aunque el espíritu anticorrupción de Dissanayake ha sido bien recibido por muchos ciudadanos y organizaciones internacionales, también hay voces que alertan sobre una posible utilización política del sistema judicial. Algunos analistas han cuestionado el momento y la severidad de la detención de Wickremesinghe, insinuando que podría estar motivada no solamente por un deseo de justicia, sino también por consolidar el poder y deslegitimar al antiguo estamento político.
En palabras del politólogo Dilshan De Alwis:
“Estamos viendo un fenómeno frecuente en naciones en proceso de reforma: el nuevo régimen necesita ejemplos contundentes para mostrar a la ciudadanía que el cambio es real. Pero hay una línea muy delgada entre justicia y ajuste de cuentas.”
El trasfondo económico: ¿fue Wickremesinghe tan errático como se dice?
Pese a la mala acogida de sus medidas de austeridad, algunos economistas reconocen que Wickremesinghe encabezó una tímida recuperación económica. Bajo su mandato, las reservas internacionales aumentaron, la inflación se redujo del 70% al 18% en un año, y el valor de la rupia de Sri Lanka se estabilizó.
Además, en marzo de 2023 firmó un acuerdo con el FMI por un monto de 3.000 millones de dólares, clave para destrabar líneas de crédito y reconstruir la capacidad de pagos internacionales del país.
“No fue popular, pero fue eficaz en estabilizar la economía. Sin embargo, pagó el precio político de pedir sacrificios en un país exhausto”, señala la economista Nandita Perera.
La reacción internacional
La detención ha generado reacciones mixtas en la comunidad internacional. Organismos como Amnistía Internacional han solicitado un juicio justo y transparente, destacando que ninguna lucha contra la corrupción debe comprometer los derechos fundamentales de los acusados.
Por su parte, representantes de la Unión Europea han afirmado que seguirán de cerca el desarrollo del caso como parte de su cooperación con Sri Lanka en materia de gobernanza y estado de derecho.
¿Qué sigue para Sri Lanka?
Esta detención puede marcar el inicio de una transformación institucional en Sri Lanka. Pero para que esa transformación sea sostenible, necesita desligarse de vendettas políticas y consolidar una independencia real del poder judicial.
La figura de Wickremesinghe, controversial y ahora judicializada, pasará a formar parte de un capítulo crucial de la historia contemporánea del país. Su detención podría representar un antes y un después: o se profundiza una era de transparencia, o se inaugura un autoritarismo populista camuflado bajo la promesa de justicia.
Algunos datos clave sobre la situación política en Sri Lanka:
- El índice de percepción de corrupción de Sri Lanka en 2023 fue de 36 sobre 100, según Transparency International.
- Más de 70% de los ciudadanos expresaron en encuestas su deseo de una “purga total” del sistema político.
- La pobreza alcanzó el 25% de la población tras la crisis de 2022, aumentando la presión sobre el gobierno para que lleve a cabo cambios visibles.
¿Es este el inicio de una nueva era?
El tiempo dirá si el arresto de Ranil Wickremesinghe sienta un precedente jurídico saludable o si se convierte en un caso más de justicia selectiva. Lo que es seguro es que los ciudadanos cingaleses están atentos, más conscientes que nunca de sus derechos y del impacto real de la corrupción en sus vidas cotidianas. En ese sentido, el juicio no es solo contra un expresidente; es contra décadas de impunidad y decadencia institucional.