Presas en peligro: una bomba de tiempo que amenaza comunidades en EEUU

El corazón del problema: una presa al borde del colapso

A seis millas del pintoresco río AuTrain, en el estado de Michigan, se alza una estructura centenaria de concreto agrietado con filtraciones: la presa de AuTrain, una infraestructura esencial para el turismo y la vida rural, pero también una amenaza real en caso de colapso. Khrystal Crosno, quien opera una empresa de paseo en kayaks y alquiler de cabañas, lo sabe mejor que nadie. “Necesitamos el agua para hacer lo que hacemos”, sentencia.

Durante más de una década, el gobierno federal ha exigido mejoras obligatorias a los propietarios de esta presa sin que éstas se hayan concretado. Según la Comisión Federal de Regulación de Energía (FERC, por sus siglas en inglés), los trabajos requeridos costarían hasta $4 millones, pero la empresa que actualmente administra la presa, Renewable World Energies (RWE), no tiene los fondos necesarios para realizar las obras.

Un escenario de desastre conocido

La historia de AuTrain no es aislada. En mayo de 2020, dos presas —Edenville y Sanford— colapsaron en el centro de Michigan tras intensas lluvias, provocando la evacuación de 10,000 personas y daños material por $200 millones. Autoridades estatales han estimado que la reconstrucción costará cerca de $400 millones.

Lo más revelador: FERC había exigido reparaciones importantes durante años. Sin embargo, el propietario en ese momento, Boyce Hydro, operaba bajo la lógica del beneficio financiero. “Estoy en el negocio de ganar dinero”, dijo el dueño Lee Mueller a un ingeniero de seguridad, alegando falta de fondos aunque financiaba un festival de música y una planta de aserradero.

¿Por qué no se toman medidas?

El problema de fondo radica en una mezcla de omisión institucional y debilidad regulatoria. Aunque el estado de Michigan ha mejorado la vigilancia de sus 2,553 presas, apenas el 4% (109 presas) están catalogadas en condiciones peligrosas. De estas, al menos 11 representan riesgos graves para la vida humana y las propiedades.

Desde 2020, se han propuesto reformas importantes tanto a nivel estatal como federal, incluyendo inspecciones más frecuentes y requisitos financieros más estrictos para los propietarios. Pero muy pocas han sido aprobadas. Incluso propuestas de 2021 por parte de FERC, como obligar a los dueños privados a demostrar solvencia económica, se mantienen sin implementarse.

Privatización y negligencia: un cóctel explosivo

La situación adquiere un matiz aún más preocupante frente al aumento de la privatización. Empresas como Consumers Energy, que actualmente operan 13 presas cumpliendo normas de seguridad, han propuesto venderlas a entidades privadas. Bob Stuber, director de la coalición Michigan Hydro Relicensing Coalition, advierte que una vez vendidas, no hay incentivos para mantener las presas en condiciones seguras ni órganos que puedan obligarlas a actuar.

“Una vez que están en manos privadas, no hay motivación para invertir un solo centavo en su mantenimiento”, afirma Stuber.

El caso AuTrain: decadencia física y financiera

Desde 2010, la presa de AuTrain es propiedad de empresas del grupo RWE, dirigido por Bill Harris, veterano del negocio hidroeléctrico. Pero la empresa no ha cumplido con los requisitos de expansión del embalse. Hoy, su vicepresidente de seguridad, Jason Kreuscher, reconoce que el costo de las reparaciones ($3.7 millones) supera con creces los ingresos obtenidos (tan solo $173,000 en 2024).

“No tengo dinero”, dijo Kreuscher, señalando que incluso las propiedades que rodean el lago Forest —que constituían garantía para préstamos— han sido embargadas por el banco.

Como consecuencia, el Departamento de Recursos Naturales cerró un camping cercano que alquilaba terrenos a la empresa. “La presa ha llegado al final de su vida útil económica”, concluye Stuber.

¿A quién le corresponde el problema?

El director de seguridad de presas del estado, Luke Trumble, señala que RWE no tiene intenciones de continuar operando. “Quieren irse”, confiesa. Kreuscher ha ido incluso más allá, sugiriendo que las presas deberían ser de propiedad pública. Pero para municipios como AuTrain, con presupuestos anuales inferiores a los $400,000, hacerse cargo es inviable.

“Ahora quieren dejarnos este problema después de haber sacado todo el dinero”, lamenta Tom Balmes, supervisor del municipio.

¿Qué alternativas hay?

El estado podría forzar actualizaciones o incluso impulsar su remoción, pero ninguna opción convence localmente. El turismo en la región depende del nivel constante del agua. La eliminación de la presa aumentaría los riesgos durante el deshielo y disminuiría el nivel del agua en verano, desalentando el turismo.

Además, retirar la presa —construida en el siglo XIX para abastecer una fábrica de papel— podría provocar inundaciones estacionales en la ribera del Lago Superior cuando se forman represas naturales de hielo durante el invierno.

Un problema nacional ignorado

Según datos de la FEMA, Estados Unidos tiene más de 90,000 presas, muchas de las cuales tienen más de 50 años y requieren mantenimiento urgente. De ellas, más de 15,000 están catalogadas como de “alto riesgo”. Sin embargo, la inyección de fondos federales para reparaciones es limitada y dispersa.

La experiencia de Michigan no es única. A lo largo del país, vemos decisiones de ventas de presas a bajo costo, relegando los costos de mantenimiento al futuro —o a los contribuyentes— mientras se obtienen beneficios de generación hidroeléctrica durante años. El resultado es obvio: estructuras envejecidas, sin mantenimiento, y con escasa supervisión.

Aprender del pasado antes de otra tragedia

Como bien señala Bryan Burroughs, director de Michigan Trout Unlimited: “Yo seré el viejo cascarrabias en la parte trasera de la sala diciendo ‘se los dije’”. Tras el desastre de 2020, se creó una comisión en 2022 que propuso cambios legislativos que aún no se implementan.

“El problema es que no hemos estado planeando para esto durante 50 años”, subraya Trumble. “Y ya se nos acabó el tiempo”.

Una sociedad que debe decidir

Los ciudadanos deben plantearse hoy qué tipo de infraestructura desean para sus comunidades. ¿Debe permitirse que empresas privadas controlen activos que afectan la vida de miles de personas sin garantías de mantenimiento? ¿Merecen comunidades como AuTrain ser puestas en riesgo por falta de acción legislativa? ¿Es hora de establecer fondos públicos permanentes para rescatar estas infraestructuras críticas?

Mientras tanto, personas como Khrystal Crosno solo esperan que su río no devenga en caos. “Estamos algo nerviosos”, reconoce. “¿Qué pasará?”