Trump, fraude y política: ¿Justicia económica o persecución electoral?

Un fallo que agita el tablero judicial de Trump

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y aspirante a regresar a la Casa Blanca, ha celebrado como una “victoria total” el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que anuló una multa astronómica por fraude civil: más de 515 millones de dólares entre costos originales e intereses. Sin embargo, esa celebración puede ser prematura.

Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York y figura demócrata prominente, ha anunciado su intención de apelar ante la Corte de Apelaciones del Estado, la instancia judicial más alta de Nueva York. Aunque la reducción de la sanción financiera representa un alivio significativo para los intereses económicos de Trump, persisten importantes restricciones que ensombrecen su entorno empresarial y político.

¿De qué se le acusa a Trump, exactamente?

En 2022, James presentó una demanda civil alegando que Trump infló el valor de sus activos personales y de su empresa, The Trump Organization, para obtener condiciones crediticias favorables y seguros más ventajosos. La lista de bienes exagerados incluye desde su famosa torre en Nueva York hasta su club de lujo en Mar-a-Lago.

El juez Arthur Engoron dictaminó en febrero de 2024, tras un extenso juicio, que Trump efectivamente participó en prácticas fraudulentas durante años: "Los fraudes aquí saltan de la página y estremecen la conciencia", escribió.

No obstante, aunque se reconoció la existencia de fraude, el panel de cinco jueces de la corte de apelaciones consideró que la multa era excesiva y violaba la Octava Enmienda de la Constitución de EE. UU., que prohíbe castigos desproporcionados.

Una victoria a medias: lo que Trump aún no ha ganado

• Prohibición de tres años para que Donald Trump ostente cargos ejecutivos en empresas de Nueva York.
• Bloqueo a él y sus empresas de acceder a préstamos de bancos registrados en Nueva York durante tres años.
• Prohibición de dos años para que sus hijos Donald Jr. y Eric dirijan empresas en ese estado.

Estas prohibiciones siguen en pie, al menos hasta que se resuelvan posibles nuevos recursos judiciales. Trump podría solicitar la suspensión de estas medidas mientras se resuelve cualquier apelación adicional.

¿Realmente fue excesiva la multa?

El debate es de fondo entre quienes ven la decisión de la corte como un triunfo de las garantías constitucionales frente al poder judicial y quienes sostienen que estamos ante un caso de impunidad económica de las élites.

Para entender la magnitud del caso, hay que recordar que la sanción original partió de una base de 355 millones de dólares, que con intereses acumulados rozó los 516 millones. El criterio de la corte fue que, si bien se probó que hubo engaño, no se generaron daños equivalentes al importe sancionado.

“Mientras que ciertamente ocurrió un daño, no alcanzó el nivel de cataclismo que justifique una sanción de casi medio billón de dólares”, escribieron dos de los jueces del panel.

Trump y la estrategia de “victimización política”

Una narrativa consistente del expresidente ha sido la de la persecución política por parte del stablishment demócrata. Ya sea acusado de incitación a la insurrección, lavado de dinero o fraude empresarial, Trump generalmente responde describiéndose como objetivo de una conspiración diseñada para impedir su regreso a la presidencia.

En este caso, algunos jueces incluso ofrecieron opiniones que contribuyen a esa narrativa. El juez David Friedman fue el más vehemente al señalar que el caso “nunca debería haber sido llevado a la corte”. En su razonamiento, acusó a la fiscal de actuar con motivaciones políticas más que jurídicas:

“Su objetivo no era la higiene del mercado... sino la higiene política, buscando destruir la carrera de Trump”.

Y continúa con una línea que, sin duda, Trump usará en sus discursos de campaña: “Este tribunal ha puesto fin, por unanimidad, al intento de destruir el negocio de Trump”.

¿Dónde quedaron los culpables?

Uno de los aspectos más polémicos es que los bancos —supuestamente víctimas— no presentaron denuncias por ser engañados. Durante el juicio, algunos de ellos incluso revelaron que obtuvieron beneficios financieros en sus relaciones con Trump, y ese matiz debilitó la base de la demanda, aunque legalmente no anulaba la supuesta falsedad de las declaraciones del expresidente.

Entonces, ¿puede no haber "victima" y aún así haber fraude? Legalmente sí, bajo ciertas normativas estatales diseñadas para proteger la integridad económica general del mercado. Pero como subrayaron los jueces más conservadores, esto reaviva el debate sobre hasta dónde puede llegar la fiscalía sin un denunciante directo.

¿Qué pasa con el dinero del bono?

Trump no llegó a pagar la multa de 500 millones, sino que depositó una fianza de 175 millones de dólares para garantizar el proceso mientras se evaluaban las apelaciones. Con el fallo a su favor, ahora puede recuperar ese dinero, o al menos una parte sustancial del mismo, salvo que la fiscalía estatal logre revertir la decisión en el tribunal superior.

Este uso de bonos es habitual en procesos civiles de alto perfil y permite a personas o empresas continuar sus operaciones sin verse económicamente paralizados por resoluciones aún no definitivas.

Un escenario político y judicial enredado

La resolución todavía puede prolongarse por años. Si James logra que la Corte de Apelaciones tome el caso, surgirán nuevos argumentos y podría incluso ordenarse un nuevo juicio. Aquí, los jueces están divididos:

• Dos jueces opinan que se violaron ciertas condiciones técnicas del proceso y que debe repetirse el juicio con base en la exclusión de pruebas protegidas por la prescripción.
• Otros dos consideran que repetir el juicio sería innecesario e impráctico, sobre todo si Trump es reelegido presidente.

Un dato no menor: el veredicto del tribunal está compuesto por 323 páginas y más de 100,000 palabras, lo que da una idea de la complejidad del caso y su peso institucional.

¿Y si Trump vuelve a la presidencia?

Si Trump resulta electo en noviembre de 2024, su inmunidad como presidente marcaría un nuevo límite para las acciones judiciales en su contra. Sin embargo, este caso es de orden estatal, no federal, lo que complica la posibilidad de una inmunidad total.

Aun así, sería políticamente incendiario que un presidente en funciones esté sujeto a sanciones o reglas impuestas por jueces estatales que afectan directamente su capacidad empresarial o financiera.

Y es ahí donde el proceso podría politizarse aún más, con implicaciones nacionales e incluso internacionales.

¿Juicio judicial o juicio electoral?

Este caso se suma a una larga lista de escenarios legales que marcan la vida pública de Donald Trump. En el pasado, se ha beneficiado de procesos judiciales que no han llegado a condenas concluyentes, y su figura se ha fortalecido entre votantes republicanos que lo ven como una víctima de una élite que desea erradicarlo.

La resolución final del caso podría coincidir con las elecciones de 2024 o sus consecuencias inmediatas, lo que lo convierte también en una estrategia de campaña, tanto para Trump como para sus detractores.

En el escenario actual, con parte de la justicia considerándolo culpable de fraude pero otra parte dispuesta a reducir o eliminar sanciones, la dualidad entre justicia económica y vendetta política alimenta el caos institucional que rodea la era Trump.