Trump, la pena de muerte y el poder del fiscal general: ¿justicia o revancha política?

El paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha estado marcado por decisiones profundamente polarizantes. Una de las más emblemáticas ha sido su renovado impulso hacia el uso de la pena de muerte a nivel federal, rompiendo una moratoria que había sido adoptada bajo la administración de Joe Biden. Más allá del debate moral sobre la ejecución estatal, la estrategia actual parece estar marcada también por venganzas políticas, choques institucionales y la configuración de una narrativa ultraconservadora orientada hacia las elecciones de medio término y las presidenciales próximas.

El regreso de una vieja arma: la pena capital federal

Durante su primera administración, Trump supervisó la mayor cantidad de ejecuciones federales en más de 120 años. En apenas un periodo de seis meses entre julio de 2020 y enero de 2021, su gobierno ejecutó a 13 personas. Esto contrastó radicalmente con los 17 años de pausa que existieron a nivel federal, así como con una tendencia general en Estados Unidos hacia menos ejecuciones y más estados aboliendo el castigo capital.

Con su regreso a la presidencia, Trump ratificó su apuesta por esa política dura, designando a Pam Bondi como Fiscal General. El primer día en el cargo, firmó una orden que reactivaba las ejecuciones federales y mandaba a revisar más de mil casos en los que el Departamento de Justicia, bajo Merrick Garland (nombrado por Biden), había descartado buscar la pena capital.

Pam Bondi y la reversión de decisiones

Desde febrero, Bondi ha autorizado a fiscales a buscar la pena de muerte en 19 nuevos casos, de los cuales nueve ya habían sido clasificados como no capitales por Garland. Sin embargo, los tribunales han bloqueado 17 de esas reversiones, lo que evidencia los límites legales e institucionales del intento trumpista de imponer una justicia marcada por la “mano dura”.

Un ejemplo destacado se dio en Maryland, donde la jueza Stephanie Gallagher —nombrada por el propio Trump— anuló la intención de la fiscalía de pedir la pena de muerte contra tres miembros de la MS-13. Argumentó que el gobierno había saltado garantías constitucionales básicas en su prisa por llevar a cabo ejecuciones.

“El gobierno ha procedido de manera apresurada en este caso (...). Eso es inaceptable”, escribió Gallagher en su dictamen, añadiendo:

“Este tribunal no echará por tierra décadas de leyes, normas profesionales y estándares para acomodar la agenda del gobierno.”

Política versus justicia: ¿quién decide el castigo supremo?

Los fiscales federales, en su defensa, aseguran que el Departamento de Justicia tiene el derecho inherente de revisar decisiones previas, y que el hecho de que ahora elijan buscar la pena capital no puede ser considerado como una ‘traición procesal’. Según la fiscal de Maryland, Kelly Hayes:

“El Fiscal General simplemente ha reconsiderado una decisión anterior, lo cual es su prerrogativa. No se trata de una promesa incumplida, sino de gestión básica.”

No obstante, abogados defensores critican la incertidumbre generada, pues retrasa juicios, altera estrategias y pone en riesgo derechos fundamentales de los acusados. En el caso de Cory Spurlock en Nevada, los fiscales avisaron que buscarían la pena de muerte apenas 12 días antes del inicio del juicio. La jueza federal Miranda Du también bloqueó la maniobra, calificándola como “jugar sucio con el proceso judicial”.

John Bolton: un caso simbólico en la cacería política

Simultáneamente, se conoció que el FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, como parte de una investigación sobre documentos clasificados. Aunque Bolton no ha sido arrestado ni acusado, el hecho revive viejas tensiones entre el exfuncionario y su exjefe.

Durante la administración Trump, Bolton fue una figura polémica que luego se convirtió en uno de los críticos más fuertes del expresidente, especialmente tras publicar su libro “The Room Where It Happened”, en el cual retrata a Trump como incompetente y obsesionado con su imagen. El Departamento de Justicia abrió una investigación por posible difusión de información clasificada, pero bajo Biden se dejó sin efecto. Ahora, con Trump de nuevo en el poder, el caso parece haber sido reactivado.

Esta movida ha sido vista por detractores como un uso selectivo de las estructuras estatales para ejercer presión sobre adversarios políticos. Bolton, además, es una de las personalidades a las que Trump revocó la autorización de seguridad al asumir nuevamente el poder, alegando falta de “lealtad” y daño a los “intereses nacionales”.

Joe Gruters: leal entre los leales

En este entorno de consolidación partidista y dureza legal, aparece Joe Gruters, el nuevo presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), designado directamente por Trump. Su nombramiento reafirma el control ideológico que mantiene el expresidente sobre el Partido Republicano.

Gruters es un fiel seguidor de Trump desde los tiempos en que conducía reality shows. En 2012 ya le otorgó a Trump el título de “Estadista del Año” en Florida, y fue clave en su campaña estatal en 2016. Ascendió desde puestos locales hasta la cúspide del comité nacional, mientras protegía cuidadosamente la figura de Trump, incluso evitando confrontarlo por las mentiras del fraude electoral en 2020.

¿Qué implica su ascenso? Que el aparato republicano será una extensión directa del proyecto político de Trump: Gruters estará a cargo del calendario de primarias, reglas de debates y recaudación conjunta de fondos con la Casa Blanca. Un puesto clave rumbo a 2028, cuando Trump ya no pueda reelegirse, pero sin duda buscará influir en su sucesión.

¿Una justicia politizada?

La confluencia de estos hechos (reversiones en casos penales, investigaciones selectivas, nominaciones partidistas) plantea una incómoda pregunta: ¿está el sistema judicial federal al servicio de la justicia o de una agenda política?

Para Robin Maher, directora del Death Penalty Information Center:

“El entusiasmo de Trump por aplicar la pena de muerte no solo lo aleja de Biden, sino de todos los presidentes pasados. Promueve ejecuciones sin tener en cuenta cómo han evolucionado la opinión pública y los estándares legales.”

En efecto, una encuesta de Pew Research de 2023 reveló que el 60% de los estadounidenses está a favor de la pena de muerte para ciertos crímenes, pero ese apoyo ha bajado respecto al 80% en los años 90. Además, las nuevas generaciones y múltiples estados rechazan ejecutar civiles como método de justicia.

Trump, como arquitecto y martillo

La estrategia judicial, política e institucional de Trump revela una visión clara: utilizar todas las herramientas del poder presidencial para forjar un país que refleje su ideología de “ley y orden”, lealtad incondicional y castigo ejemplar. Esto va más allá de simples acciones de gobierno: es un diseño de Estado.

Con Bondi como ejecutora legal, Gruters como operador partidista, y un aparato institucional dispuesto a revertir decisiones ya tomadas, la línea entre política, justicia y revancha parece más difusa que nunca. El desafío para los contrapesos democráticos es mayúsculo: preservar el equilibrio de poderes en un entorno donde la voluntad de un solo hombre puede mover todos los resortes del gobierno federal.