La presidencia de la venganza: cómo Donald Trump está reconfigurando el poder presidencial en EE.UU.

Un regreso con cuentas pendientes

Desde su regreso al poder, Donald Trump ha dejado claro que su segundo mandato no sería convencional. Autodenominado defensor de la ley y el orden, el expresidente estadounidense ha intensificado una serie de acciones que se alinean con sus promesas de campaña de “retribución” contra quienes lo criticaron o persiguieron legalmente. Lo que comenzó como una retórica política encendida, ahora ha tomado una forma institucional y concreta, afectando profundamente múltiples sectores de la estructura democrática estadounidense.

¿Venganza presidencial o justicia selectiva?

Trump no ha ocultado sus intenciones. Durante su campaña, prometió castigar a los actores políticos que estuvieron detrás de los múltiples cargos e investigaciones en su contra. Hoy, eso parece estar ocurriendo: el FBI ha allanado la residencia de John Bolton, su exasesor de seguridad nacional que se volvió uno de sus críticos más vocales. De forma paralela, su Departamento de Justicia ha iniciado investigaciones contra figuras clave del Partido Demócrata, incluidos Letitia James, Adam Schiff y Andrew Cuomo.

“Combinas la amenaza de enjuiciamiento con tropas armadas patrullando las calles y el panorama es claro,” afirmó el politólogo Brendan Nyhan de Dartmouth College. Desde su punto de vista, las medidas alcanzan niveles sin precedentes en la historia política de Estados Unidos.

Intervenciones militares y represión urbana

Uno de los aspectos más alarmantes de este nuevo estilo de gobernar es la movilización militar. Trump ha desplegado a miles de miembros de la Guardia Nacional en ciudades como Washington y Los Ángeles, justificándolo como medida para combatir el crimen e inmigración ilegal. Esta militarización ha generado preocupación en múltiples círculos académicos y judiciales.

• Activación de la Guardia Nacional y marines en ciudades clave
• Investigación y remoción de oficiales militares no alineados con la administración
• Revocación de credenciales de seguridad a 36 funcionarios de inteligencia nacionales

Golpe a la educación pública: el caso de UCCS

Uno de los casos menos esperados pero emblemáticos de esta cruzada fue lo ocurrido en la Universidad de Colorado en Colorado Springs (UCCS). Esta institución regional, percibida históricamente como neutral, fue impactada por la política de recortes y vigilancia federal. Documentos revisados revelan cómo la administración Trump canceló importantes subvenciones del Departamento de Defensa, la Fundación Nacional de Ciencia y el Fondo para las Humanidades, afectando programas vitales en tecnología, igualdad de género y preservación cultural.

“La incertidumbre se está acumulando,” reconoció la canciller Jennifer Sobanet, al referirse a la presión constante por parte del gobierno federal y sus exigencias contradictorias.

La ofensiva contra la diversidad y los derechos LGBTQ+

La ofensiva de Trump también se ha focalizado en las políticas de diversidad y equidad (DEI). UCCS fue objeto de una investigación por un programa de becas doctorales destinado a mujeres y personas de color, que el nuevo gobierno considera como una forma de discriminación inversa. En paralelo, se revisaron políticas deportivas vinculadas a la participación de atletas transgénero, aunque estas no aplicaban directamente al campus. La administración intentó, sin éxito, mantenerse fuera del radar cambiando títulos de programas y páginas web. A pesar de los esfuerzos, no evitaron la sanción ni las investigaciones.

El error de pensar que “esto no pasa aquí”

Según Ava Knox, estudiante y reportera del periódico estudiantil de UCCS, “los docentes tienen miedo de cómo formulan sus investigaciones o lo que dicen en clase”. La presión por mantener los fondos estatales ha generado un ambiente de autocensura. Knox añadió que incluso los estudiantes “son conscientes de que todo está siendo observado en un nivel que nunca antes habíamos vivido”.

Combate a las energías limpias: Revolution Wind en la mira

La agenda de Trump incluye un ataque frontal a las energías renovables. En junio, su administración ordenó detener la construcción del proyecto eólico Revolution Wind, a pesar de estar completado en un 80%. La empresa desarrolladora, Ørsted, se enfrenta ahora a pérdidas millonarias y posibles demandas legales. Se alega una vaga preocupación por la “seguridad nacional”, sin proporcionar pruebas concretas.

Este proyecto tenía la capacidad de abastecer a más de 350.000 hogares en Rhode Island y Connecticut, dos estados que dependen en gran medida de este tipo de energías para cumplir sus metas climáticas.

“Es una decisión que desafía toda lógica y razón,” declaró el senador Richard Blumenthal de Connecticut. “Es un duro golpe para el futuro energético del estado y del país.”

Prioridad a los combustibles fósiles

En simultáneo al boicot del sector eólico, Trump ha redoblado su apoyo a los combustibles fósiles. “La energía eólica y solar son la ESTAFA DEL SIGLO,” proclamó en Truth Social, su red social. Con esta postura, ha revocado múltiples permisos ecológicos, disminuido regulaciones sobre industrias contaminantes y prometido nuevos incentivos para el carbón y el gas natural.

En respuesta, organizaciones como Natural Resources Defense Council advirtieron que “cada estadounidense está pagando el precio de estas decisiones erradas”, como denunció Kit Kennedy, directora del área energética de la entidad.

Economía política de la revancha

La estrategia de Trump podría leerse como parte de una “economía política de la venganza”, en donde el capital político se acumula castigando a enemigos ideológicos. El uso del aparato estatal como herramienta de castigo tiene precedentes en gobiernos autoritarios, no en democracias avanzadas.

La lista de elementos afectados es amplia:

• Revisión de contratos públicos a bufetes que llevaron casos judiciales en su contra
• Cancelación de fondos federales a universidades que “no se alineen”
• Asignaciones condicionales a medios de comunicación e instituciones de investigación

“Es lo que hacen los matones cuando nadie les dice ‘No’”, enfatizó Justin Levitt, exasesor del Departamento de Justicia y profesor en Loyola Marymount University.

Una redefinición peligrosa del poder presidencial

Trump ha afirmado sin rodeos que él es el “jefe de todas las fuerzas del orden”, una interpretación que contradice décadas de normas sobre la separación de poderes. Sus seguidores lo aplauden, percibiendo su accionar como una forma de restaurar el orden perdido. Sin embargo, entre académicos y jueces se encendieron las alarmas.

“Estamos ante un desmantelamiento institucional con justificación populista”, advierte Stephen Saltzburg, exfuncionario del Departamento de Justicia. Según él, Estados Unidos está experimentando una mutación preocupante en la gobernanza presidencial.

El caso de John Bolton, en particular, muestra cuán lejos puede llegar esta administración. Tras escribir un libro crítico, se le revocó la escolta de seguridad pese a estar en una lista de personas amenazadas por Irán. Hoy enfrenta una investigación del FBI por supuesto mal manejo de información clasificada, algo que contrasta visiblemente con la defensa de Trump ante investigaciones similares por documentos encontrados en Mar-a-Lago.

¿Una nueva norma para las democracias?

Lo que probablemente comenzó como un “ajuste de cuentas” personal, parece estar evolucionando hacia una norma política más amplia: el uso del Estado como plataforma para consolidar la autoridad personal. La pregunta que muchos se hacen es: ¿estamos ante el nacimiento de un nuevo paradigma presidencial en Estados Unidos, o es simplemente un desvío temporal en la historia de una democracia sólida?