Universidades bajo presión: cómo la administración Trump sacudió al sistema educativo regional

Una aparente zona neutral con vistas a Pikes Peak

Enclavada en una elevada meseta con vista panorámica a las majestuosas montañas del Colorado, la Universidad de Colorado en Colorado Springs (UCCS) parecía estar a salvo de las tensiones políticas y culturales que azotaban a las universidades de élite del país. Con una comunidad estudiantil compuesta mayormente por jóvenes que trabajan a tiempo completo y que no residen en el campus, y con una ubicación en una zona conservadora dentro de un estado de tendencia demócrata, UCCS parecía haber encontrado una fórmula para mantenerse al margen del caos nacional.

Sin embargo, esa ilusión de neutralidad política se desvaneció rápidamente con la reelección de Donald Trump. A pesar de su bajo perfil mediático, esta universidad se vio arrastrada al centro de una batalla ideológica nacional que rediseñó las dinámicas entre el gobierno federal y las instituciones de educación superior en EE. UU.

La ofensiva conservadora hacia la educación superior

El auge del denominado “giro conservador” en educación no comenzó con Trump, pero fue bajo su administración que alcanzó su máxima expresión. Durante su primer mandato, el expresidente expresó con vehemencia su desprecio hacia lo que consideraba universidades hiperliberales e instituciones elitistas desconectadas del pueblo estadounidense. En su segundo mandato, estas acciones se intensificaron y se expandieron más allá de Harvard y Columbia.

Se abrió una investigación por presunta discriminación racial en un programa de doctorado financiado por fondos federales y en el que participaba UCCS. El programa, diseñado para apoyar a mujeres y personas no blancas en la educación de posgrado, fue acusado de excluir a estudiantes blancos, lo cual según la administración constituía una violación al Título VI de la Ley de Derechos Civiles.

Estas acciones reflejan una inquietud política más amplia: la voluntad de redefinir los límites de la equidad en la educación, la investigación académica y la diversidad universitaria.

Investigaciones, recortes y autocensura

La administración Trump congeló o canceló subvenciones clave para UCCS, incluyendo fondos de la National Science Foundation, el National Endowment for the Humanities y el Departamento de Defensa. Estas subvenciones estaban destinadas a programas de preservación cultural, promoción de mujeres en tecnología y estudios cívicos.

Según información interna obtenida por medios nacionales, el pánico se apoderó gradualmente del campus. La administración universitaria solicitó orientación a varios departamentos federales, sin lograr respuestas claras. En palabras de un funcionario universitario: “El cielo se está cayendo en el NIH”.

La universidad optó por cambiar nombres en sus sitios web y redefinir cargos administrativos: la División de Cultura Inclusiva pasó a llamarse Iniciativas Estratégicas. También se modificó la dirección web de iniciativas de diversidad: www.belonging.uccs.edu en lugar de la anterior que contenía la palabra "diversidad". Un claro intento de reducir la visibilidad en medio de los ataques políticos.

Cambios administrativos y tensiones internas

La canciller Jennifer Sobanet mostró inicialmente optimismo tras la victoria de Trump en las elecciones. En notas filtradas, consideró que retirar subvenciones sería complejo, dado que la mayoría pasan por el Congreso. Sin embargo, ese análisis resultó insuficiente ante el ímpetu del gobierno para restructurar agencias y programas enteros, a pesar de no contar con el respaldo legislativo.

En una reunión con la facultad en febrero, Sobanet advirtió: “La incertidumbre se compone. Y la velocidad con la que llegan las órdenes ha sido un verdadero shock.”

El cuerpo académico, temiendo represalias, comenzó a autocensurarse. Algunos profesores evitaron mencionar ciertos temas en clase o incluso retrasaron investigaciones que podrían levantar sospechas. “Queremos cuidar nuestros fondos”, expresó una estudiante periodista en el diario estudiantil, “pero se respira tensión.”

Una batalla por el alma de la educación estadounidense

Las acciones de la Casa Blanca fueron parte de una estrategia más amplia para redefinir el papel del gobierno federal en la educación. Se eliminaron más de 1,400 empleos del Departamento de Educación y hubo interferencias con el sistema de préstamos estudiantiles. Incluso se contempló transferir estos préstamos a agencias externas.

Estas políticas han afectado no solo a universidades élite, sino a miles de instituciones públicas regionales que dependen tanto de la financiación federal como de las matrículas para subsistir. UCCS, por ejemplo, sólo recibe cerca de 19 millones de dólares en fondos de investigación (alrededor de un 5% de su presupuesto anual de 369 millones). Pero esa cifra es crucial para afianzar su crecimiento como centro de investigación.

En paralelo, las nuevas regulaciones federales sobre deportes y derechos trans obligaron a universidades como UCCS a investigar internamente si sus equipos deportivos contaban con atletas transgénero. No hallaron ninguno, pero el proceso de verificación se vivió como una intrusión administrativa con fines ideológicos.

Guerra cultural y polarización: ¿hasta dónde puede llegar?

El gobierno federal cuenta con múltiples mecanismos para presionar a universidades: cerca de $60 mil millones se entregan anualmente en subvenciones de investigación, y millones de estudiantes dependen de préstamos federales para costear sus estudios. Las administraciones pueden condicionar esos fondos a ciertas normas ideológicas, como sucedió durante el gobierno de Trump.

En otros casos, el gobierno sugirió restricciones tributarias para universidades como Harvard, basándose en conceptos como “sesgo ideológico” y falta de inclusión de voces conservadoras en los claustros académicos. El mensaje era claro: o te alineas, o te clausuran.

Y si bien colosos como Columbia o Penn tienen los recursos para defenderse y litigar, instituciones como UCCS deben optar por la prudencia. Autocensura, rebautizar departamentos e invisibilizar sus programas más polémicos se convirtieron en tácticas de supervivencia.

El declive del espacio académico como foro libre

La respuesta institucional ante estos embates fue silente. UCCS optó por evitar declaraciones públicas aun en temas antes tratados con naturalidad, como el cambio climático o los derechos de los inmigrantes. Un ejemplo claro fue la súplica de un funcionario del área de relaciones públicas para no criticar públicamente la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París.

“Hay un sentimiento creciente en los círculos universitarios de que los líderes del campus no deberían pronunciarse sobre temas controvertidos... a menos que impacten directamente en su comunidad”, argumentó.

Esta postura plantea un dilema: ¿hasta qué punto una universidad debe acallar su voz para protegerse del poder político? ¿Qué sucede cuando el miedo desmantela los principios del pensamiento crítico?

¿Un laboratorio de lo que está por venir?

Lo que ocurre en lugares como UCCS no es un hecho aislado. Según datos del Chronicle of Higher Education, más del 60% de las universidades regionales públicas han experimentado algún tipo de recorte, presión política o ajuste curricular bajo mandatos conservadores.

El caso de la Universidad de Colorado en Colorado Springs revela cómo las grietas de la política nacional han alcanzado incluso a instituciones consideradas neutrales. Lo que comenzó siendo una cruzada contra “la élite liberal universitaria” ha terminado trastocando a todo el ecosistema educativo. Como dijo irónicamente el profesor Jeffrey Scholes: “Aquí no ves polarización ni disturbios... hasta ahora.”

El asalto al espacio académico no solo pone en jaque la diversidad y la inclusión, sino que redefine el propósito central de las universidades: educar con libertad. Y cuando la libertad académica tambalea, también lo hace la democracia.