‘Alcatraz del Pantano’: La prisión migratoria de Florida que desata polémica legal y ambiental
Ambientalistas, tribus indígenas y defensores de derechos civiles luchan contra un centro de detención migratoria oculto en los Everglades, mientras el gobierno federal defiende su funcionamiento clave
En medio del vasto y enigmático ecosistema de los Everglades en Florida, una prisión migratoria ha desatado una tormenta política, legal y ambiental. Apodada irónicamente como “Alligator Alcatraz” por críticos y medios, este centro de detención ha sido objeto de múltiples demandas por su funcionamiento, su legalidad y su impacto en un área protegida.
Un centro que nace en la sombra
Con apenas dos meses desde su construcción, en una zona poco utilizada de un aeropuerto estatal del sur de Florida, el centro fue inaugurado oficialmente el 1 de julio. La infraestructura, que puede albergar hasta 2,000 personas, recibió contratos por más de 245 millones de dólares para su edificación y operación en tiempo récord.
El objetivo declarado: aliviar la sobrepoblación en otros centros migratorios de Florida. Sin embargo, muchos sostienen que el proyecto fue ejecutado al margen de numerosas regulaciones federales y estatales. Grupos ecologistas, la tribu Miccosukee y defensores de derechos civiles han pasado a la ofensiva legal.
Demandas en cadena
Ya son tres las demandas abiertas contra el estado de Florida y agencias federales. La más reciente, presentada en la corte federal de Fort Myers, busca una orden de restricción y una medida cautelar para impedir que se mantenga detenidas a personas en el polémico centro, alegando situaciones de maltrato, abuso y detención ilegal.
Entre los hallazgos documentados por organismos civiles destaca lo siguiente:
- Incomunicación con abogados y familiares.
- Detenciones sin cargos ni audiencias judiciales durante semanas.
- Malas condiciones: presencia masiva de mosquitos, inundaciones, falta de agua limpia y exposición a temperaturas extremas.
- Presiones a personas detenidas para firmar su deportación sin asistencia legal.
Activistas denuncian que el proyecto intenta operar bajo un modelo similar al implementado durante la administración de Donald Trump, quien incluso visitó la instalación recientemente, considerando replicarlo a nivel nacional.
El fallo de la jueza Williams y la respuesta federal
La jueza federal Kathleen Williams ordenó el cierre paulatino del centro, exigiendo que el número de detenidos sea reducido en 60 días. Mientras, prohíbe el ingreso de nuevos reclusos y exige que luego se desmonte la infraestructura: cercas, luces y generadores incluidos.
Pero el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) no se quedó de brazos cruzados. Presentó una solicitud urgente pidiendo que se suspenda el fallo, argumentando que la eliminación del centro pondría en peligro la seguridad nacional al reducir la capacidad de hacer cumplir las leyes migratorias.
“La eliminación del centro comprometería la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes migratorias, resguardar la seguridad pública, proteger la seguridad nacional y mantener la seguridad fronteriza”, escribió Garrett Ripa, director de campo de ICE en Miami.
Una amenaza a los Everglades
Uno de los principales argumentos contra la prisión es su ubicación: justo en el corazón de un ecosistema Ramsar, designado como humedal de importancia internacional. Construir un centro de esta magnitud no sólo representa una agresión física, sino una amenaza a décadas de restauración ecológica financiada con miles de millones de dólares.
La organización Friends of the Everglades y la tribu Miccosukee alegan violaciones a:
- La Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
- La Ley de Agua Limpia.
- La Ley de Especies en Peligro de Extinción.
Plantas raras, aves migratorias y reptiles se verían afectados. El desmonte del terreno y la emisión de luces constantes alteran ritmos biológicos y rutas migratorias, advierten los especialistas.
¿Injuria legal o acto legítimo?
Otro gran debate gira en torno a la legalidad de su operación. La Constitución de EE.UU. establece que las leyes migratorias son de jurisdicción federal, sin embargo, Florida —bajo la administración del gobernador republicano Ron DeSantis— ha tomado un papel protagónico con agencias estatales y contratos privados operando el centro.
Esto ha hecho que organizaciones como la ACLU, Southern Poverty Law Center y Americans for Immigrant Justice argumenten que el estado carece de autoridad legal para administrar centros de detención migratoria. Incluso se solicitó que la demanda se convirtiera en una acción colectiva que represente a todas las personas afectadas por esta práctica en Florida.
La historia se repite: el caso de Kilmar Abrego
Paralelamente, el caso de Kilmar Abrego García ha saltado a la opinión pública como otro ejemplo de las fallas del sistema migratorio actual. Abrego, erróneamente deportado años atrás desde EE.UU. a El Salvador, regresó solo para enfrentar cargos de tráfico humano considerados infundados por sus abogados. Fue detenido nuevamente y obligado a entregarse a ICE, mientras manifestantes se congregaban exigiendo transparencia.
Su paradero fue desconocido por días y ha servido como argumento de los activistas para demostrar cómo estos centros, como “Alligator Alcatraz”, contribuyen a la opacidad y a la violación sistemática de los derechos básicos.
La mirada política: entre restauración ambiental y deportación masiva
Este conflicto en torno a la prisión en los Everglades no es un fenómeno aislado. Refleja una tensión creciente entre gobiernos estatales conservadores que buscan ejercer poder en políticas migratorias, y un gobierno federal atado por leyes nacionales y derechos humanos. Ronald DeSantis, quien ha afirmado que Florida "tomará el control que Washington no asume", encabeza un movimiento ultraconservador que empuja los límites del federalismo en EE.UU.
Mientras tanto, los jueces sopesan las armas legales de ambas partes: los argumentos ambientales, de derechos civiles y constitucionales contra la necesidad de operatividad, seguridad nacional y manejo interno del fenómeno migratorio.
La controversia por el “Alligator Alcatraz” pone sobre la mesa preguntas fundamentales: ¿Puede un estado operar ilegalmente una prisión migratoria? ¿Hasta qué punto se puede sacrificar el medio ambiente por un objetivo político? ¿Y quién defiende los derechos de los inmigrantes sin rostro?
¿Y ahora qué?
En las próximas semanas se espera una decisión urgente de la jueza Williams sobre si permitirá continuar operando el centro mientras se procesa la apelación gubernamental. Mientras tanto, se mantiene el reloj en marcha: según el fallo original, el centro debería comenzar su desmantelamiento en menos de dos meses.
La tensión crece, y Florida podría convertirse en el epicentro de un debate nacional sobre inmigración, derechos humanos y la protección del medio ambiente.
