Deportaciones a terceros países: el arma silenciosa de la política migratoria estadounidense
Bajo acuerdos con naciones vulnerables, Estados Unidos ha intensificado las expulsiones de migrantes a territorios ajenos a sus países de origen, desatando controversia legal y humanitaria a nivel internacional.
Una nueva forma de deportación
En medio de una creciente tensión migratoria mundial y bajo una narrativa de seguridad nacional, Estados Unidos ha venido implementando una controvertida política: los acuerdos de tercer país para deportar a migrantes a naciones distintas de la suya. Lejos de ser una práctica inédita, la administración de Donald Trump la ha elevado a un método casi estándar en su enfoque hacia la inmigración ilegal.
El caso más reciente que ilustra esta táctica es el de Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño cuyos esfuerzos por permanecer en Estados Unidos terminaron con intentos de deportación a Uganda, una nación africana con la que no tiene vínculos. Este hecho ha sido una llamada de atención sobre las implicaciones legales, éticas y humanitarias de esta estrategia migratoria.
¿Qué son los acuerdos de tercer país?
Bajo estos pactos bilaterales, el gobierno estadounidense puede deportar a un migrante a un tercer país seguro, sin importar si ese lugar es su país de origen o si tiene alguna conexión con él. Aunque la ley de inmigración de EE.UU. contempla esta opción, su aplicación había sido esporádica... hasta ahora.
En junio de 2025, el Tribunal Supremo de EE.UU. aprobó la legalidad de estas deportaciones exprés, siempre que las autoridades informen al migrante de su destino con apenas seis a 24 horas de antelación y lo hagan en un idioma que entienda. Esto ha generado reclamos por parte de grupos de derechos humanos y del mismo alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.
Países receptores: vulnerabilidad como estrategia
Los acuerdos de tercer país no se firman con aliados estratégicos o países con solidez democrática. Por el contrario, EE.UU. ha elegido a naciones con débiles sistemas judiciales, problemas de corrupción o altos niveles de violencia.
Países como Uganda, Sudán del Sur, Paraguay, Costa Rica y Panamá han aceptado recibir migrantes bajo estos acuerdos. En algunos casos, como el de Uganda, se requiere que los deportados no tengan antecedentes penales ni sean menores no acompañados.
Incluso se han reportado casos como el de cinco hombres deportados en julio de 2025 a Esuatini (antigua Suazilandia), donde permanecen en confinamiento solitario, mientras se resuelve su situación migratoria, la cual podría demorar hasta un año completo.
¿Una estrategia diplomática encubierta?
Expertos en relaciones internacionales señalan que varios países africanos han negociado estos acuerdos en busca de ventajas colaterales, como reducción de aranceles, levantar sanciones o evitar restricciones de visado impuestas por EE.UU.
Una práctica que algunos analistas califican como diplomacia coercitiva, pues el mismo Trump ha condicionado ayuda externa o beneficios comerciales a la colaboración en materia migratoria.
Impacto legal y humanitario
La utilización de acuerdos de tercer país ha sido fuertemente criticada por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estas entidades advierten que muchos de los migrantes no tienen acceso a abogados, tiempo suficiente para preparar una defensa, o siquiera conocimiento básico del idioma donde serán enviados.
La práctica también viola acuerdos internacionales como el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe la expulsión de personas a países donde corren riesgo de sufrir tortura o persecución.
El caso Abrego García: símbolo de una tendencia
El caso de Kilmar Abrego García ha ganado notoriedad no sólo porque fue deportado por error a El Salvador en marzo, sino porque ahora enfrenta una nueva tentativa de envío a Uganda.
Abrego ha recibido apoyo legal y social por parte de su comunidad en Baltimore, incluidas protestas públicas frente a oficinas del ICE. Su caso acentúa las deficiencias logísticas y éticas de esta política. Como señalan expertos, “es una forma moderna de exilio forzado”.
Foto: Jennifer Vásquez Sura y su esposo Kilmar Abrego García protestan frente a las oficinas de ICE en Baltimore, agosto 2025
¿Por qué enviar personas a países desconocidos?
Así lo justificó un portavoz del DHS: “muchos inmigrantes provienen de países que no aceptan a todos sus deportados. Además, muchos de estos individuos representan una verdadera amenaza a la seguridad nacional”.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, solo en 2024 se identificaron más de 50 países que regularmente se niegan a aceptar repatriaciones, entre ellos China, India y Vietnam. Como respuesta, se opta por enviar a esas personas a otras naciones supuestamente dispuestas.
Un sistema opaco
Uno de los aspectos más criticados de los acuerdos es su falta de transparencia. Por ejemplo, no se hacen públicos los términos detallados de los tratados suscritos con Uganda, Paraguay o Sudán del Sur. Este secretismo impide controlar si existen garantías legales adecuadas.
Incluso las deportaciones se hacen con intervención mínima de cortes de inmigración, lo que, según organizaciones como la ACLU, equipara a expulsiones extrajudiciales, donde el derecho a ser escuchado queda brutalmente restringido.
Lecciones globales: Europa y Reino Unido
Estados Unidos no está solo en esta estrategia. La Unión Europea considera crear "centros de retorno" en terceros países para almacenar migrantes a la espera de ser devueltos a sus países. Italia, por ejemplo, mantiene centros de deportación en Albania.
Reino Unido firmó en 2022 un polémico acuerdo con Ruanda para enviar de forma obligatoria a solicitantes de asilo –medida bloqueada posteriormente por tribunales británicos debido a preocupaciones sobre derechos humanos.
Los casos europeos, al igual que los estadounidenses, enfrentan rechazo desde organismos internacionales que abogan por un enfoque humanitario en las políticas migratorias.
¿Y el futuro?
Con nuevos actores políticos como Donald Trump y Joe Biden en el escenario electoral, ambos partidos han mostrado interés en mantener ciertos elementos de esta estrategia, aunque con matices en su ejecución.
¿Es este el nuevo rostro del control migratorio? ¿Se está globalizando una forma institucionalizada de destierro? Mientras tanto, miles de migrantes se enfrentan a la incertidumbre de ser enviados a países desconocidos, donde no los espera ni familia, ni trabajo ni protección legal.
Es el precio de una política de mano dura que parece ciegamente decidida a sacrificar la humanidad en nombre de una seguridad nacional cuestionable.
