El atentado en Abbey Gate y el retiro de Afganistán: herencia de decisiones cruzadas

Una ceremonia cargada de memoria y reproche

El expresidente Donald Trump firmó recientemente una proclama para homenajear a los 13 militares estadounidenses que perdieron la vida el 26 de agosto de 2021 durante el atentado suicida en Abbey Gate, una de las puertas del aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul. El acto simbólico, realizado en la Oficina Oval, concentró a unas 35 familias de los caídos, en una atmósfera que osciló entre lo protocolar y lo político. El episodio no sólo sirve para recordar a los muertos, sino que ha sido eje de una narrativa crítica hacia el manejo de la salida militar de Afganistán bajo la administración del actual presidente, Joe Biden.

"Ese fue uno de los días más tontos en la historia de nuestro país", recalcó Trump sin ambages, reiterando una línea de campaña que ha utilizado desde 2021. Su discurso transformó un evento solemne en una plataforma de ataque, acusando a Biden de incompetencia y de haber dejado morir a soldados por seguir un calendario "absurdo y mal negociado". Sin embargo, la realidad, según múltiples reportes, es bastante más compleja.

¿Quién cargó con la responsabilidad del caos?

Para entender esta tragedia, es esencial retroceder hasta 2020. El entonces presidente Donald Trump firmó el Acuerdo de Doha con los talibanes, que delineaba un cronograma de retiro militar para mayo de 2021, condicionado a compromisos que los talibanes debían cumplir, como cortar vínculos con grupos terroristas. Dicho acuerdo redujo significativamente el número de tropas estadounidenses en suelo afgano sin que los talibanes cumplieran todas las condiciones.

Con la llegada de Biden a la Casa Blanca en enero de 2021, su administración decidió respetar el acuerdo de retiro, aunque postergó la fecha al 31 de agosto para una retirada "ordenada". Sin embargo, la falta de coordinación con aliados afganos, el colapso del ejército local y la toma relámpago de Kabul por parte de los talibanes precipitaron una operación de evacuación caótica que terminó en desastre con el atentado suicida frente al Abbey Gate, donde más de 170 personas murieron, incluyendo 13 soldados estadounidenses.

La explosión de Kabul: un antes y un después

El atentado en cuestión fue llevado a cabo por la rama afgana del Estado Islámico, conocida como ISIS-K, que aprovechó la aglomeración frente a la puerta del aeropuerto, donde miles de civiles buscaban desesperadamente huir del país. Como describen los informes de inteligencia posteriores, la amenaza era conocida, pero el contexto operacional imposibilitó una reacción adecuada.

Joe Biden, en un mensaje posterior a la tragedia, calificó a los soldados fallecidos como "patriotas en el más alto sentido". “Desde que fui vicepresidente llevo una tarjeta con el número exacto de miembros de las fuerzas armadas fallecidos en Irak y Afganistán”, explicó Biden, listando los nombres de los 13 soldados caídos. La administración declaró su compromiso de continuar analizando las fallas operativas que llevaron a ese punto.

El juego político sobre las tumbas

Más allá del duelo auténtico, la tragedia se ha convertido en una herramienta política. En la Convención Nacional Republicana de 2024, familiares de los soldados muertos subieron al escenario con Trump, quien continuó señalando a Biden por lo ocurrido. En 2023, durante una visita al Cementerio Nacional de Arlington conmemorando el aniversario del atentado, se reportó un incidente con un miembro de la campaña de Trump que habría agredido a un empleado del cementerio al intentar impedir fotos partidistas, violando así leyes federales sobre actividades electorales en sitios militares.

La politización del dolor es tema frecuente en Estados Unidos, pero en este caso, los bordes se diluyen. JD Vance, actual vicepresidente bajo Trump, comentó durante el homenaje que el mandatario “rectificó un error que Biden se negó a reconocer”. Pete Hegseth, actual secretario de Defensa, afirmó que el Departamento de Defensa abrirá una nueva investigación sobre la retirada de Kabul.

Trump y las Fuerzas Armadas: una purga silenciosa

El día del homenaje coincidió con otro suceso relevante: el nombramiento de el almirante Daryl Caudle como nuevo jefe de Operaciones Navales, tras la sorpresiva destitución de Lisa Franchetti, la segunda mujer en la historia en alcanzar el rango de almirante de cuatro estrellas. Franchetti fue destituida por Hegseth sin explicación y en paralelo al cese de CQ Brown Jr., exjefe del Estado Mayor Conjunto.

Este patrón ha sido interpretado como parte de una reforma estructural dentro del Pentágono, dirigida a eliminar voces disidentes o que no se alinean completamente con la visión “paz mediante fuerza” que sostiene Trump. El nuevo jefe naval, Caudle, manifestó su apoyo incondicional con esta doctrina, prometiendo que rendirá cuentas con base en resultados tangibles: barcos en funcionamiento, tripulaciones completas y producción de armamento.

Más allá de Kabul: control de datos y conflicto de jurisdicciones

A esta narrativa sobre Afganistán y las Fuerzas Armadas se suma un elemento que ha pasado más desapercibido, pero no por eso menos problemático: el uso de herramientas de vigilancia como los lectores automáticos de placas vehiculares. La empresa Flock Safety, responsable de instalar estas cámaras en más de 4,000 comunidades en EE.UU., anunció que detendrá temporalmente sus programas piloto con agencias federales, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, tras denuncias de uso indebido de datos en Illinois.

Alexi Giannoulias, secretario de Estado de Illinois, denunció que la agencia federal accedió a datos vehiculares del estado, violando una ley de 2023. Esta ley prohíbe el uso de dicha información para investigar abortos realizados fuera del estado o por estado migratorio. Flock, aunque asegura que no facilita búsquedas relacionadas con inmigración, reconoció que los parámetros eran poco claros y prometió ajustes: ya no se permitirán búsquedas nacionales, solo aquellas solicitadas por agencias individuales con acuerdos específicos.

El retiro de Afganistán como herida abierta

Lo ocurrido en Kabul en 2021 fue el clímax de una cadena de decisiones erráticas empezadas en una administración y ejecutadas en otra. Un informe del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán de 2022 concluyó que la caída del país fue resultado de decisiones tomadas tanto por Trump como por Biden. Reducir la tragedia a un error exclusivamente de uno u otro, ignora el contexto y vacía el debate público.

Mientras tanto, las familias de los caídos cargan con su duelo, los militares activos enfrentan incertidumbre institucional y el pueblo estadounidense asiste a un eterno retorno de la guerra como capital político. La salida de Afganistán no fue simplemente torpe: fue el reflejo de 20 años de errores acumulados, idealismos impuestos con armas y una desconexión total con la realidad del terreno.

“Lo que pasó en Abbey Gate no es atribuible a un presidente, sino a cuatro administraciones, miles de decisiones y un pueblo que dejó de preguntar qué hacíamos allí desde hacía mucho tiempo”, expresó en 2022 el entonces general Frank McKenzie, responsable del CENTCOM en la retirada.

Hoy, con homenajes, destituciones y campañas, seguimos sin responder esa pregunta.