El precio del silencio: la polémica indemnización británica por los daños en Kenia
Un análisis crítico del polémico acuerdo entre el Reino Unido y las víctimas keniatas tras el incendio provocado por militares británicos, que revela profundas fallas en la justicia internacional y la soberanía local
La historia detrás del incendio en las colinas de Lolldaiga
En 2021, un incendio descontrolado arrasó con más de 12,000 acres de tierras en las bellas y ecológicamente valiosas colinas de Lolldaiga, en el centro de Kenia. Este desastre ambiental fue causado por un soldado británico mientras se utilizaba una estufa de queroseno durante entrenamientos del Ejercito Británico en suelo keniano.
Las consecuencias fueron catastróficas: la muerte de un civil, varios animales perecieron, y cientos de familias reportaron problemas respiratorios y daños oculares por el humo tóxico. Un informe ambiental presentado ante la corte keniana concluyó que la recuperación de la biodiversidad podría tomar entre 30 y 50 años.
Este hecho, en sí indignante, escaló rápidamente a un debate mayor sobre la relación entre Reino Unido y Kenia, una nación que fue una colonia británica hasta 1963.
Una demanda histórica y una inmunidad rota
En respuesta al desastre, más de 7,700 keniatas y una ONG ambiental presentaron una demanda colectiva contra el ejército británico ante el Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Kenia. El caso tomó un giro decisivo cuando la jueza Kossy Bor determinó que el Reino Unido y su ejército no gozaban de inmunidad absoluta, ya que habían renunciado a ella mediante un tratado de defensa con Kenia.
Esto marcó un precedente sin igual: por primera vez, una corte keniana admitía la posibilidad de juzgar a fuerzas militares extranjeras por daños civiles.
Poca justicia con una indemnización decepcionante
Aunque el fallo fue fervientemente aclamado por abogados como Kelvin Kubai, representante legal de las comunidades de Lolldaiga, el desenlace provocó indignación: el gobierno británico acordó pagar sólo 2.9 millones de libras esterlinas en compensaciones, equivalentes a unos 3.9 millones de dólares.
El cálculo final se traducía en montos tan bajos como 129 libras por persona (unos 22,500 chelines kenianos), una ínfima fracción de los 575 millones de libras originales exigidos.
“Mi casa está justo en la frontera con Lolldaiga Hills. La inhalación del humo me dejó con daños respiratorios y aún así, recibiré apenas unas libras. Es indignante”, dijo Charles Ndungu.
Este anuncio desembocó en protestas y peticiones de mayor transparencia, con la comunidad organizándose para discutir nuevas acciones legales.
Mala conducta militar: más allá del incendio
Las tensiones no se limitan al incidente del incendio. Un reporte del Ministerio de Defensa del Reino Unido reconoció recientemente que sus tropas desplegadas en Kenia siguen participando en sexo por dinero, algo que viola no solo las normas militares británicas, sino también las leyes kenianas.
La situación se agravó tras una investigación realizada por el canal británico ITV en 2024 que reveló que soldados en Nanyuki alimentaban redes de prostitución en la zona.
“Es más probable que improbable que, a pesar de la formación y medidas de control impuestas por el Ejército Británico, continúen las actividades sexuales transaccionales por parte del personal militar británico en Kenia”, sentenció el informe.
Además, en un escándalo sin precedentes, el Tribunal Superior del Reino Unido ordenó revelar los contactos de 11 soldados británicos que presuntamente tuvieron hijos con mujeres keniatas durante sus estancias en el país, con posibles repercusiones legales relacionadas con paternidad, ciudadanía y pensiones alimenticias.
Desigualdad jurídica y legado colonial
Estos acontecimientos exponen una preocupante tendencia: la indulgencia sistemática hacia el comportamiento problemático de tropas extranjeras en África. Esta desigualdad tiene raíces históricas profundas, pues Kenia fue colonia británica de 1895 a 1963, y hoy aún acoge a unos 3,000 soldados británicos cada año bajo un acuerdo de defensa firmado en 2015 y renovado en 2021.
El tratado, supuestamente, otorga a Kenia jurisdicción sobre actos criminales y civiles. No obstante, hasta ahora, ningún soldado británico ha enfrentado cargos penales en juzgados kenianos. El incendio forzó ese primer quiebre, pero la sensación de impunidad estructural sigue predominando.
En palabras del activista John Kiunjuri:
“Este acuerdo ya no sirve a los intereses de Kenia. Es hora de revisarlo, exigir transparencia y justicia verdadera.”
Un panorama sombrío para los derechos humanos
Este caso debe analizarse en un contexto global donde los soldados occidentales desplegados en el sur global muchas veces operan con total impunidad. Casos similares han sido documentados en Uganda, Sierra Leona, República Centroafricana y Sudán del Sur, donde la presencia de tropas extranjeras ha traído consigo violaciones de derechos humanos poco o nunca sancionadas.
La situación en Kenia, aunque significativa, es sólo la punta del iceberg. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado múltiples casos en que tropas británicas, francesas y estadounidenses han escapado de responsabilidades por agresiones, contaminación y maltrato a civiles en territorios africanos.
¿Puede cambiar la narrativa?
La histórica decisión del poder judicial keniano podría marcar el inicio de una nueva era de legitimación de la soberanía africana. Que una potencia excolonial como el Reino Unido se vea forzada a responder ante tribunales locales es un logro político y simbólico.
No obstante, este avance podría desacreditarse si las indemnizaciones se vuelven ridículas, si los culpables siguen sin ser juzgados y si el sistema continúa privilegiando relaciones diplomáticas sobre la justicia ambiental y social.
Este no es solo un caso entre gobiernos, sino un recordatorio de cómo los legados coloniales pesan aún sobre las estructuras de poder, diplomacia y justicia del siglo XXI.
¿El incendio en las colinas de Lolldaiga será recordado como una excepción o como el punto de inflexión hacia un nuevo tipo de relaciones internacionales más justas?
Fuentes principales:
- Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Kenia
- Ministerio de Defensa del Reino Unido, informe 2024
- Investigación ITV News: “The Forgotten Mothers of Nanyuki”
- Declaraciones de Kelvin Kubai y John Kiunjuri en medios kenianos
