¿Quién vigila a los fiscales?: El polémico caso de Devon Flanagan y la erosión de la confianza institucional
Una fiscal estatal protagoniza un escándalo de conducta indebida en Rhode Island, reabriendo el debate sobre estándares éticos y privilegios institucionales
La noche que lo cambió todo
Una cámara corporal de la policía de Newport, Rhode Island, captó una escena que rápidamente generó un escándalo mediático. En ella, una mujer visiblemente alterada le dice a un oficial mientras es arrestada:
“Buddy, you’re gonna regret this.”
La mujer era nada menos que Devon Flanagan, abogada y fiscal perteneciente a la unidad de apelaciones del fiscal general del estado. El incidente, ocurrido el pasado 14 de agosto, ha generado repercusiones en la administración de justicia del estado y reavivado un debate nacional sobre la conducta ética de quienes están encargados de hacer cumplir la ley.
¿Qué ocurrió exactamente?
Flanagan y una acompañante fueron detenidas al negarse a abandonar el restaurante Clarke Cook House tras ser solicitadas a hacerlo. El arresto no hubiese pasado a mayores si no fuera por el comportamiento de Flanagan durante su interacción con los oficiales. En repetidas ocasiones, pidió que apagaran la cámara corporal mientras repetía: “I’m an AG” (“Soy de la fiscalía general”) — como sugiriendo inmunidad o espera de trato preferencial.
Posteriormente, ya dentro del vehículo policial, pronunció la frase que desencadenó el escándalo: “You’re gonna regret it.”
Frente a esto, el fiscal general del estado, Peter Neronha, no tardó en actuar: puso a Flanagan en licencia sin goce de sueldo por seis meses. En palabras del propio Neronha:
“Sostenemos a nuestros abogados a los más altos estándares personales y profesionales, y la señorita Flanagan claramente no los cumplió aquí.”
Privilegios institucionales vs. responsabilidad institucional
La frase “I’m an AG” no solo fue un gesto de arrogancia; fue la manifestación palpable de la cultura de privilegio institucional que muchas veces impregna las estructuras de poder dentro del sistema judicial. Quienes trabajan como guardianes de la ley no solo deben hacerla cumplir, sino también representar con su conducta la legitimidad del sistema.
Este incidente expone los peligros de ese doble rasero tácito, donde algunos agentes del Estado pueden sentirse por encima de las normas que ellos mismos promueven y exigen. El actuar de Flanagan en esa noche de agosto reflejó la tensión entre el principio de igualdad ante la ley y el ejercicio del poder desde espacios supuestamente inmunes.
Contexto nacional: no es un caso aislado
Este tipo de comportamiento no es nuevo ni exclusivo de Rhode Island. En 2023, un informe del American Constitution Society reveló que el 12% de los fiscales disciplinados a nivel nacional entre 2015 y 2022 lo fueron por conductas impropias fuera de los tribunales, incluyendo arrestos por violencia doméstica, tráfico y abuso de autoridad.
En ese universo, la mayoría recibió sanciones administrativas leves, y solo el 3% tuvieron consecuencias legales o perdieron su cargo de forma definitiva. Esto plantea una pregunta crucial: ¿hay suficientes mecanismos de control y consecuencias reales para quienes violan la ética dentro del poder judicial?
¿Cuál debe ser el castigo justo?
La ley de Rhode Island establece que una condena por trespassing intencional conlleva hasta un año de prisión o una multa de $1,000. Sin embargo, la incógnita más relevante sigue siendo: ¿podrá Flanagan retomar su cargo dentro de la fiscalía tras cumplir su suspensión?
En un contexto donde la confianza pública en las instituciones está visiblemente desgastada, muchos consideran inadmisible que tras un comportamiento así —evitando colaborar con la policía, abusando de su cargo y amenazando a un oficial— alguien continúe operando como una representante de la justicia.
¿Un camino hacia la redención?
En su comunicado, el fiscal Neronha afirma creer en el crecimiento personal tras los errores. Expresó:
“Ella tiene un largo camino por recorrer, pero creo que, a la larga, nuestros peores momentos pueden inspirarnos a ser mejores personas.”
Flanagan envió cartas de disculpas a los oficiales y aún hay quienes consideran que sus años de servicio deberían ser tomados en cuenta. Pero, ¿es suficiente la disculpa ante una evidente falta ética que implica abuso de posición?
La cuestión no es solo lo que significa una disculpa, sino lo que representa mantener o no en funciones a una persona que ha utilizado su rol oficial como argumento de impunidad.
El impacto a largo plazo en la fiscalía general
El caso Flanagan ha golpeado la imagen de la oficina del Fiscal General de Rhode Island, que durante los últimos años ha buscado posicionarse como un organismo imparcial y transparente en sus actuaciones. Este evento podría ser utilizado por defensas legales en el futuro como evidencia de dobles estándares en la aplicación de justicia.
No se debe subestimar el poder simbólico de este tipo de incidentes: erosionan paulatinamente los pilares de credibilidad del sistema judicial, generando una peligrosa desconexión entre el Estado y la ciudadanía.
Reflexión final: la justicia es para todos
En una época de polarizaciones, noticias falsas y desinformación, las instituciones necesitan transmitir honestidad e integridad con mayor fuerza que nunca. La igualdad ante la ley no es solo un eslogan constitucional; es la piedra angular de una democracia funcional. Y para sostener esa equidad, se debe aplicar con el mismo rigor, tanto al ciudadano común como a quien porta una placa o una credencial estatal.
La historia de Devon Flanagan no es simplemente la de una abogada que cometió un error. Es una señal de advertencia sobre los distintos niveles de responsabilidad que exigimos —o dejamos de exigir— a quienes juraron defender y representar la justicia. Y como sociedad, debemos preguntarnos: ¿cuánto estamos dispuestos a tolerar antes de exigir consecuencias reales?
