Aceh y la flagelación pública: una polémica que expone el choque entre derechos humanos y ley islámica
El castigo de dos hombres por abrazarse y besarse en un baño público reaviva el debate global sobre la discriminación sancionada por el Estado y la vigencia de la Sharía en la única provincia islámica de Indonesia.
Un castigo del pasado en pleno siglo XXI
El 26 de agosto de 2025, en un parque de la ciudad de Banda Aceh, frente a un centenar de espectadores, dos jóvenes de 20 y 21 años fueron públicamente azotados con varas de ratán tras ser condenados por una corte islámica bajo la ley de la Sharía. ¿Su crimen? Haberse abrazado y besado en el baño de un parque, lo que el tribunal consideró como el preludio de "relaciones sexuales prohibidas".
Este acto, aunque pueda parecer extraño e incluso arcaico para muchas sociedades, es legal en la provincia indonesia de Aceh, la única del país donde se aplica plenamente la ley islámica desde 2006, tras un acuerdo con el gobierno central para poner fin a un conflicto separatista.
¿Qué es la Sharía y cómo se aplica en Aceh?
La Sharía es un sistema legal basado en el Corán y otros textos del islam. En Aceh, esta ley se ha implementado con una severidad singular, incluyendo una policía religiosa que patrulla parques, restaurantes y lugares públicos. Bajo sus códigos, delitos como el adulterio, el consumo de alcohol, los juegos de azar y las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se castigan con azotes públicos.
En 2015, Aceh expandió su código penal islámico, extendiendo la jurisdicción de la Sharía incluso a los no musulmanes, quienes representan aproximadamente el 1% de su población. Su legislación permite hasta 100 latigazos como castigo corporal.
Una ley que afecta directamente a la comunidad LGBTQ+
La reciente flagelación se une a otros cuatro casos documentados desde 2016 que involucran la persecución de personas homosexuales en Aceh. Según Amnistía Internacional, se trata de "actos escalofriantes de discriminación sancionada por el Estado".
“Este castigo es un recordatorio aterrador del estigma institucionalizado y el abuso que enfrentan las personas LGBTQ+ en Aceh. Las relaciones íntimas entre adultos con consentimiento jamás deberían criminalizarse”, sentenció Montse Ferrer, directora regional de investigación de Amnistía.
La pareja había contactado previamente por una app de citas y se encontró en el parque donde, tras una denuncia vecinal, fueron sorprendidos por la policía religiosa abrazándose y besándose.
Reacciones locales e internacionales
Mientras organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo condenan estos actos, hay ciudadanos locales que los apoyan. “Espero que esto sirva de lección y tenga un efecto disuasorio”, afirmó Aulia Saputra, testigo del castigo.
La postura del gobierno central indonesio es ambigua. Aunque la Constitución nacional no criminaliza la homosexualidad y el gobierno ha emitido previamente advertencias sobre aplicar la ley de forma más moderada, no ha podido revocar las regulaciones regionales de Aceh.
En 2016, una carta del Ministerio del Interior indicó que las leyes regionales deberían alinearse con la Constitución indonesia, especialmente en lo que respecta a castigos considerados inhumanos. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó una petición de revisión a las leyes de Aceh que permitían la flagelación pública.
¿Qué dice el derecho internacional?
Indonesia es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe los castigos crueles, inhumanos o degradantes. Organismos como Human Rights Watch y la Human Dignity Trust han denunciado continuamente estas prácticas que consideran violatorias de tratados internacionales aprobados por Indonesia.
“La flagelación pública viola la dignidad humana y es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos”, afirman desde la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
¿Disuasión o espectáculo?
La práctica de azotar públicamente a las personas se realiza en plazas y parques, con acceso a cualquier ciudadano. La escena suele contar con un verdugo con túnica y capucha, similar a una ejecución simbólica. El objetivo declarado es disuadir a otros de cometer pecados similares.
No obstante, esta práctica ha sido criticada por convertirse en una forma de humillación pública. Incluso psicólogos y profesionales de la salud mental en Indonesia han advertido sobre los daños profundos, físicos y emocionales, infligidos en los afectados.
El uso político de la moral religiosa
Expertos en ciencias políticas y sociales coinciden en que la implementación firme de la Sharía en Aceh está profundamente mezclada con intereses políticos y estrategias de legitimación.
Maidina Rahmawati, directora interina del Institute for Criminal Justice Reform, apuntó: “Lo hacen porque parece ser lo correcto desde el punto de vista político; apoya la narrativa de un gobierno basado en la Sharía, ganando respaldo religioso y popular”.
Un espejo para el presente y el futuro
El caso reabre el eterno debate sobre el equilibrio entre respeto cultural, libertad religiosa y los derechos humanos universales. ¿Hasta qué punto la autonomía regional puede justificar leyes que, a ojos del derecho internacional, suponen tortura y tratos degradantes?
En un mundo cada vez más globalizado y con mayor exposición mediática, este tipo de eventos generan presión internacional. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea han planteado objeciones diplomáticas anteriormente. Pero la soberanía indonesia y la autodeterminación islámica en Aceh suelen resistir cualquier crítica externa.
Mientras tanto, ONG locales luchan por el reconocimiento de derechos básicos, especialmente para la comunidad LGBTQ+ que vive en zonas con legislación religiosa. La visibilidad de estos casos ayuda a encender un debate imprescindible no sólo en Indonesia, sino también en otras regiones donde la religión y el poder estatal están estrechamente ligados.
¿Hay esperanza de cambio?
Aunque el camino es lento, existe una red de activistas, abogados y organizaciones feministas y pro-LGBTQ+ que combate diariamente por derogar o reformar estas leyes. En 2022, la cifra de personas procesadas por moralidad en Aceh descendió levemente por primera vez en cinco años, gracias a campañas de presión pública y litigios estratégicos.
“Cada video que se filtra, cada historia que se difunde internacionalmente ayuda a construir resistencia y a generar empatía global”, concluye Rahmawati.
En un rincón del mundo donde el amor puede costarte 80 latigazos, la denuncia pública será siempre el primer paso para cambiar la historia.
