Arrestos masivos, registros ilegales y represión en Washington: ¿una justicia selectiva bajo la sombra del poder?

Un verano oscuro en Washington

Desde el 7 de agosto, Washington D.C. ha sido testigo de un despliegue sin precedentes de agentes federales y tropas bajo el pretexto de combatir el crimen. La Casa Blanca ha informado que más de 1,000 personas han sido arrestadas desde el inicio de esta operación, enmarcada por la administración Trump como una respuesta drástica a la criminalidad en la capital. Sin embargo, lo que se presenta como una medida restauradora del orden ha comenzado a levantar serias dudas sobre su legalidad, su motivación política e incluso, el respeto por los derechos fundamentales.

La justicia vs. el show de fuerza

En audiencias recientes, el magistrado federal Zia Faruqui ha sido notablemente vocal sobre la forma en que los arrestos se han llevado a cabo. Durante el proceso contra Torez Riley, un hombre afroamericano detenido por portar supuestamente armas sin registrar, Faruqui no se guardó palabras para describir lo que calificó como “el registro más ilegal que he visto en mi vida”.

“Un estudiante de primer año en la facultad de derecho sabría que esto fue inconstitucional”, sentenció el magistrado.

Este caso generó conmoción pública cuando se supo que Riley permaneció encarcelado una semana entera antes de que los fiscales, tras revisar el video de la cámara corporal policial, decidieran retirar los cargos “en interés de la justicia”.

Una lluvia de críticas legales

No solo ha sido Faruqui quien expresó su preocupación. Abogados defensores denuncian un patrón sistemático de arrestos sin causa probable, muchas veces por simples sospechas subjetivas o apariencias. Elizabeth Mullin, abogada de Riley, sostuvo:

“Lo detuvieron porque iba entrando a un Trader Joe’s después del trabajo. No había ninguna justificación legal”.

Este tipo de aprehensiones están siendo procesadas, muchas veces —de manera inusual— en cortes federales en lugar de tribunales locales, incluso cuando se trata de delitos menores como posesión de drogas o resistencia sin violencia.

El costo humano de una política punitiva

El caso de Darious Phillips expone las consecuencias más profundas de esta política. Arrestado por presuntamente portar un arma, permaneció en prisión preventiva durante cinco días, perdiendo incluso la oportunidad de comparecer ante el juez por encontrarse en crisis mental.

“Si hay un aumento en las detenciones y procesamientos, también debe haber un aumento en la protección de la dignidad humana”, declaró Faruqui con firmeza durante la audiencia.

Para Tezira Abe, abogada de Phillips, lo sucedido es una clara expresión de cómo el operativo ha tenido consecuencias devastadoras para personas vulnerables:

“Estamos viendo arrestos dudosos, sostenidos en suposiciones más que en pruebas”.

Más allá de la legalidad: ¿racismo institucional?

Las detenciones bajo este operativo han afectado desproporcionadamente a personas afroamericanas y latinas, lo cual ha encendido alarmas en organizaciones de derechos civiles que ya han pedido investigaciones federales. Uno de los aspectos más problemáticos es el uso de observaciones subjetivas para justificar registros e interceptaciones.

Como el caso de Riley ilustra, su arresto se justificó por la apariencia de su bolso cruzado, que “parecía pesar mucho”. No había comportamiento sospechoso, reporte previo o interacción directa. Solo eso. Y como ya dijo el magistrado Faruqui: “Espeluznante. Ni siquiera pasaría un examen de derecho básico”.

Jeanine Pirro y el choque de poderes

La fiscal federal Jeanine Pirro, reconocida exconductora de Fox News y figura leal al expresidente Trump, ha defendido firmemente la operación. Cuando el juez criticó el manejo del caso Riley, Pirro respondió acusando a Faruqui de tener un “historial de indulgencia con delincuentes armados”, lo que desató un enfrentamiento público inusual entre magistratura y fiscalía.

Esta tensión refleja una división más amplia en el sistema jurídico estadounidense, donde las acusaciones de politización de la justicia se han vuelto protagonistas en los últimos años.

Una crisis de legitimidad judicial

Los ejemplos abundan. En paralelo al operativo en D.C., el Departamento de Justicia ha llegado a acuerdos con varios agentes del FBI que fueron sancionados por mostrar opiniones políticas o negarse a cumplir con políticas internas como la vacunación contra el COVID-19. Entre ellos figura Steve Friend, quien se negó a participar en una redada relacionada con el 6 de enero.

La organización Empower Oversight, cercana a sectores republicanos, celebró estos acuerdos como evidencia de una supuesta persecución ideológica contra agentes conservadores durante la administración Biden.

Sin embargo, esta situación subraya una verdad más inquietante: la independencia del sistema judicial está siendo atacada desde múltiples frentes políticos.

FEMA: trabajadores castigados por expresar desacuerdo

Como si estos episodios no fueran suficientes, a esto se suma el escándalo dentro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), donde al menos dos empleados han sido puestos en licencia administrativa indefinida tras firmar una carta abierta en la que critican los recortes impuestos por la administración Trump.

La carta, firmada por más de 180 empleados, advierte que la capacidad de FEMA de responder a desastres ha sido severamente mermada. Pero en lugar de escuchar estos llamados, el gobierno decidió apartar del cargo a quienes se atrevieron a denunciar.

Este episodio se suma a otros similares en agencias como la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y NIH (Institutos Nacionales de Salud), donde empleados han enfrentado medidas disciplinarias por expresar desacuerdo con las políticas oficiales.

¿Justicia o espectáculo electoral?

Todo apunta a que el mega operativo en Washington tiene menos que ver con una necesidad real de seguridad pública, y más con una agenda política autoritaria. Una operación de esta escala no solo crea tensiones logísticas en el sistema judicial, sino que también erosiona la confianza ciudadana en sus instituciones.

Como bien expresó la abogada de Riley, “esto no promueve el respeto por la ley; al contrario, lo destruye”. Arrestos sin motivo, detenciones prolongadas sin audiencia, registros ilegales y respuestas oficiales arrogantes pintan un escenario más cercano al autoritarismo que a la justicia.

Washington, símbolo del poder democrático estadounidense, hoy vive una peligrosa distorsión de esa misma idea. Lo que debería ser un tribunal de equidad y garantías, se ha convertido en un teatro donde los derechos individuales son vapuleados por imperativos políticos.