El pulso entre Trump y el poder judicial: ¿una amenaza a la separación de poderes?

Una demanda sin precedentes: Trump contra todos los jueces federales de Maryland

En una maniobra que ha desconcertado a expertos legales, el Departamento de Justicia del expresidente Donald Trump presentó una demanda contra los 15 jueces federales del estado de Maryland por una orden que suspendía temporalmente las deportaciones inmediatas de inmigrantes que buscaban revisar su detención a través de una petición de habeas corpus. El juez Thomas Cullen —nombrado por el propio Trump en 2020— desestimó la demanda calificándola de una amenaza al equilibrio constitucional de los poderes.

“Negarse a desechar esta demanda iría contra un precedente abrumador, se apartaría de una tradición constitucional de siglos y ofendería el estado de derecho”, escribió Cullen en una sentencia que marca un límite claro ante las presiones del poder ejecutivo sobre el judicial.

¿Qué provocó la demanda?

La raíz del conflicto se halla en una orden emitida por el juez principal de Maryland, George L. Russell III. Esta orden establecía que los inmigrantes detenidos no podían ser deportados de inmediato, debiendo esperar al menos 48 horas útiles tras presentar su petición de revisión judicial. El objetivo era garantizar que los detenidos tuvieran acceso a representación legal, pudieran intervenir en sus procesos y proteger la competencia del tribunal.

Pero para la administración Trump, esta medida era un obstáculo a su política de mano dura contra la inmigración. Argumentaban que violaba decisiones del Tribunal Supremo y interfería con la potestad del presidente para hacer cumplir las leyes migratorias.

Una ofensiva contra la independencia judicial

El conflicto es parte de una estrategia más amplia de Trump para limitar el poder de revisión judicial, particularmente en asuntos de inmigración y deportaciones. El abogado Paul Clement, quien representó a los jueces de Maryland, fue claro: “No existe antecedente para esta demanda. El ejecutivo está usando al Estado para demandar a otro poder del Estado”.

Entre los jueces demandados se encontraba Paula Xinis, quien previamente había fallado en contra del gobierno de Trump por deportaciones ilegales. Su caso más icónico fue el de Kilmar Abrego Garcia, deportado a El Salvador pese a una orden que lo impedía. El migrante terminó encarcelado y, según su testimonio, torturado en una prisión de alta seguridad.

Crisis institucional en aumento: los límites del blue slip

A la par de esta controversia judicial, Trump también ha concentrado su frustración en otra tradición del Senado: el sistema del blue slip. Este procedimiento informal —vigente desde al menos 1918— permite que los senadores de los estados implicados aprueben o bloqueen candidatos para jueces o fiscales federales.

Trump lo calificó de “anticuado e inconstitucional”, acusando a los senadores demócratas de obstaculizar la designación de jueces conservadores. En sus palabras: “Tengo el derecho constitucional de nombrar jueces, pero ese derecho me ha sido robado en estados con al menos un senador demócrata”.

Los republicanos resisten el impulso del expresidente

Curiosamente, los líderes republicanos en el Senado han rechazado los intentos de Trump de eliminar el blue slip. Tanto Chuck Grassley como John Thune argumentaron que mantener esta práctica les beneficia en caso de volver a ser minoría en el Senado. “No hay prisa por cambiarlo”, dijo Thune.

North Carolina Sen. Thom Tillis escribió en X: “Eliminar el blue slip es una jugada cortoplacista que permitirá a los demócratas imponer a sus jueces radicales en estados conservadores en el futuro”.

Las tensiones llegaron a tal punto que Trump amenazó con demandar al Senado por permitir esta práctica, una acción de tintes teatrales, pero que subraya su agresiva campaña contra los mecanismos de control institucional.

¿Es esta una crisis de legitimidad constitucional?

Lo que observamos es más que un desacuerdo político: es una crisis de legitimidad institucional. El choque entre ramas de gobierno es parte inherente del sistema de pesos y contrapesos estadounidense. Pero pocas veces hemos visto a un expresidente —postulándose nuevamente— intentando ejercer presión directa sobre el sistema judicial y el legislativo con tal intensidad.

Como dijo el propio juez Cullen, “Los frenos y contrapesos pueden generar choques entre poderes, pero deben resolverse de forma que se respete la función constitucional del Poder Judicial”.

Trump y los jueces: un historial de confrontaciones

Desde el inicio de su primer mandato, Trump ha tenido una relación conflictiva con los tribunales. Ha cuestionado públicamente la legitimidad de las sentencias, promovido ataques personales contra jueces y sugerido reformas para limitar su poder. Un ejemplo fue cuando criticó a un juez en Washington D.C. porque este ordenó que un vuelo con inmigrantes deportados fuera devuelto al país.

También intentó cambiar las reglas internas del Senado para forzar confirmaciones más rápidas de sus nominados. Sin embargo, incluso sus aliados más fieles se resisten a este tipo de medidas cuando implican la erosión de normas centenarias.

Más allá de la inmigración: ¿una cultura del poder sin contrapesos?

Lo que resulta más inquietante para los constitucionalistas es que estas acciones no parecen responder a una visión política coherente sobre inmigración o justicia, sino a una voluntad de poder casi personalista. Trump ha hecho de la confrontación con los “chequeadores del sistema” una bandera permanente.

• Demandó a 15 jueces por una orden judicial que no le gustó.
• Acusó públicamente a sus propios nominados y senadores aliados de traición institucional.
• Intentó eliminar una tradición senatorial con más de 100 años de historia.

Esto no es solo una disputa por un fallo judicial. Es una disputa por los límites mismos del poder presidencial en la república estadounidense.

¿Qué queda ahora?

El caso fue desestimado, pero el mensaje de Trump continúa: el Poder Judicial es un obstáculo que debe ser reducido. Mientras busca regresar a la Casa Blanca, ¿este será su modelo de gobernanza? ¿Demandar a jueces por ejercer control y atacar el Senado por no ceder ante él?

La democracia estadounidense ha enfrentado crisis antes, pero pocas como esta: una en la que una figura con fuerte respaldo popular promueve la disolución práctica de los contrapesos republicanos.

Un dato histórico para reflexionar

La cláusula de separación de poderes es uno de los pilares del sistema estadounidense desde 1787. James Madison, en el Federalista No. 47, escribió: "La acumulación de todos los poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— en las mismas manos… puede definirse correctamente como la auténtica tiranía."

Trump parece dispuesto a probar la validez de esa advertencia histórica en tiempo real.

El país, no solo los jueces, observarán con atención.