Gerrymandering en Texas: ¿Estrategia electoral o supresión racial?

Por décadas, Texas ha sido escenario de disputas legales por sus mapas electorales. Sin embargo, la polémica redibujada del mapa congresional para las elecciones intermedias de 2026 ha escalado a nuevas alturas. Organizaciones en defensa de los derechos electorales, encabezadas por la NAACP y el Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, han interpuesto una demanda contra el estado, alegando que la redistribución busca diluir el voto negro y fortalecer ilegítimamente al Partido Republicano.

Un patrón inquietante: la historia de discriminación electoral en Texas

Desde la aprobación de la Voting Rights Act en 1965, Texas ha sido constantemente demandado por prácticas discriminatorias durante sus procesos de redistritación tras cada censo. De acuerdo con la NAACP, tras cada ciclo de redistribución electoral, el estado ha sido hallado culpable de disminuir la representación efectiva de ciudadanos afroamericanos y latinos mediante estrategias de gerrymandering —es decir, manipulación de los límites territoriales con fines partidistas o raciales.

En un comunicado reciente, Derrick Johnson, presidente y CEO de la NAACP, declaró: “El estado de Texas es solo un 40% blanco, pero los votantes blancos controlan más del 73% de los escaños congresionales del estado. Es evidente que el objetivo de Texas al redistribuir los mapas antes de las elecciones del 2026 es reducir la representación de congresistas que representan comunidades negras, lo cual es inconstitucional”.

La nueva redistribución: una movida estratégica o un retroceso democrático

La ley que establece el nuevo mapa fue aprobada el sábado por la legislatura estatal, de mayoría republicana, e incluye cinco nuevos distritos diseñados para favorecer a los candidatos de ese partido, en línea con una solicitud directa del expresidente Donald Trump. Esta acción provocó un boicot de dos semanas por parte de los legisladores demócratas, quienes denunciaron los cambios como un intento descarado de manipular los resultados electorales futuros.

Phil King, senador republicano responsable del rediseño, rechazó las acusaciones de racismo y argumentó que sus dos únicas metas al trazar el nuevo mapa fueron: que fuera legal y que beneficiara a los candidatos republicanos. Sin embargo, esas declaraciones no lograron apaciguar las crecientes críticas tanto dentro como fuera del estado.

El problema del gerrymandering racial

En 2019, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que la Constitución no prohíbe el gerrymandering partidista, aunque sigue vedando las prácticas basadas explícitamente en raza. Esta diferenciación minúscula ha sido utilizada por varios estados para disfrazar lo que muchos ven como maniobras raciales bajo la lógica de ventaja partidista.

Es decir, si bien es ilegal trazar distritos para limitar directamente la influencia de votantes afroamericanos, sí es permisible hacerlo para favorecer a un partido político. La línea que divide ambos conceptos es, en muchos casos, borrosa.

Representación negra bajo ataque: cifras que alarman

• El 40% de la población de Texas es blanca no hispana, pero controla más del 73% de los escaños en la Cámara de Representantes por Texas.
• Las comunidades afroamericanas representan aproximadamente el 13% de la población estatal, pero su representación efectiva es mínima.
• En los últimos 20 años, múltiples sentencias federales han obligado a Texas a rehacer distritos por discriminación racial.

“La representación es poder”, afirma la demandante principal del caso, la activista y abogada Janai Nelson. “Cuando se manipulan los mapas para arrebatar la voz a las comunidades negras, no solo se perjudica el voto, se vulneran los principios básicos de la democracia.”

Reacciones a nivel nacional: un efecto dominó en otros estados

Texas no es el único estado envuelto en controversias similares. En Utah, un juez ordenó redibujar su mapa electoral antes de 2026 tras concluir que diluía el poder del voto urbano. En California, el gobernador Gavin Newsom autorizó elecciones especiales con mapas rediseñados para maximizar la representación diversa. Este fenómeno refuerza la teoría de que, aunque aparentemente legal, el uso del gerrymandering partidista se ha convertido en una herramienta estándar del arsenal político moderno.

¿Hacia dónde camina el sistema democrático estadounidense?

La insistencia de ciertos legisladores y del propio exmandatario Trump por intervenir directamente en la forma en que se trazan los distritos evidencia una tendencia preocupante: se está socavando, de forma estructural, el principio de “una persona, un voto”.

La afirmación reciente del presidente de la NAACP cobra especial relevancia en este contexto: “Las elecciones de mitad de período en 2026 determinarán si nuestra democracia aún resiste o si el pueblo entrega su poder a un ‘rey’”.

Contexto histórico del gerrymandering en EE.UU.

El término gerrymander proviene del siglo XIX y combina el nombre del gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, y una referencia a una figura similar a una salamandra por la peculiar forma de un distrito que aprobó. Aunque el término nació como una crítica, se convirtió en práctica habitual en todo Estados Unidos.

Desde entonces, ha sido común que los partidos en el poder aprovechen el control legislativo para redibujar los límites y asegurar su ventaja. Sin embargo, cuando esta estrategia se basa en la raza o excluye activamente a comunidades enteras, cruza el umbral de lo inaceptable.

El camino legal: ¿será efectiva la demanda?

En este momento, la demanda presentada por la NAACP y otros grupos está pendiente en cortes federales. Se anticipa una larga batalla que podría escalar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. El gobernador Greg Abbott ya ha declarado que confía en la legalidad del nuevo mapa y que “sobrevivirá cualquier desafío legal”.

No obstante, los precedentes legales no están de su lado. En 2017, un tribunal federal halló que Texas había creado 11 distritos de forma que “intencionalmente discriminaban contra los votantes latinos y negros”. Muchos esperan que este nuevo caso tenga un resultado similar.

Una alerta a otras comunidades vulnerables

Lo que sucede en Texas podría repetirse en otros estados liderados por mayorías republicanas o incluso demócratas. Lo que está en juego no es únicamente qué partido obtiene más escaños, sino cómo se garantiza la equidad y la representatividad electoral en un país cada vez más diverso.

Este caso podría convertirse en piedra angular para quienes buscan frenar la manipulación de distritos y proteger uno de los pilares de la democracia: el derecho al voto libre, justo y representativo.

¿Qué podemos esperar a futuro?

Mientras continúan las batallas legales, se espera mayor presión sobre el Congreso nacional para aprobar reformas que restauren protecciones clave del Voting Rights Act, debilitadas por decisiones recientes de la Corte Suprema. Organizaciones de derechos civiles han intensificado sus campañas para informar a los votantes y fomentar su participación, aún bajo condiciones adversas.

Como dijo el reverendo William Barber, líder del movimiento Poor People’s Campaign: “No se trata simplemente de mapas. Se trata de quién importa en esta nación. Se trata de afirmar que cada voz, sin importar el color de piel, debe tener el mismo peso en la balanza electoral.”

Con los ojos puestos en las elecciones de 2026, Texas se convierte una vez más en el epicentro de un debate crucial sobre equidad, ciudadanía y el alma misma del sistema democrático estadounidense.