Uganda y la nueva frontera migratoria de EE.UU: ¿Destino o dumping de deportados?

En el nuevo tablero de ajedrez geopolítico que configura la política migratoria de Estados Unidos, Uganda se ha convertido en una inesperada pieza clave. ¿Cómo llegó este país africano, conocido por sus paisajes exuberantes y una historia política turbulenta, a ser uno de los destinos habilitados para el envío de migrantes deportados de EE.UU.?

La cara humana de una política dura: Kilmar Abrego García

Kilmar Abrego García no debería ser noticia. Trabajaba en la construcción, vivía en EE.UU., y como muchos otros migrantes, esperaba un futuro más estable. Sin embargo, en marzo de 2024, su nombre se convirtió en símbolo de las aristas más oscuras de la política migratoria estadounidense: fue deportado erróneamente a una prisión en El Salvador, de donde es originario. Tras un escándalo mediático, fue devuelto a EE.UU., solo para ser arrestado nuevamente y enfrentarse a cargos de tráfico de personas, a los cuales ha respondido con una declaración de inocencia.

Ahora, según funcionarios estadounidenses, sería procesado para su traslado a Uganda, un país con el que no guarda ningún vínculo histórico, cultural ni nacional. La decisión ha generado estupefacción tanto en activistas de derechos humanos como en la ciudadanía ugandesa, que comienza a cuestionar la verdadera naturaleza del acuerdo migratorio entre Kampala y Washington.

Una historia de acuerdos oscuros

Uganda no está sola en esta política. Eswatini, Sudán del Sur y Ruanda también han aceptado recibir migrantes deportados desde EE.UU. En el caso ruandés, hasta 250 personas podrían ser enviadas al país africano según reportes oficiales. Sin embargo, Uganda presenta un matiz preocupante: las autoridades han declarado que únicamente aceptarían personas africanas sin antecedentes penales.

¿Por qué entonces aceptarían a alguien como Kilmar Abrego, no africano y acusado de delitos? La falta de claridad y transparencia en los términos de estos acuerdos intergubernamentales ha levantado sospechas sobre posibles incentivos financieros u otras concesiones ofrecidas por EE.UU., lo que muchos interpretan como un intento de "dumping" migratorio.

Museveni: el eterno presidente en plena campaña

Los acuerdos habrían sido gestionados directamente por el presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986. Considerado uno de los líderes autoritarios más longevos del continente, Museveni ha enfrentado acusaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos, represión de la oposición y corrupción.

En 2017, el Parlamento eliminó los límites de edad presidencial, permitiendo a Museveni presentarse indefinidamente. Con elecciones programadas para enero de 2026 y la oposición fragmentada —entre el preso político Kizza Besigye y el popular músico Bobi Wine acosado por el régimen—, un acercamiento con la administración Biden podría otorgar a Museveni legitimidad internacional renovada y divisas necesarias en medio de una economía desigual.

Un país joven y sobrepoblado

Uganda tiene la segunda población más joven del mundo. Según datos de UNICEF, el 50.5% de sus habitantes tiene menos de 18 años y el 22.7% tiene entre 18 y 30 años. Esta demografía juvenil, lejos de ser un bono, representa un enorme desafío socioeconómico para un país sin capacidad suficiente en infraestructura, salud ni empleo.

Kampala, la capital, alberga a cerca de 3 millones de personas y es símbolo tanto de las aspiraciones como de las carencias del país. Transporte informal como los "boda-bodas" y la omnipresente desigualdad marcan la vida cotidiana. En este contexto, la llegada de migrantes no africanos puede agravar tensiones sociales, especialmente si la percepción pública es que se están comprando deportaciones con dinero extranjero.

“La perla de África” bajo presión

Uganda fue apodada "la perla de África" por Winston Churchill en 1907, deslumbrado por su biodiversidad. Hoy, esa riqueza natural aún atrae turistas, en especial al Parque Nacional de Bwindi, hogar de la mitad de los gorilas de montaña del planeta. Sin embargo, la belleza de Uganda contrasta con políticas regresivas y un deterioro ambiental creciente.

Además, fenómenos como la pérdida de hábitat ponen en riesgo a especies icónicas y exacerban la pobreza en comunidades rurales. Mientras tanto, las prioridades del gobierno parecen inclinarse más por negociaciones geopolíticas que por el desarrollo sostenible o la equidad social.

Homofobia institucionalizada

En 2023, Uganda aprobó una de las leyes más restrictivas del mundo contra la homosexualidad. Además de reafirmar penas que ya incluían cadena perpetua por actos homosexuales, el nuevo marco penal incorpora sentencias más duras y una caza abierta contra quienes "promueven" la homosexualidad.

La presidenta del Parlamento, Anita Among, celebró la ley como una victoria de los valores «del pueblo de Uganda», pese a las duras críticas de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos y el Banco Mundial. Paradójicamente, esta misma Uganda firma un acuerdo con EE.UU. para recibir migrantes, algunos de los cuales podrían ser miembros de minorías sexuales perseguidas en su país de origen.

¿Un nuevo modelo de colonialismo migratorio?

Estos acuerdos entre potencias y países en desarrollo ¿no evocan, en cierto sentido, un nuevo modelo de colonialismo? No con armas, pero sí con valijas diplomáticas y millones en asistencia internacional.

Como advirtió en 2023 la comisaria europea Ylva Johansson sobre pactos similares entre la UE y países africanos: “Los valores europeos no pueden comprarse con acuerdos de repatriación”. Lo mismo puede decirse del modelo estadounidense cuando se alían con regímenes discutibles para librarse de una compleja —e impopular— cuestión interna: la migración.

¿Debe recaer la carga de administrar las crisis humanitarias provocadas por la deportación en países que luchan con sus propias crisis internas?

Lo que dice la ciudadanía

En Kampala, la noticia de la posible llegada de Kilmar Abrego causó sorpresa y debate. Muchos ciudadanos consultados en redes sociales han criticado duramente la decisión, señalando que Uganda no está preparada para acoger a personas con antecedentes penales provenientes de otras regiones del mundo.

Los usuarios ugandeses también cuestionan la falta de transparencia del gobierno y exigen conocer los términos de los acuerdos con EE.UU. “¿Nos pagarán por cada extranjero que recibamos? ¿Y qué mensaje enviamos al mundo sobre nuestras prioridades como nación?”, escribía un usuario en Twitter (ahora llamado X).

Exportando el problema, ignorando las raíces

Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria sistémica, compleja, en parte provocada por décadas de políticas exteriores intervencionistas en América Latina. Deportar personas a Uganda o Ruanda puede aliviar la presión política nacional a corto plazo, pero revela una lógica perversa: exportar el problema sin atender sus causas.

Como escribió el analista Daniel Denvir en su libro “All-American Nativism”: “El sistema migratorio estadounidense ha sido históricamente una máquina de exclusión, represión y externalización de responsabilidad”.

¿Qué sigue para Abrego y para Uganda?

El futuro de Kilmar Abrego aún es incierto. Su traslado podría postergarse si sus abogados logran probar inconsistencia legal o falta de debido proceso. Pero su caso ya ha hecho historia. Pone en evidencia cómo la diplomacia puede convertirse en herramienta de injusticia y cómo los derechos humanos son —una vez más— moneda de cambio en acuerdos globales sin rostro.

Uganda, con su juventud vibrante, su historia rica y sus retos pendientes, merece algo más que convertirse en receptor de los "indeseables" del sistema estadounidense. Su futuro debe definirse por su gente, no por los pactos firmados a puertas cerradas entre élites alejadas de la realidad.