El futuro del Río Colorado: ¿crisis inevitable o llamado a la acción racional?

El Río Colorado: un gigante sediento

El Río Colorado es una de las fuentes de agua más importantes y, paradójicamente, más sobreexigidas en América del Norte. Con sus aguas se sostienen alrededor de 40 millones de personas distribuidas en siete estados estadounidenses, dos estados mexicanos y diversas naciones indígenas. Sin embargo, enfrenta una de las crisis hídricas más alarmantes de las últimas décadas, impulsada por la sobreexplotación, sequías prolongadas y el cambio climático.

Este río, que alguna vez fluyó libremente hasta el Mar de Cortés, hoy rara vez alcanza su delta. El descenso de los niveles del Lake Mead y el Lake Powell, dos de los embalses más grandes de EE.UU., ha puesto a las autoridades en alerta máxima. Las estadísticas son contundentes: desde 2000, el caudal del Río Colorado se ha reducido en un 20% y los expertos anticipan una disminución adicional del 20% para el año 2050 si no se toman medidas decisivas (Climate.gov).

“Uso razonable y benéfico”: un mandato ignorado

La raíz del problema radica en un principio legal que, aunque figura desde hace más de un siglo en tratados y legislación federal, ha sido ignominiosamente ignorado: que el agua del río solo debe asignarse para usos razonables y benéficos.

Varios grupos ambientalistas, liderados por el Natural Resources Defense Council (NRDC), han alzado la voz ante la Oficina de Reclamación del Gobierno Federal, exigiendo la aplicación estricta de este principio. Argumentan que, en un contexto de emergencia hídrica, es inadmisible seguir permitiendo el desperdicio de agua para regar césped ornamental o mantener sistemas de refrigeración industriales ineficientes, mientras los embalses se vacían.

La nueva disputa: agricultura contra conservación

En estados como California y Arizona, donde la agricultura consume el 80% del agua del Río Colorado, la propuesta de regulación ha encendido alarmas. Agricultores del Valle Imperial, por ejemplo, temen que se categorice como “irracional” la práctica del riego por inundación para cultivos sedientos como la alfalfa, cultivada a lo largo de todo el año en el desierto.

“Si se detiene el riego como lo hacemos hoy, no habrá lechugas en Nueva York durante el invierno,” afirma Andrew Leimgruber, agricultor de cuarta generación en la región, que depende en un 100% del agua del río. “Nos ponen en la posición de elegir entre producir alimentos o dejar de existir.”

Una historia de sobreasignación

El problema del Río Colorado no sólo es climático o agrícola. Tiene raíces históricas profundas. En 1922, se firmó el Acuerdo de Asignación del Río Colorado, que dividía el agua entre los estados de la Cuenca Alta y Baja. El acuerdo se basó en un caudal promedio anual de 17 millones de acres-pie, un número optimista basado en datos de una época inusualmente húmeda. En la realidad del siglo XXI, el caudal real ronda los 12 millones de acres-pie.

Así, desde su origen, el sistema está construido sobre datos erróneos. En palabras de Felicia Marcus, ex titular del California State Water Resources Control Board: “El sistema nació sobre una ilusión de abundancia”.

El espejo californiano: referencia y advertencia

California ha sido pionera en la implementación del criterio de uso razonable y benéfico, sobre todo en tiempos de sequía. En 2015, durante la emergencia hídrica, se decretó que actos como regar aceras y lavar autos en casas particulares eran usos no razonables del recurso. Incluso, en una disputa legal, se dictaminó que un poseedor de derechos prioritarios de agua debía reducir su toma para evitar dañar a peces migratorios que necesitaban refugiarse en aguas frías.

“Este tipo de criterios podrían y deberían aplicarse a escala interestatal con el Río Colorado,” indica Cara Horowitz, directora de la Clínica de Derecho Ambiental de UCLA. Pero, ¿quién define qué es razonable? ¿El gobierno federal, los estados, los mismos usuarios?

¿Quién tiene la autoridad?

Ahí yace uno de los mayores nudos del debate. La Oficina de Reclamación, responsable directa de la gestión del río, aún no ha respondido oficialmente a la petición de los ambientalistas. Afirma que opera bajo las reglas existentes, pero no ha utilizado de forma significativa la facultad de definir qué es uso razonable. Expertos, como Sarah Porter del Kyl Center for Water Policy, advierten que una ejecución sin claras pautas podría desencadenar un mar de litigios y paralizar aún más la acción.

Presiones y soluciones diversas

Ante este contexto, una cosa es clara: no hay una sola vía. Las propuestas se multiplican:

• Desalinización: construir plantas que conviertan agua de mar en agua potable.
• Reutilización de aguas grises: tratar aguas usadas para distintos usos no potables.
• Cambios en patrones de cultivo: fomentar cultivos autóctonos o de bajo consumo como el teff, frente a la alfalfa.
• Reducción de crecimiento urbano: cuestionar la expansión inmobiliaria en zonas áridas como Las Vegas o Phoenix.

Noah Garrison, investigador de UCLA, puntualiza: “Cada uno de estos instrumentos debe formar parte de una estrategia integral. Si el gobierno no actúa, terminará en manos de la Corte Suprema, y eso puede tomar años.”

Un acuerdo que se agota en 2026

Todo esto ocurre mientras el reloj corre. El acuerdo de reparto actual vence en 2026. Para noviembre de este año, los estados deben presentar un convenio preliminar o el gobierno federal podría intervenir directamente, algo sin precedentes en la historia de la gestión del río.

Esto crea un momento de oportunidad crítica, como lo sugiere Mark Gold, profesor adjunto de la UCLA y miembro del NRDC: “Estamos al borde del abismo. Necesitamos decisiones estructurales hoy, no diagnósticos mañana.”

La ruta hacia adelante

El concepto de uso “razonable y benéfico” no es una panacea, pero puede representar una herramienta de alto impacto si se aplica con consecuencia, criterio técnico y consenso multisectorial. Ignorarlo es perpetuar un sistema roto. Adoptarlo críticamente podría ser la clave para sostener el futuro hídrico de una región entera.

Si algo enseña el caso del Río Colorado es que en los sistemas hídricos del siglo XXI, la razón, la justicia y la sostenibilidad no son opcionales. Son la única válvula de escape para evitar que el desierto gane la batalla.