Justicia en pausa: condenas injustas, brutalidad policial y feminicidios sacuden a Estados Unidos

Un hombre al corredor de la muerte por un crimen que no cometió

Christopher Barbour lleva casi tres décadas en el corredor de la muerte en Alabama. Condenado en 1994 por el asesinato de Thelma Bishop Roberts en 1992, su caso parecía cerrado hasta que una revelación dejó al descubierto una aterradora posibilidad: que un inocente podría haber pasado más de 30 años esperando su ejecución.

En 2021, nuevas pruebas de ADN refutaron directamente la narrativa utilizada para condenarlo. El material genético encontrado en el cuerpo de la víctima pertenecía a su vecino, un hombre ahora encarcelado por otro asesinato. Ni Barbour ni el supuesto cómplice a quien él había acusado estaban relacionados con la evidencia biológica.

El detalle aún más perturbador fue revelado por la jueza federal Emily C. Marks: los fiscales no presentaron ciertas notas del laboratorio forense que ya indicaban desde el inicio que ni Barbour ni su presunto cómplice eran el origen del ADN. Esta omisión crucial privó a la defensa de una oportunidad de refutar la confesión de Barbour, que ahora es ampliamente considerada como coaccionada.

“Barbour ha demostrado que el uso consciente de evidencia falsa por parte de la fiscalía pudo haber tenido un efecto en el resultado del juicio”, escribió la jueza Marks.

Si bien el Estado argumenta que estas pruebas no lo exoneran completamente, la justicia parece haberse inclinado del lado de la duda razonable. La jueza ha ordenado un nuevo juicio, y Barbour tendrá finalmente la oportunidad de presentar su caso al jurado completo, esta vez con toda la evidencia disponible.

Este no es un caso aislado. Según el National Registry of Exonerations, desde 1989 más de 3,300 personas han sido exoneradas en EE. UU., pasando en promedio 13.9 años encarceladas por crímenes que no cometieron. Cuando la justicia falla, no solo se condena al inocente: se deja libre al verdadero culpable.

Violencia policial en protestas pacíficas: la historia de Cellin Gluck

El director de cine Cellin Gluck fue otro ciudadano en EE. UU. víctima del abuso de poder, esta vez de parte de un agente del orden. Ocurrió en mayo de 2020, durante una protesta pacífica en Los Ángeles tras la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

Gluck, acompañado por su hija, fue alcanzado por una munición "menos letal" que le impactó directamente en el rostro. La presión del proyectil le fracturó la zona nasal y le dejó lesión cerebral traumática y desfiguración facial permanente. Su hija presenció todo.

El jurado le otorgó una compensación de más de 2 millones de dólares tras determinar que no presentaba amenaza alguna al momento del disparo. Llevaba únicamente una cámara. Aunque el agente responsable jamás fue identificado, el veredicto marca un intento de justicia en medio de la impunidad.

“Hasta que se les exija rendir cuentas por sus acciones, seguirán ocurriendo veredictos como este, de parte del pueblo de Los Ángeles, intentando enviar un mensaje a sus agencias de seguridad: hagan mejor su trabajo”, declaró su abogado, Carl Douglas.

Los casos de brutalidad policial no cesan. En los últimos cinco años, más de 400 demandas se han presentado contra el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles por uso excesivo de fuerza durante manifestaciones públicas. Muchas de ellas involucran armas no letales —como balas de goma o bolsas de frijoles— que, mal utilizadas, pueden causar lesiones graves o incluso la muerte.

El uso sistemático de fuerza contra manifestantes pacíficos pone en entredicho la cultura policial en EE.UU. A pesar de las reformas prometidas, muchos departamentos continúan operando con protocolos que permiten estas agresiones sin consecuencias claras para los oficiales.

Feminicidio y fuga internacional: el caso de Sheylla Cabrera

En otro episodio lamentable, el feminicidio de Sheylla Cabrera en California expone la persistente y trágica realidad de la violencia de género en EE.UU. El principal sospechoso, su esposo Jossimar Cabrera, no solo evadió a las autoridades después de la desaparición de su esposa, sino que huyó a Perú con sus tres hijos menores.

Sheylla había sido reportada como desaparecida el 12 de agosto. Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, abandonado al pie de una ladera en el Bosque Nacional de los Ángeles. De acuerdo con los investigadores, cámaras de seguridad captaron a Jossimar arrastrando un objeto envuelto en una gran tela desde su complejo de apartamentos. La tela coincidía con la que envolvía el cadáver de Sheylla.

Gracias a una cooperación entre el Consejo General de Perú y las autoridades estadounidenses, Jossimar fue capturado en Lima. Si bien el proceso de extradición puede llevar meses, ya existe una orden para que permanezca bajo custodia en Perú hasta concretar su traslado a Estados Unidos.

Cada año, más de 1,500 mujeres son asesinadas por sus parejas en EE.UU., según la CDC. El caso de Sheylla es otro triste recordatorio de la urgencia de actuar con mayor firmeza contra la violencia doméstica.

“No solo mató a mi hija, robó a esos niños de su madre y los llevó a otro país”, expresó un familiar directo.

Si bien las autoridades lograron repatriar a los hijos de la víctima, el daño queda sembrado tanto en su psicología como en la estructura de la familia. Mientras llega la justicia, la comunidad —como muchas otras en casos similares— se ve obligada a sanar heridas que nunca deberían haberse abierto.

¿Una misma sociedad, múltiples fracturas?

Los tres casos expuestos —la condena injusta de Barbour, la agresión a Gluck y el feminicidio de Sheylla— comparten un denominador común: ilustran profundamente las grietas del sistema judicial y policial estadounidense. Desde una fiscalía que esconde pruebas, funcionarios públicos que disparan impunemente, hasta la incapacidad estatal de proteger a las mujeres de la violencia machista, cada historia apunta a desafíos sistémicos.

Según cifras del Sentencing Project, más del 60% de las personas condenadas erróneamente en EE. UU. son afroamericanas o latinas. El uso de pruebas coaccionadas, la negación de evidencia exculpatoria y prejuicios institucionales influyen en ello. Asimismo, organizaciones como Human Rights Watch insisten en que los cuerpos policiales deben ser reformados desde dentro para frenar los abusos sistemáticos.

En cuanto a los feminicidios, aunque algunos estados ya han tipificado este delito con penas más duras, la prevención aún es limitada. La falta de cobertura de medios, protección insuficiente para mujeres en riesgo y barreras migratorias amplifican la impunidad.

¿Qué tiene que pasar para que el sistema cambie? La respuesta parece estar en más transparencia, mejor capacitación, responsabilidad judicial efectiva y, tal vez, en una reconfiguración integral de lo que entendemos como justicia. Porque si los guardianes de la ley se convierten en sus violadores, y si las cortes permiten tales fallos, entonces es toda la estructura democrática la que se tambalea.