La herida abierta de las adopciones forzadas en Corea del Sur: una historia de negligencia, tráfico y búsqueda de justicia

Una adopción sin consentimiento: el caso de Yooree Kim

En 1984, Yooree Kim, una niña de 11 años, fue separada de su familia biológica y enviada a una pareja en Francia por la agencia Holt Children’s Services de Corea del Sur. Su madre, en ese momento, enfrentaba la dura decisión de internarla en un orfanato debido a la pobreza extrema, pero nunca dio su consentimiento formal para la adopción. Años después, Kim descubrió que su supuesto abandono había sido un fraude documentado por el Estado coreano.

Esta historia, que puede parecer aislada, es en realidad apenas una entre miles. El caso de Kim ha abierto un nuevo capítulo en la lucha por la justicia de los coreanos adoptados internacionalmente bajo prácticas irregulares que marcaron la historia del país desde los años 60 hasta los 90.

Cifras que desvelan un sistema fallido

Durante décadas, Corea del Sur fue el principal exportador de niños a través de adopciones internacionales. Se estima que desde 1953, al finalizar la Guerra de Corea, hasta los años 2000, alrededor de 200,000 niños surcoreanos fueron enviados al extranjero, la mayoría a Estados Unidos, Francia y Suecia. En muchos casos, sus documentos de adopción fueron falsificados para ocultar la existencia de padres vivos.

Estos datos no son únicamente cifras frías. Detrás de cada número hay una historia desgarradora de separación, de identidades fragmentadas y de vidas marcadas por el trauma. En el año 2024, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur reconoció oficialmente que al menos 56 niños fueron víctimas de violaciones de derechos humanos en procesos de adopción internacionales.

La demanda pionera de reparación: un giro legal

Kim se convirtió en la primera adoptada internacional en presentar una reclamación administrativa directamente contra el Estado surcoreano, argumentando que su adopción fue ilegal y que el gobierno facilitó activamente su desaparición. Su abogado, Choi Jung Kyu, considera este paso como un precedente clave para otros adoptados que buscan justicia sin pasar por prolongadas y onerosas demandas judiciales.

La demanda fue presentada en virtud de una cláusula poco utilizada de la Ley de Compensación Estatal, una herramienta jurídica que podría modernizar el enfoque del país hacia sus errores históricos. Aunque la Justicia tiene solo cuatro semanas para ofrecer una respuesta, no existe obligación vinculante de resolver en ese plazo.

Un sistema de adopciones diseñado para reducir costos

La comisión apunta que el Estado facilitó activamente un sistema de adopciones basado en la reducción del gasto en bienestar social. Bajo regímenes dictatoriales, los gobiernos coreanos promovieron la exportación de niños al extranjero con el apoyo de agencias como Holt y gobiernos receptores, dispuestos a recibir “huérfanos” mal identificados.

El impacto ya se siente: más de 300 adoptados han enviado sus casos para ser revisados, y mientras algunos se preparan para litigar, otros reclaman una política integral de reparación y disculpas oficiales.

El precio de una mentira: documentos falsos y desapariciones legalizadas

La historia de Kim está plagada de irregularidades. Su expediente incluye al menos tres versiones contradictorias que justifican su adopción: una afirma que fue entregada por una tía abuela, otra que la madre aceptó la adopción, y una tercera que vagaba por la calle. Sin embargo, registros oficiales muestran que nunca fue desvinculada legalmente de su padre, quien también afirmó no haber sido notificado ni haber dado su aprobación.

Además, el padre adoptivo de Kim tenía más de 50 años al momento de recibirla, aunque la edad límite legal en ese período era de 45 años. A pesar de denuncias por maltrato verbal, físico e incluso sexual durante su infancia adoptiva, el sistema judicial francés desestimó sus alegaciones por falta de pruebas. Esta impunidad inicial no hizo más que alimentar su determinación de buscar justicia en su país natal.

Impacto emocional y social: identidad fracturada

Kim vivió años creyendo que había sido abandonada voluntariamente. No fue hasta 2022 cuando descubrió en los registros oficiales que su familia había permanecido registrada como su tutora legal, un hallazgo que transformó su perspectiva: “Mi adopción fue un secuestro legalizado. El Estado cometió la mayor parte del crimen.”

Este cambio de narrativa ha llevado a muchos adoptados a exigir no solo justicia, sino la restitución de la verdad sobre sus orígenes. El trauma de perder sus raíces ha generado consecuencias psicológicas severas, incluyendo trastornos de ansiedad, sentimiento de desconexión y dificultades en la construcción de una identidad estable.

Del silencio a la acción: ¿qué sigue?

El gobierno surcoreano enfrenta una disyuntiva histórica. Aunque la comisión ha recomendado una disculpa oficial y un plan de compensaciones, hasta ahora no ha tomado ninguna acción concreta. Mientras tanto, la ley impide que muchos casos avancen judicialmente por prescripción.

Sin embargo, abogados como Choi subrayan que incluso una compensación simbólica podría tener un impacto gigantesco en futuras reclamaciones, al sentar un precedente en el reconocimiento público del rol del Estado. También serviría como una forma de validar el sufrimiento de una generación marcada por la incomprensión, la censura y el olvido.

¿Una industria internacional del “tráfico legalizado” de niños?

El caso coreano ha tenido eco en otros países con historial de adopciones transnacionales cuestionables, como Etiopía, Rumanía y Guatemala. Organizaciones internacionales han advertido que la industria de la adopción global ha operado con escasa supervisión y amplias lagunas legales, priorizando la rapidez y conveniencia sobre el interés superior del niño.

Las denuncias han llegado incluso a Naciones Unidas, donde varios comités han llamado la atención sobre los derechos de los niños adoptados internacionalmente a conocer sus orígenes. En 2019, la Convención de La Haya sobre Adopción Internacional fue revisada para abordar estos abusos, pero su implementación sigue siendo desigual.

La responsabilidad compartida de los países receptores

Francia, país en el que creció Kim, tampoco ha asumido claramente responsabilidades por su papel en el proceso. Aunque funcionarios han mencionado la posibilidad de revisar casos individuales, las estructuras legales para la restitución o disculpa son prácticamente inexistentes.

Esto plantea un debate moral urgente: ¿pueden los países occidentales seguir operando sistemas de adopción internacional sin garantizar mecanismos de control, seguimiento y reparación en caso de abuso o negligencia? La demanda de Kim lanza una acusación no solo contra Corea del Sur, sino contra toda una arquitectura global permisiva con la trata legal de menores.

Una llamada a la conciencia colectiva

Al declarar: “Fue una venta de niños patrocinada por el Estado”, Kim no exagera. Su historia es una acusación directa a una época en la que se combinaron intereses económicos, prejuicios sociales y desinterés político ante los derechos de los niños más indefensos.

Su lucha, más allá de lo legal, es una batalla por la verdad y la dignidad. Lo que está en juego no es solo una reparación económica, sino un reconocimiento moral y político de una deuda histórica.

¿Será suficiente?

Kim aún no ha recibido respuesta oficial, pero su caso no será olvidado fácilmente. Ya se ha convertido en una figura que representa a miles de adoptados que buscan justicia. La historia de Kim habla de lo que no se habló durante décadas, y su resonancia —legal, histórica y emocional— apenas comienza.