La liberación de Luis Fernando Camacho y el giro judicial en Bolivia: ¿justicia o pulso político?

Después de casi tres años de detención preventiva, una decisión judicial ha sacudido los cimientos del panorama político boliviano: la liberación de Luis Fernando Camacho, exlíder cívico, gobernador de Santa Cruz y una figura central en la caída de Evo Morales en 2019. Esta resolución, aparentemente legalista, podría marcar también el inicio de un viraje político en uno de los países más polarizados de América Latina.

Camacho fuera de prisión: ¿libertad o estrategia política?

El 26 de agosto de 2025, un juez ordenó la liberación de Luis Fernando Camacho, hasta entonces privado de libertad bajo acusaciones de sedición por su rol en la salida de Evo Morales del poder en 2019. Su liberación, además de reavivar emociones encontradas en la sociedad boliviana, se produce en un momento clave: tras unas elecciones que auguran el fin de casi dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS).

Aunque la medida fue presentada como una respuesta legal al abuso de las detenciones preventivas extendidas —una práctica recurrente en el sistema judicial boliviano—, diversos sectores sospechan que está estrechamente ligada al contexto electoral y al inminente regreso de la oposición derechista al poder.

¿Quién es Luis Fernando Camacho?

Camacho saltó a la fama nacional e internacional en los días caóticos de octubre y noviembre de 2019, cuando encabezó masivas protestas desde Santa Cruz —el bastión económico y conservador de Bolivia— exigiendo la renuncia de Evo Morales por presunto fraude electoral. Su imagen portando una Biblia al ingresar al Palacio Quemado marcó un antes y un después.

Lideraba en ese entonces el Comité Pro Santa Cruz, una organización cívico-empresarial de fuerte perfil derechista. Posteriormente fue elegido gobernador de la región, mientras enfrentaba procesos judiciales por su accionar en la crisis post-electoral. Él ha defendido sus acciones como una lucha cívica democrática y ha acusado al MAS de utilizar a la justicia como un brazo de persecución política.

El factor judicial: herramienta de represión o instrumento de equilibrio

Bolivia ha sido repetidamente cuestionada por organismos internacionales por el uso excesivo de la detención preventiva. De hecho, un informe de la Human Rights Watch en 2024 señalaba que más del 60% de los privados de libertad en Bolivia no tenía sentencia firme. El caso Camacho es emblemático: nunca fue juzgado ni condenado, y su detención fue prolongada mediante renovaciones arbitrarias que los especialistas legales consideran inconstitucionales.

Esta situación empezó a corregirse tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Bolivia que exigía revisar la legalidad de las detenciones preventivas de personajes como Camacho, la expresidenta interina Jeanine Áñez y el excandidato Marco Antonio Pumari. La postura judicial se encuentra ahora en una encrucijada entre el respeto al debido proceso y las presiones de una transición política en curso.

De Áñez a Camacho: la continuidad de la narrativa de “golpe de Estado”

La narrativa oficial del MAS desde 2019 ha sido clara: lo ocurrido ese año fue un “golpe de Estado”. Bajo esa premisa se ha perseguido judicialmente a varios actores opositores. Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de cárcel y ahora enfrenta nuevas acusaciones por la represión de manifestantes. La decisión de liberar a Camacho, así como la reciente anulación del juicio que enfrentaba Áñez por la masacre de Senkata, abre nuevamente el debate: ¿se trató de justicia o revancha?

Las víctimas de la violencia de 2019 —en su mayoría indígenas simpatizantes del MAS— no olvidan. A las afueras del juzgado donde se ordenó la liberación de Camacho, decenas protestaron cantando “¡Sin justicia no hay democracia!” y exigiendo que se reabra el caso. Gloria Quisbert, portavoz de asociaciones de víctimas, declaró que estas liberaciones “reviven un dolor profundo” y prometió que buscarán otras vías legales e internacionales.

Un país partido en dos: el reflejo en las calles

Las imágenes del 26 de agosto fueron un fiel reflejo de la polarización nacional: por un lado, multitudes vitoreaban a Camacho al grito de “¡Libertad!” y abrazaban su figura como un símbolo del resurgir cívico. Muchos se desplazaron desde Santa Cruz —algunos recorriendo más de 1.000 kilómetros en bus— para celebrar lo que consideran “el inicio del retorno de la democracia”. Por otro lado, grupos de indígenas y militantes del MAS exigían que se juzgue a “los verdaderos responsables” de las masacres de 2019.

La plaza Murillo y las calles de La Paz fueron nuevamente escenario de tensión, con fuerzas del orden intentando contener los choques entre bandos opuestos.

¿Un nuevo capítulo político? El ascenso de la oposición

Las elecciones generales de agosto de 2025 fueron históricas: el MAS, después de dos décadas de dominio nacional, cayó ante fuerzas centristas y de derecha. Rodrigo Paz, senador centrista, y Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente conservador, avanzaron al balotaje de octubre. Ambos han avanzado propuestas de reconciliación nacional, pero con énfasis en la revisión judicial de los casos considerados “persecución política”.

Quiroga ha sido categórico: “Habrá justicia para todos, pero primero libertades individuales garantizadas. Camacho, Pumari y Áñez no son criminales, son víctimas del garrote judicial del MAS”.

En ese contexto, la liberación de Camacho parece más una jugada política que una coincidencia judicial. La posibilidad de que recupere plenamente sus funciones como gobernador —algo que su defensa legal asegura ocurrirá en menos de una semana— genera preocupación entre sectores que temen una “reactivación dura del bloque opositor desde Santa Cruz”.

Camacho, símbolo de una Santa Cruz desafiante

Santa Cruz ha sido históricamente el motor económico del país, pero también el corazón de la resistencia al “centralismo paceño” del MAS. Con un modelo agroindustrial exportador y un sector empresarial fuerte, la región se opuso reiteradamente a políticas estatistas y redistributivas impulsadas por Morales y su sucesor, Luis Arce.

Camacho encarna ese espíritu. Su liderazgo surgió desde el Comité Cívico, pero su figura se ha ampliado como símbolo nacional de la resistencia liberal-conservadora. Su arresto en 2022, mientras lideraba un paro de 36 días que paralizó Santa Cruz, consolidó su papel de mártir para muchos opositores. Ahora, su retorno marca la reactivación de una figura incómoda para cualquier intento de reconciliación nacional sin ajustes en las narrativas históricas del conflicto boliviano.

¿Y ahora qué?

La liberación de Camacho abre múltiples frentes: un pulso entre el Poder Judicial y las fuerzas políticas entrantes; la reacción internacional preocupada por los estándares democráticos en Bolivia; y una sociedad civil fracturada, en la que tanto víctimas como sectores conservadores sienten que sus reivindicaciones aún no han sido saldadas.

Lo que está claro es que el camino hacia una democracia sólida en Bolivia no pasa exclusivamente por las urnas o los tribunales. Requiere verdad, justicia, reconciliación y garantías. Y todo eso, en medio de la efervescencia postelectoral, parece aún lejano.

“Este es solo el primer paso. Vamos a restaurar el Estado de Derecho en Bolivia”, dijo Camacho al salir del juzgado, mientras se abrazaba con su esposa y seguidores. Muchos celebraron, otros lloraron. Bolivia mira de frente una nueva era, pero con heridas aún abiertas.