Luisiana contra los derechos electorales: el caso que amenaza con redibujar el mapa del Congreso
Una batalla en la Corte Suprema podría debilitar significativamente la Ley de Derecho al Voto y reducir la representación política de los afroamericanos
El conflicto de fondo: raza y representación electoral
El estado de Luisiana ha decidido abandonar su defensa de un mapa electoral que había permitido la elección de dos miembros afroamericanos al Congreso, solicitando en su lugar a la Corte Suprema de Estados Unidos que prohíba el uso de la raza como criterio en la redistribución de distritos electorales. Esta posición, que encaja estrechamente con la visión conservadora predominante en la actual Corte Suprema, podría desmantelar décadas de avances logrados bajo la Ley de Derecho al Voto de 1965.
En palabras del profesor de derecho Richard Hasen de UCLA: “Si el argumento de Luisiana prevalece, con casi toda seguridad llevaría a un Congreso más blanco y menos representativo, así como a una representación significativamente menor de las minorías en los cuerpos legislativos del país”.
Una maniobra que podría redibujar el Congreso
El fondo del asunto radica en la forma en que se interpretan las Enmiendas Décimocuarta y Decimoquinta de la Constitución. Estas enmiendas, adoptadas tras la Guerra Civil, buscaban garantizar la igualdad política de los afroamericanos. Sin embargo, ahora la bancada conservadora podría decidir que usar la raza como factor para crear distritos de mayoría negra viola dichas enmiendas, una reinterpretación que pone todo el sistema en jaque.
La Corte ha pedido específicamente que se argumente si la creación intencional de distritos con mayoría minoritaria infringe la Constitución. Esta pregunta pone en juego el precedente establecido hace tan sólo dos años cuando, por estrecha mayoría (5-4), la Corte validó un caso similar en Alabama, fallando que su mapa violaba la Ley de Derecho al Voto. En ese contexto, se crearon nuevos distritos que facilitaron la elección de dos congresistas afroamericanos más, uno en Alabama y otro en Luisiana.
Entre la Ley de Derecho al Voto y los intereses políticos
La Ley de Derecho al Voto de 1965, considerada la joya de la corona del movimiento por los derechos civiles, buscó poner fin a impedimentos sistémicos que impedían votar a la población negra. Aunque fragmentos de esta ley han sido debilitados por la Corte en la última década, la cláusula que impide la creación de distritos que priven a las minorías de representación todavía permanecía intacta… hasta ahora.
En los alegatos de marzo de este año, Luisiana defendió su mapa alegando que cumplía con las decisiones de cortes inferiores y buscaba preservar los distritos de influyentes republicanos como el actual presidente de la Cámara, Mike Johnson. Sin embargo, los tribunales inferiores ya habían bloqueado dos versiones anteriores del mapa por considerar que discriminaban a los votantes negros al diluir su voto.
¿Una Corte Suprema con una agenda más profunda?
Los observadores políticos coinciden en que la Corte muestra signos de estar lista para enterrar el uso de la raza como factor en temas clave, desde la acción afirmativa hasta la redistribución electoral. Según The Brennan Center for Justice, si la Corte respalda el argumento de Luisiana, el efecto dominó afectaría a otros estados del sur con legislaturas dominadas por republicanos, como Georgia, Mississippi, Carolina del Norte y Texas, donde las poblaciones negras o latinas significativas se verían representadas de forma aún más desproporcionada.
Además, tal cambio no sólo tendría implicaciones en el Congreso federal, sino también en legislaturas estatales y gobiernos municipales que dependen de estos mapas distritales para determinar su representación local.
El caso que podría rescribir las reglas del juego
La Corte Suprema ha convocado una segunda ronda de argumentos para el próximo 15 de octubre, algo inusual que muchas veces antecede a un giro jurisprudencial de gran magnitud. Así ocurrió con la histórica decisión de Citizens United vs. FEC en 2010, que permitió el auge de las donaciones políticas ilimitadas por parte de corporaciones, una decisión que transformó la forma en que se financian las campañas electorales en EE.UU.
Si se replica un patrón similar, podríamos estar frente a un terremoto legal que redefiniría quién tiene derecho real a representación y quién no, en un país donde las barreras raciales en la política nunca han dejado de existir.
El telón de fondo político: entre el trumpismo y el supremacismo blanco institucional
El giro de Luisiana —que durante tres años había defendido el mapa impugnado en las cortes— muestra una alineación ideológica con las posturas más extremas dentro del Partido Republicano. La Fiscal General del estado, Elizabeth Murrill, argumentó en un escrito a la Corte que “la redistribución basada en la raza es fundamentalmente contraria a la Constitución”.
En un contexto donde líderes conservadores como el expresidente Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han impulsado activamente la eliminación de políticas de diversidad e inclusión, esta demanda judicial refuerza el mensaje de que la raza debería ser irrelevante en las políticas públicas, incluso cuando la historia demuestra que ha sido un factor indispensable para reparar injusticias sistémicas.
La reacción de los defensores del derecho al voto
Grupos como la NAACP Legal Defense Fund, la ACLU, y Fair Fight Action han denunciado esta maniobra como un intento flagrante de suprimir el voto negro y eliminar su representación significativa, especialmente en el Sur de EE.UU.
Además, argumentan que si la Corte da vía libre a este argumento, no sólo se perderán distritos con mayoría negra, sino que se volverá prácticamente imposible impugnar cualquier mapa injusto, porque ya no se podrá usar la raza como hecho probatorio.
¿Regreso al siglo XIX disfrazado de colorblind Constitutionalism?
La doctrina de “colorblind Constitution” (Constitución ciega al color) es una reinterpretación contemporánea del texto constitucional en la cual toda política que tome en cuenta la raza, incluso con fines reparadores, es considerada inconstitucional. Esta doctrina ha ganado tracción entre jueces conservadores como Clarence Thomas y Samuel Alito.
Pero críticos advierten que ser 'ciegos al color' en una sociedad profundamente marcada por el racismo histórico, es ser ciegos a la desigualdad estructural.
Impacto práctico de la decisión
- Reducción de distritos de mayoría afroamericana: Actualmente sólo 61 de los 435 distritos del Congreso son de mayoría negra, y apenas 58 afroamericanos ocupan un escaño. Esta cifra podría disminuir aún más.
- Reforzamiento de mayorías blancas: Los mapmakers podrían diluir comunidades negras o latinas dividiéndolas entre varios distritos de mayoría blanca.
- Incremento del poder político conservador: Los distritos así configurados favorecerían a candidatos republicanos por la alta homogeneidad racial-ideológica.
Una lucha histórica en tiempo real
La batalla por los derechos electorales en Estados Unidos está lejos de concluir. Si algo nos ha enseñado la historia, es que las victorias en materia de justicia racial nunca son permanentes, y deben ser defendidas generación tras generación.
Cuando la Corte Suprema se pronuncie finalmente sobre este caso, estará definiendo si el espíritu de la Reconstrucción post-Guerra Civil y la era de derechos civiles sigue siendo un pilar actual del orden constitucional, o si pasará a ser sólo una nota al pie en los libros de historia.
De fallar a favor del estado de Luisiana, el mensaje sería claro: en el Estados Unidos del siglo XXI, la igualdad política ya no requiere considerar la raza. Aunque la realidad diga lo contrario.