Uvalde: las heridas abiertas de una tragedia que exige verdad

Una catástrofe que aún sacude a Texas

El 24 de mayo de 2022, la comunidad de Uvalde, Texas, vivió una de las peores masacres escolares en la historia de Estados Unidos. Un joven armado ingresó a la Escuela Primaria Robb y asesinó a 19 niños y 2 profesoras. Más de dos años después, las consecuencias siguen resonando no solo en las familias afectadas, sino en todo el país, especialmente tras la reciente liberación de miles de páginas de documentos que revelan más detalles sobre cómo se gestionó -o malgestionó- la respuesta a esta tragedia.

Este artículo es una opinión fundamentada sobre la responsabilidad gubernamental, la falta de transparencia y la impunidad institucional que ha marcado este caso desde el día cero.

Una filtración incompleta y un error demasiado caro

En julio de 2024, el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (UCISD) anunció que liberaría todos los registros pertinentes como parte de una resolución judicial que puso fin a una demanda por parte de varios medios de comunicación. Esta promesa, sin embargo, resultó incompleta. El abogado Robb Decker admitió que su firma legal había "omitido por error" más de 26,000 documentos y 8,600 correos electrónicos relacionados con el caso.

“No estamos tratando de ocultar nada. Fue un error de nuestra parte”, declaró Decker durante una junta del consejo escolar. Pero para Jesse Rizo, miembro del consejo y tío de Jackie Cazares, una de las víctimas de 9 años, aquello no fue suficiente: “Puede llamarlo error, pero es un error costoso, muy costoso”.

Y razón no le falta. Cada día que pasa sin justicia ni claridad es un día más de angustia para las familias, y también un mensaje dañino: en Estados Unidos, incluso el derecho a la verdad puede ser postergado.

Una lucha por la transparencia que debió ser automática

Lo que resulta más escandaloso de este episodio no es solo la tragedia en sí, sino el constante esfuerzo de las instituciones locales y estatales por ocultar los detalles. Medios como The Texas Tribune, ProPublica y incluso cadenas nacionales como CNN y ABC tuvieron que recurrir a procesos legales costosos y prolongados solo para obtener documentos públicos que deberían haber sido accesibles desde el principio.

Durante más de un año, el distrito escolar, el condado y hasta autoridades estatales se negaron sistemáticamente a divulgar materiales relacionados con la respuesta policial, protocolos de seguridad y comunicaciones internas durante y después del ataque. Fue solo por orden de una corte de apelaciones de Texas, en julio de 2024, que finalmente se dio luz verde a la publicación masiva de información.

26,000 páginas, mil preguntas

La liberación tardía de esos documentos no significa necesariamente que las respuestas estén cerca. Analistas forenses, periodistas investigativos y familiares de víctimas apenas han comenzado la ardua tarea de revisar los materiales, que incluyen desde intercambios de correos con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) hasta informes internos de seguridad escolar.

Sin embargo, hasta ahora se ha confirmado una serie de fallas garrafales:

• Una respuesta policial pasiva: 376 agentes estuvieron presentes ese día, pero esperaron más de una hora para intervenir, mientras los disparos continuaban.
• Una cadena de mando con confusión: las nuevas actas muestran que existieron órdenes contradictorias, y que algunos cuerpos policiales esperaban autorización del jefe de distrito escolar, quien no tenía formación táctica suficiente.
• Protocolos obsoletos: los mecanismos de seguridad escolar eran insuficientes, con puertas que no cerraban bien y radios sin cobertura confiable.

Esos son solo los hallazgos preliminares. Lo que está claro es que la tragedia fue agravada, innecesariamente, por la ineptitud institucional.

El costo humano: heridas que no sanan

Más allá de lo legal, está lo humano. Las familias siguen esperando justicia. Para muchos padres, como Kimberly y Félix Rubio, padres de Lexi Rubio, la falta de claridad no ha hecho más que profundizar su dolor. “No solo perdimos nuestra hija, perdimos la confianza en el sistema”, dijeron en una entrevista con NBC News.

Y es comprensible. Más de 700 días después del tiroteo, aún no hay cargos penales contra ningún oficial del día de la masacre. La investigación criminal del DPS sigue abierta, pero sin resultados visibles. La falta de consecuencias es una nueva forma de violencia, silenciosa, pero igual de devastadora.

Inacción política y la cultura del silencio

Greg Abbott, gobernador de Texas, ofreció condolencias y prometió acción en múltiples ruedas de prensa. Sin embargo, su administración ha sido criticada por proteger a instituciones en lugar de apoyar a las víctimas. Una propuesta para sacar a la policía escolar del UCISD fue ignorada, y otras leyes para endurecer controles de acceso o reforzar entrenamiento táctico quedaron atascadas en comités legislativos.

Esta pasividad alimenta la percepción de que no hay voluntad política para una reforma estructural. Según el Pew Research Center, el 60% de los texanos apoya leyes más estrictas sobre armas, pero la Legislatura estatal ha hecho poco para responder a ese deseo ciudadano.

Es como si el silencio oficial fuera parte del protocolo.

La prensa como actor de justicia

En este escenario turbio, los medios de comunicación han sido no solo informadores, sino defensores de la verdad. La demanda conjunta de más de una docena de medios, tanto locales como nacionales, representa una victoria no solo para el periodismo, sino para la democracia.

Lograron lo que ni el sistema escolar ni el gobierno local quisieron hacer de forma voluntaria: entregar la información al pueblo. Información que, en muchos sentidos, pertenece a las víctimas y a una comunidad que merece entender cómo y por qué ocurrió esta tragedia.

No es solo Uvalde: es un síntoma nacional

Uvalde no es un caso aislado. Es parte de una epidemia más amplia en Estados Unidos, donde los tiroteos masivos en escuelas se han vuelto tristemente comunes. Desde Columbine (1999) hasta Sandy Hook (2012), Parkland (2018) y ahora Uvalde, el patrón es claro: tragedia, duelo colectivo, promesas de cambio... y luego el olvido.

Según datos de Gun Violence Archive, más de 200 tiroteos masivos han ocurrido en escuelas estadounidenses desde el año 2000. Es decir, en promedio, uno cada mes.

Este contexto revela que el fracaso de Uvalde no es solo local, sino nacional. Un sistema entero ha fallado múltiples veces a la hora de proteger a sus ciudadanos más jóvenes.

¿Puede surgir algo bueno del dolor?

La historia de Uvalde está lejos de concluir. La publicación de documentos, aunque tardía, puede ser un punto de inflexión. Pero para que esta tragedia no caiga en el olvido, deben suceder varias cosas de forma urgente:

• Una investigación independiente y con poder de subpoena sobre las fallas policiales y administrativas.
• Reformas legales estatales que exijan transparencia total en casos de tiroteos masivos.
• Consecuencias penales para quienes actuaron con negligencia.
• Cambios profundos en protocolos de seguridad escolar y entrenamiento policial.
• Un espacio para el duelo público y el homenaje permanente a las víctimas.

Si algo debe quedar claro es que la verdad no puede ser considerada una concesión: es un derecho inalienable de las víctimas y sus comunidades.

“Nunca más” debe ser ahora, no un eslogan vacío

El caso de Uvalde representa un espejo ante el cual Estados Unidos debe mirar sin pestañear. Lo que sucedió no fue solo el acto de un asesino, sino una cadena de omisiones, errores y silencios que terminaron en tragedia.

Hoy más que nunca, urge abandonar la comodidad de la indiferencia y exigir lo que toda sociedad civilizada merece: verdad, justicia y memoria.