Washington bajo asedio: el pulso entre comunidad e intervención policial federal durante el verano de Trump

La tensión se apodera de un vecindario pacífico

La escena parecía sacada de una serie dramática sobre ciudades sitiadas. En lugar de eso, ocurrió en plena capital estadounidense, en una calle cercana a la escuela primaria Bancroft, el tercer día del ciclo escolar 2025. El barrio de Mount Pleasant, conocido por su mezcla diversa de habitantes blancos profesionales e inmigrantes latinoamericanos, se vio súbitamente interrumpido por una operación policial a gran escala.

“¿Por qué no pudieron hacer esto a las 9:30? ¿Por qué tuvieron que aterrorizar a los niños?” preguntó Aaron Goldstein, un residente local, a los oficiales, sin obtener respuesta. Esa mañana, varios padres escoltaban a sus hijos desde complejos de apartamentos cercanos hasta la escuela, preocupados por las redadas.

Una operación y una percepción pública enfrentadas

Según la policía metropolitana y agentes federales, se trataba de un operativo de arresto contra un sospechoso de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. “Fue una operación planificada”, aseguró el sargento Michael Millsaps en una espontánea conversación con miembros alarmados de la comunidad. Aun así, admitió que oficiales de inmigración fueron incluidos para servir como distracción táctica y evitar disturbios.

Este gesto estratégico apunta al verdadero corazón del problema: la desconfianza generalizada hacia el despliegue federal en la ciudad bajo la orden de la administración Trump. Dicha intervención ha generado rechazo entre vecinos, especialmente los de ascendencia latina, ante el temor de que las redadas pudieran estar disfrazadas de operativos antidrogas pero destinadas a la persecución migratoria.

Un barrio dividido por la presencia policial

La intervención ha desencadenado una línea divisoria entre diferentes comunidades de DC. Mientras que en el barrio de Mount Pleasant la respuesta fue de indignación y protesta, sargento Millsaps declaró que en otros lugares, como sectores al oriente del río Anacostia —donde las tasas de criminalidad históricamente han sido más altas— la policía recibe agradecimientos y apoyo.

La vecina Nancy Petrovic, testigo directa del operativo, comentó: “Los niños están yendo a la escuela, están caminando por la calle, y esto es aterrador para ellos y para sus padres”. Su testimonio resalta una creciente percepción de inseguridad no debido al crimen, sino a la militarización del vecindario.

Un contexto más amplio: la ola de “Ley y Orden” de Trump

La escena en Mount Pleasant no es un caso aislado. Desde el verano de 2025, Washington D.C. ha sido testigo de múltiples intervenciones similares bajo la directiva de reforzar la seguridad con apoyo federal. Esta estrategia recuerda las políticas de “law and order” que caracterizaron tanto a la presidencia de Trump como a sus campañas electorales.

Este tipo de movimientos ha elevado preocupaciones de grupos defensoras de derechos civiles, quienes denuncian que se trata de un modelo de sobrerrepresión desproporcionada, especialmente en comunidades pobres e inmigrantes. El hecho de que más del 60% del alumnado de la escuela Bancroft sea de origen latino eleva aún más las sospechas de perfilamiento étnico.

La aritmética política detrás de las sirenas

No es coincidencia que este tipo de movilizaciones coincidan con momentos electoralmente sensibles. Históricamente, el uso del miedo a la inseguridad como catalizador político ha sido eficaz. Durante su mandato anterior, Trump recurrió a la amenaza del “caos urbano” para justificar intervenciones en ciudades como Portland y Chicago.

En este contexto, Washington D.C., sin representación con voto en el Congreso, se convierte en el blanco perfecto: una ciudad de mayoría demócrata y población afroamericana y latina que no puede detener unilateralmente operativos federales.

¿Intervención contra el crimen o control social?

Los críticos advierten que esta política marca un precedente peligroso. “Estamos siendo invadidos”, dijo Goldstein, padre de familia. Entre la comunidad crece la sensación de que más que luchar contra el crimen, estas demostraciones de fuerza están diseñadas para sembrar temor y neutralizar oposición política bajo el pretexto del orden público.

Los datos parecen sustentar las críticas. Entre 2020 y 2023, los crímenes violentos en Washington D.C. disminuyeron un 17%, según estadísticas del Departamento Metropolitano de Policía. Sin embargo, el incremento del patrullaje armado federal en 2025 no corresponde a un aumento reciente de delitos, sino a una impulsiva reorganización estratégica desde el Ejecutivo.

Las escuelas, en la línea de fuego

El hecho de que el operativo se haya realizado en horario escolar no es menor. Padres y docentes consideran que la seguridad de los niños fue ignorada. La escuela Bancroft ha reforzado sus protocolos de entrada y ha implementado acompañamiento psicológico para alumnos que manifestaron miedo e incluso pesadillas tras presenciar fuerzas armadas en su vecindario.

“Esto trastorna a niños de 7 u 8 años que apenas inician el año escolar. No es sólo una operación, es una forma de romper la normalidad de los más vulnerables”, comentó una maestra que prefirió permanecer en el anonimato.

El eco de la historia: represión e identidad barrial

Mount Pleasant ha sido históricamente escenario de luchas por justicia social. En 1991, fue epicentro de disturbios étnicos luego de que un oficial de policía hiriera a un migrante salvadoreño. Desde entonces, el barrio ha desarrollado una cultura de resistencia comunitaria basada en el apoyo mutuo, en especial frente a políticas estatales que buscan controlar o desplazar a los residentes originales.

Hoy, esa identidad vuelve a emerger, esta vez confrontando una ofensiva que mezcla simbólicamente guerra contra el crimen e intervención ideológica. La reactivación de redes vecinales, aplicaciones como Signal, y patrullajes civiles escolares demuestran que la comunidad ha decidido no resignarse.

Más allá de los lentes oscuros

Los agentes federales que no respondieron a los cuestionamientos de Goldstein pueden haber sentido justificados sus actos por la legalidad del mandato que los respalda. Pero en las aceras, entre mochilas, padres perplejos y banderas de jardín, la realidad es otra: hay miedo, pero también determinación.

El “verano de hierro” en Washington aún no termina, y su desenlace podría definir cómo se entienden las libertades civiles frente al avance de políticas autoritarias en tiempos modernos.