Alligator Alcatraz: el centro de detención que desató una batalla legal en los Everglades

En medio de los frágiles humedales del Parque Nacional Everglades, un nuevo símbolo de la lucha entre seguridad nacional y derechos humanos se alza: el centro de detención de inmigrantes informalmente conocido como “Alligator Alcatraz”. Esta instalación, erigida apresuradamente en un antiguo aeródromo de entrenamiento en el sur de Florida, ha despertado alarma en múltiples frentes: ambientalistas, pueblos indígenas, activistas por los derechos civiles y ahora, el sistema judicial federal.

Una orden judicial que sacude los cimientos del centro

El pasado jueves, la jueza federal Kathleen Williams, del distrito sur de Florida, negó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de pausar su orden judicial previa que exige el desmantelamiento progresivo del centro. Según su decisión, el gobierno federal debe reducir progresivamente el número de detenidos en un período de 60 días, con el objetivo de cerrar todas sus operaciones físicas y desmantelar estructuras como cercas, generadores y sistemas de iluminación.

"El gobierno no ha demostrado de forma convincente que suspender la orden sea más beneficioso que permitir su ejecución inmediata, especialmente considerando el impacto ambiental irreparable que se alega", detalló Williams en su dictamen.

Una instalación que nació entre polémicas

Construida en tan solo dos meses y operativa desde el 1 de julio de 2025, la instalación costó más de $245 millones en contratos de construcción y operación, firmados a toda prisa por el gobierno estatal. Ubicada en una pista de aterrizaje apenas usada del Dade-Collier Training and Transition Airport, la estructura fue inaugurada con la presencia del expresidente Donald Trump, quien la calificó como un "modelo para futuros centros de detención" en su plan de intensificar las deportaciones en territorio estadounidense.

La instalación, no obstante, prontamente atrajo la desaprobación de los grupos ecologistas y del pueblo indígena Miccosukee, quienes presentaron una demanda conjunta alegando que la construcción y operación del centro violaban múltiples leyes ambientales federales.

Everglades en peligro: el debate ecológico

Los Everglades, también conocidos como "ríos de hierba", son uno de los ecosistemas más frágiles y biodiversos de Estados Unidos. Albergan especies protegidas como el manatí antillano, el cocodrilo americano y la pantera de Florida, y han sido objeto de un programa de restauración ambiental de más de $10 mil millones desde el año 2000.

“No podemos permitir que décadas de esfuerzos y miles de millones de dólares en restauración se pierdan por una decisión política mal considerada”, señaló la organización Friends of the Everglades. La jueza Williams coincidió en su dictamen con esta perspectiva, sosteniendo que la operación del centro compromete la integridad del ecosistema, especialmente por las emisiones y las estructuras artificiales impuestas sobre los humedales.

La batalla de los derechos civiles

Además del impacto ambiental, el centro enfrenta un asalto legal múltiple por sus prácticas respecto a los detenidos. Diversas organizaciones de derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Southern Poverty Law Center, han interpuesto al menos tres demandas federales distintas en menos de dos meses.

Las acusaciones incluyen la detención prolongada sin cargos, negación al acceso legal, desaparición de detenidos del buscador online de ICE y ausencia de audiencias de fianza. Una demanda reciente incluso solicita una orden de restricción temporal y una injunción judicial inmediata para que se suspendan todas las operaciones en la instalación.

“Algunas de estas prácticas son sin precedentes incluso dentro del cuestionado sistema de detención migratoria de EE.UU., lo que constituye un punto ciego legal y humanitario que no puede ser ignorado,” afirmó Javier Martínez, abogado de derechos civiles en Miami.

¿Quién tiene la autoridad real?

La base del argumento legal en muchos frentes es la federalidad de las leyes migratorias. Mientras que la inmigración es constitucionalmente una responsabilidad federal, el estado de Florida, bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, ha canalizado esfuerzos —y fondos— en la construcción y operación de centros que, según sus críticos, exceden su autoridad legal.

El último episodio de este conflicto incluye rumores confirmados de que el estado planea abrir un segundo centro de detención, apodado “Deportation Depot”, en un centro penitenciario estatal en el norte de Florida, lo cual ya está generando protestas.

Trump, DeSantis y la detención como arma política

La durísima postura de Trump sobre inmigración continúa influyendo en las decisiones políticas actuales. Su visita a Alligator Alcatraz y su promoción del centro como una alternativa viable para expandir la infraestructura de deportaciones hacen eco en el plan nacional del Partido Republicano para reforzar las leyes migratorias con un enfoque más punitivo y visible.

Por su parte, Ron DeSantis ha usado estos centros como cartas políticas en su estrategia de reelección, fomentando la idea de que Florida es pionera en la lucha contra la inmigración ilegal. Sin embargo, expertos legales auguran que esta estrategia podría violar la división constitucional de poderes entre poderes estatales y federales.

El precedente judicial: ¿se replicará en otros estados?

Esta decisión judicial se convierte en un caso clave en el debate sobre los límites del poder estatal en políticas migratorias, especialmente cuando este se ejerce en territorios ambientalmente protegidos. Estados como Texas y Arizona ya estudian iniciativas similares, y la forma en que el Departamento de Justicia actúe podría determinar la postura de otros gobiernos estatales en los próximos meses.

“Estamos ante una disyuntiva donde una crisis migratoria real se topa con posibles abusos institucionales disfrazados de soluciones. Alligator Alcatraz no es sólo una instalación; es un campo de batalla de ideologías y derechos fundamentales,” concluye María Torres, analista de políticas públicas de la Universidad de Miami.

El poder del lugar y la memoria

Paradójicamente, mientras los Everglades luchan por no convertirse en un símbolo del control excesivo y de la violación de derechos, otros rincones del sur de EE.UU., como Nueva Orleans, buscan precisamente rememorar su historia para evitar repetirla.

En el marco del 20º aniversario del huracán Katrina, una serie de instalaciones fotográficas recorren la ciudad proyectando imágenes tomadas durante la catástrofe exactamente en los sitios donde ocurrieron. La comparación visual ha impactado a residentes y visitantes, recordando el sufrimiento, la resiliencia y, sobre todo, los errores que no deben repetirse.

Es este contraste el que vuelve aún más significativo el caso Alligator Alcatraz: la historia, si no se recuerda y se contextualiza, puede repetirse —esta vez, con otras víctimas.

Alligator Alcatraz no es simplemente una estructura de concreto y alambre entre pantanos. Es el ejemplo más reciente de cómo el miedo, la política y la falta de visión ambiental pueden converger en un modelo de control que muchos consideran incompatible con los valores de un país democrático.