Deportaciones estratégicas: Cómo Estados Unidos reconfigura su política migratoria enviando migrantes a África

El nuevo rostro de la deportación estadounidense

Una nueva y polémica estrategia se está desplegando silenciosamente desde las oficinas de migración en Washington: deportar migrantes no hacia sus países de origen, sino hacia naciones africanas con las que no tienen vínculo alguno. Bajo esta directriz, impulsada por la administración Trump, países como Rwanda, Sudán del Sur, Esuatini y Uganda han comenzado a recibir deportados estadounidenses sin que los migrantes tengan conexión directa con estos lugares.

El silencio y la opacidad han sido una característica dominante en estos acuerdos, ninguno de los cuales ha sido negociado ni informado públicamente desde el inicio. ¿Se trata sólo de una política migratoria o es más bien un movimiento geopolítico encubierto con fines diplomáticos y estratégicos?

Rwanda: entre acuerdos colapsados e iniciativas nuevas

El caso de Rwanda resulta particularmente simbólico. En agosto, este país africano reconoció haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos para recibir hasta 250 deportados. Pero fue recién en septiembre cuando se supo que los primeros siete deportados ya habían llegado.

“Tres de ellos quieren regresar a sus países de origen, mientras que cuatro desean quedarse y construir una vida en Rwanda”, declaró Yolande Makolo, portavoz del gobierno rwandés. La declaración indica cierto componente voluntario entre los deportados, pero la falta de detalles sobre sus nacionalidades, antecedentes o condiciones de detención levanta preocupaciones entre organismos internacionales.

Este nuevo acuerdo estadounidense se produce tras el fracaso del plan del Reino Unido de enviar a solicitantes de asilo a Rwanda, que fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo británico en 2022.

Sudán del Sur: el destino inesperado de deportados multigeneracionales

Otro destino improbable ha sido Sudán del Sur, una nación que, desde su independencia en 2011, enfrenta constantes amenazas de conflicto civil. En julio, Estados Unidos deportó allí a ocho hombres originarios de países tan diversos como Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam.

El grupo estuvo semanas detenido dentro de un contenedor adaptado en una base militar estadounidense en Yibuti antes de su traslado final. El gobierno de Sudán del Sur prometió garantizar su seguridad, aunque no ha revelado su paradero ni los procedimientos que seguirán.

La pregunta resuena: ¿puede un país sumido en crisis política y humanitaria garantizar los derechos y estabilidad de personas deportadas desde la mayor potencia mundial?

Como apunta el analista del International Crisis Group, Alan Boswell: “No está claro qué gana Sudán del Sur a cambio, pero parece evidente que se trata de un favor político con Washington.”

Esuatini: asilamiento bajo el mando de una monarquía absoluta

Poco después de los traslados a Sudán del Sur, otro grupo de cinco hombres provenientes de países como Vietnam, Cuba y Yemen fueron enviados a Esuatini, una pequeña monarquía absoluta en el sur de África.

Las autoridades de Esuatini, gobernadas por el rey Mswati III desde 1986, comunicaron que los hombres estarían en confinamiento solitario hasta poder repatriarlos, un proceso que podría demorar hasta un año.

Un abogado de derechos humanos local ha presentado una demanda contra el gobierno por, supuestamente, negar el acceso a representación legal para los detenidos, albergados en una prisión de máxima seguridad.

La falta de transparencia y la militarización del proceso profundizan las críticas. ¿Puede una monarquía con limitaciones democráticas ser parte justa de una política migratoria internacional?

Uganda: altruismo o cálculo político

Uganda ha aceptado, bajo ciertos criterios, recibir deportados estadounidenses. El gobierno dejó claro que sólo admitirán a quienes no tengan antecedentes penales ni sean menores no acompañados. Sin embargo, aún no se ha ejecutado ningún envío masivo.

Uno de los casos más polémicos es el del migrante Kilmar Abrego García, cuyo destino podría ser Uganda, convirtiéndose en un símbolo de la severidad de la política anti-inmigración de Trump.

El abogado y activista ugandés Nicholas Opio criticó abiertamente el acuerdo: “Estamos sacrificando seres humanos por conveniencia política. En este caso, Uganda busca quedar bien con Estados Unidos”.

La declaración deja en evidencia la tensión entre política interna, intereses diplomáticos y derechos humanos.

¿Por qué África?

La elección de países africanos responde a una combinación de factores: gobiernos débiles o altamente centralizados, necesidad de apoyo diplomático o económico, y una relación asimétrica con EE. UU. que permite imponer condiciones sin demasiadas preguntas.

No hay cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional sobre beneficios concretos otorgados a estos países a cambio de aceptar migrantes, pero podrían incluir:

• Inversiones en seguridad o infraestructura
• Asistencia financiera bilateral
• Acceso prioritario a programas de cooperación estadounidense

No obstante, estas recompensas no garantizan que los derechos de los migrantes sean respetados. La falta de regulación y monitoreo convierte estos acuerdos en zonas grises del derecho internacional.

Un patrón que comienza a consolidarse

Este patrón de deportaciones a terceros países recuerda otras acciones bajo la administración Trump, como:

• El intento de restringir el asilo político en la frontera sur mediante el acuerdo con México
• La política de “Remain in Mexico”
• Los acuerdos con países del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) para albergar migrantes de otros países

Todo esto representa una tendencia a delegar funciones migratorias a países con menor capacidad y mayores necesidades, muchas veces bajo acuerdos discrecionales y de dudosa legalidad desde el punto de vista humanitario.

Reacciones internacionales y organismos de derechos humanos

Hasta ahora, organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han limitado su participación a observación pasiva o asistencia básica, sin emitir una condena clara.

Según el Observatorio de Derechos Humanos, “estos acuerdos extraterritoriales deben ser auditados urgentemente por organismos independientes”, señalando que EE. UU. podría estar violando principios fundamentales del derecho de asilo y del trato digno a las personas migrantes.

El problema radica en la difícil fiscalización en territorios con poca transparencia institucional o posiciones autoritarias, como Esuatini.

¿Se puede resistir esta política?

Países europeos como Reino Unido o Dinamarca también han planteado modelos similares, e incluso Australia ha sido pionero en enviar migrantes a islas como Nauru o Papúa Nueva Guinea.

Sin embargo, en África este modelo adquiere una nueva dimensión, pues no sólo implica externalizar sino también desterrar: enviar migrantes a sitios donde nunca han vivido, hablado el idioma ni tienen red social de apoyo.

Para muchos juristas, esta política de “exportar migrantes” se asemeja a un traslado forzoso, lo que podría configurar violación a tratados internacionales sobre derechos humanos.

En palabras del académico en migraciones Dr. Damilola Odufuwa de la Universidad de Ciudad del Cabo: “Estamos ante una nueva forma de colonialismo migratorio. EE. UU. decide quién vive dónde, sin importar vínculos culturales, lingüísticos ni afectivos”.

Un debate que apenas comienza

Estas devoluciones logísticas, discretas y políticamente sensibles están lejos de desaparecer. Con un nuevo ciclo electoral en EE. UU. en marcha y políticas migratorias endureciéndose globalmente, este modelo de deportación terciarizada puede expandirse si no hay resistencia pública ni judicial.

La pregunta que persiste es simple pero poderosa: ¿cuánto puede una nación salvar su imagen exterior a costa de vulnerar los destinos de los más desplazados del mundo?