El precio de la justicia: el caso Aishima y el drama silencioso de la detención injusta en Japón

En una conmovedora escena de arrepentimiento y solemnidad, funcionarios de la policía metropolitana de Tokio y fiscales japoneses se arrodillaron, ofrecieron flores y pidieron disculpas ante la tumba de Shizuo Aishima, un ingeniero y ejecutivo japonés que murió víctima de una detención prolongada e injusta. Esta ceremonia silenciosa simboliza mucho más que una disculpa, es el reflejo de un sistema judicial que, en su celo por aplicar la ley, se ha olvidado de un principio fundamental: la dignidad y el bienestar humano.

¿Quién fue Shizuo Aishima?

Aishima, de 72 años, era uno de los altos ejecutivos de la empresa Ohkawara Kakohki, especializada en maquinaria industrial ubicada en Yokohama. En 2020, Aishima fue arrestado junto con otros dos ejecutivos —el presidente de la empresa Masaaki Okawa y el exdirector Junji Shimada— bajo la acusación de exportar sin autorización una máquina conocida como spray dryer, la cual, según las autoridades, podía usarse para fabricar agentes biológicos.

Desde el principio, los tres detenidos mantuvieron su inocencia. Alegaron que la máquina no estaba sujeta a restricciones de exportación. Pero la justicia japonesa tenía otros planes: mantuvo a los ejecutivos encarcelados durante la investigación sin conceder el beneficio de la libertad bajo fianza. En el caso de Aishima, la negativa tuvo un costo irreversible.

La enfermedad ignorada: una sentencia de muerte innecesaria

Mientras se encontraba detenido, a Aishima se le diagnosticó cáncer gástrico. Su abogado realizó ocho solicitudes de libertad bajo fianza para que pudiera recibir tratamiento médico adecuado, todas ellas rechazadas. El sistema carcelario japonés, conocido por su rigidez, le negó su derecho básico a la salud.

No fue hasta que su estado fue crítico que las autoridades lo trasladaron a un hospital externo. Ya era demasiado tarde. Aishima murió en febrero de 2021, cinco meses antes de que los cargos contra él fueran retirados.

Del encarcelamiento a la reivindicación legal

En julio de 2021, los fiscales dieron marcha atrás, abandonando finalmente la acusación contra Aishima y sus colegas. Unos meses después, en septiembre, la empresa Ohkawara Kakohki presentó una demanda civil contra el gobierno metropolitano de Tokio y el gobierno central japonés. Alegaron detención ilegal y persecución injusta.

El proceso judicial culminó en junio de 2022 cuando el Tribunal Superior de Tokio dictaminó que la detención y la acusación de los tres ejecutivos habían sido ilegales. El Estado fue condenado a pagar 166 millones de yenes (1.12 millones de dólares) como compensación. Pero el dinero no puede comprar el tiempo ni devolver la vida perdida de Shizuo Aishima.

“Acepto sus disculpas, pero nunca los perdonaré”

Estas palabras provenientes de la esposa de Aishima resonaron con un sentimiento que mezcla dolor, dignidad y rabia contenida. En la ceremonia realizada en la tumba del ingeniero, las autoridades se arrodillaron, rezaron y ofrecieron flores mientras se disculpaban profundamente. Aishima, en vida, le expresó a su esposa: “No entiendo por qué me tratan así”.

La respuesta institucional llegó demasiado tarde.

Un sistema demasiado hermético: ¿es Japón demasiado estricto con la detención?

Las leyes japonesas permiten la detención de un sospechoso por un máximo de 23 días sin acusación formal, con posibilidad de extensión. Además, solo el 1% de los acusados terminan absueltos en procedimientos judiciales, creando un entorno en el que la presunción de inocencia queda en entredicho.

El sistema judicial japonés ha sido durante mucho tiempo criticado por sus altos niveles de detención preventiva prolongada y por practicar lo que algunos llaman “detención hostil”, donde se obtiene una confesión bajo presión. Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, este enfoque contradice estándares internacionales de derechos humanos.

El patrón que se repite: el caso de Iwao Hakamada

El caso de Aishima no es aislado. En 2021 también se produjo la absolución de Iwao Hakamada, un exboxeador japonés condenado a muerte por un cuádruple asesinato en 1966. Hakamada fue liberado provisionalmente en 2014 después de pasar más de 45 años en el corredor de la muerte. Pruebas de ADN posteriormente probaron su inocencia.

El caso de Hakamada se convirtió en el más emblemático de condena errónea y simboliza la resistencia institucional a admitir fallas, incluso cuando las vidas humanas cuelgan de un hilo.

Una tragedia industrial, judicial y humana

Injustamente culpados por la exportación de secadores industriales, los ejecutivos de Ohkawara Kakohki fueron víctimas de una sobrerreacción de seguridad nacional. La paranoia por posibles usos duales de tecnología industrial llevó al arresto de personas que simplemente hacían su trabajo. Aunque la acusación sostenía que la máquina podía generar agentes biológicos, nunca se pudo demostrar que esa fuera su intención o funcionalidad.

¿Hasta qué punto debe un Estado intervenir en actividades privadas en nombre de la seguridad? ¿Dónde está la línea entre vigilancia justificada y abuso de poder judicial?

¿Qué sigue para el sistema judicial japonés?

Si bien se han emitido disculpas y compensaciones, la percepción pública es que estos actos son simbólicos, casi rituales, y poco han cambiado en la raíz estructural del sistema.

Japón necesita revisar su enfoque en materia de justicia:

• Reducción de la detención preventiva prolongada mediante reformas legislativas.
• Fortalecimiento del derecho a la salud y la dignidad del detenido.
• Promoción de la rendición de cuentas de los fiscales y cuerpos policiales que cometen errores.
• Implementación de revisiones independientes para casos de detenciones dudosas.

En otras palabras, pasar de las disculpas simbólicas a cambios estructurales reales.

Testimonio de un país que calla demasiado

Japón es una nación que valora el orden, el respeto y la disciplina. Estos valores, sin embargo, no deben convertirse en excusas para excusar abusos judiciales ni guardar silencio ante las injusticias. Un país completamente desarrollado debe aspirar no solo a la eficiencia sino a la justicia con humanidad.

El legado de Shizuo Aishima no debe quedar como una nota al pie. El país del sol naciente está en deuda con él —y con todos aquellos que han sufrido por un sistema que necesita urgentemente autocrítica profunda, valor para cambiar y memoria para no repetir.