Haití, al borde del colapso: La apuesta por una Fuerza de Supresión de Pandillas y la urgencia de una respuesta global

Una nación sitiada por el caos

Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, enfrenta una crisis sin precedentes. El poder del Estado se ha desvanecido, la violencia de las pandillas ha escapado de la capital y se ha propagado sin control por el interior del país, provocando desplazamientos masivos, colapso institucional y un sufrimiento humano de proporciones alarmantes.

Ante este contexto desolador, Estados Unidos ha anunciado su intención de solicitar a las Naciones Unidas la autorización para crear una nueva “Fuerza de Supresión de Pandillas”, una intervención internacional destinada a contener la violencia y restituir la seguridad en Haití. Esta propuesta llega en momentos críticos, cuando los esfuerzos internacionales actuales parecen insuficientes y la situación en el país caribeño se deteriora día a día.

La apuesta fallida de la fuerza liderada por Kenia

A pesar de los esfuerzos liderados por Kenia con su Multinational Security Support Mission (MSS), que lleva desplegada más de un año, la violencia no ha cesado. De hecho, según funcionarios diplomáticos, el despliegue, que inicialmente preveía 2.500 efectivos, ha alcanzado apenas los 1.000 hasta la fecha, una cifra ampliamente inferior a la necesaria para enfrentar a pandillas bien armadas, organizadas y sin escrúpulos.

La diplomática estadounidense Dorothy Shea reconoció el valor de Kenia y otros países como Bahamas, Jamaica, Guatemala, Belice y El Salvador, pero también hizo un claro llamado a ampliar y “transformar” esa misión. El plan implica no solo renombrarla como Fuerza de Supresión de Pandillas, sino también acompañarla con una Oficina de Apoyo Logístico de la ONU que proveería insumos clave: transporte aéreo y terrestre, combustible, drones y apoyo administrativo —todo sin carácter letal, por ahora.

¿De qué hablamos cuando hablamos de pandillas?

El poder real en Haití ha caído, en gran parte, en manos de estructuras criminales como la alianza G-Pèp o el G-9 dirigida por Jimmy Chérizier (alias “Barbecue”). Estas bandas controlan barrios enteros de Puerto Príncipe, han extendido su territorio en el interior del país, y actúan con impunidad. El asesinato, la extorsión, el secuestro, el robo y la mutilación son tácticas comunes para sembrar el miedo y someter a la población.

Según la ONU, más de 1,3 millones de haitianos —la mitad niños— han tenido que abandonar sus hogares, y se estima que al menos 6 millones necesitan asistencia humanitaria urgente. Aun así, el llamamiento internacional de la ONU para ayudar a 3,9 millones de personas ha recibido menos del 10% de los fondos solicitados, convirtiéndose en la campaña humanitaria más ignorada a nivel global.

Una fuerza internacional, ¿la solución o más problemas?

El secretario general de la ONU, António Guterres, fue enfático: “Se trata de una emergencia de vida o muerte”. En su intervención ante el Consejo de Seguridad, instó a los países miembros a “actuar sin demora” para autorizar una fuerza internacional que cuente con apoyo operacional, logístico y financiación asegurada. De lo contrario, abiertamente advirtió que Haití podría deslizarse hacia un colapso irreversible.

Pero la creación de una nueva fuerza no está exenta de polémica. La historia haitiana está marcada por intervenciones extranjeras poco eficientes o empañadas por escándalos. Basta recordar el ejemplo de la MINUSTAH (2004-2017), implicada en violaciones de derechos humanos y responsable del brote de cólera que cobró más de 10.000 vidas en el país.

Estados Unidos, Panamá y un bloque estratégico

EE.UU. y Panamá serán los encargados de circular el borrador de la resolución para la nueva fuerza. Además, junto con otros cinco países —Canadá, El Salvador, Bahamas, Guatemala, Jamaica y Kenia— conforman el grupo estratégico que asumirá la responsabilidad de dotar de dirección política y estratégica a la misión. Este grupo, conocido preliminarmente como Standing Group of Partners, funcionará como brazo gestor ante las dificultades logísticas y de financiación.

Se desconoce por el momento si Estados Unidos aportará directamente efectivos militares o policiales. De hecho, ese punto marca una línea crítica en la evaluación política del Congreso estadounidense, donde ciertos sectores se oponen rotundamente a una intervención directa.

El dilema ético y humanitario de la intervención

Pocas situaciones representan un desafío ético tan evidente como Haití. Por un lado, está claro que el pueblo haitiano necesita ayuda de manera urgente. Por otro, muchas comunidades sienten recelo por los actores externos, especialmente Estados Unidos y Francia, que han tenido un rol histórico —y frecuentemente tóxico— en la inestabilidad estructural del país.

El célebre historiador haitiano Michel-Rolph Trouillot describió hace décadas este patrón como “presencia intermitente y ayuda envenenada”, donde ninguna solución ofrecida desde afuera parece diseñada para el beneficio real de Haití.

¿Hay una salida sostenible?

Analistas y expertos en relaciones internacionales coinciden en varios puntos clave para que cualquier intervención tenga éxito:

• Un mandato claro y temporal. No se puede repetir la experiencia de fuerzas que permanecen años sin dirección.
• Participación haitiana. Las comunidades deben ser parte del proceso para asegurar gobernanza, legitimidad y transparencia.
• Presencia civil y laboral. Las ONG, la sociedad civil y las instituciones educativas deben reconstruirse de inmediato.
• Inversión en resiliencia. Programas agrarios, justicia restaurativa, seguridad alimentaria y oportunidades laborales sostenibles.

¿Lo escuchará el mundo?

Haití está ante una encrucijada decisiva. Sin una acción internacional valerosa, bien estructurada y comprometida, la violencia se ampliará, las cifras humanitarias escalarán y el país podría convertirse en un Estado fallido en el corazón del Caribe, con repercusiones que alcanzarán a todo el continente.

Guterres lo resumió mejor que nadie: “El sufrimiento haitiano no puede seguir ignorado”. La pregunta ya no es si el mundo debería actuar, sino cuánto tiempo puede permitirse no hacerlo.